El Gobierno en la sombra, es también llamado “criptocracia” o Gobierno secreto invisible. Consiste en un verdadero poder político efectivo, ejercido por personas diferentes, a las nombrados por los ciudadanos, con gran influencia y autoridad, dentro de ciertos estamentos gubernamentales, que ejercen poder entre bastidores, es decir, más allá del control de las instituciones democráticas.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El acto de Nayib Bukele, de aparentar salir de la presidencia, ha sido suceso visible del Gobierno en la sombra, pues su última transmisión, con su consejo de Ministros, para ellos fue, una amenaza, por la cual, su vigilancia y la del Fiscal General, asegurarían su autoridad. Luego el nombramiento como “presidente interino”, con poderes limitados, a su Secretaria Privada, confirma el Gobierno en la sombra.
Este Gobierno en la sombra, permite eliminar a aliados, que colaboraron a su triunfo electoral. Guillermo Gallegos, quien le facilitó, correr como candidato presidencial de GANA, ahora es amenazado con ser investigado y preso. Un acto que no se podría, de manera formal, atribuir a Nayib Bukele, sino a la “institucionalidad”, que busca combatir la corrupción.
El anuncio de la Fiscalía, de judicializar 255 casos de crímenes de lesa humanidad, del pasado conflicto armado, es para ejercer presión sobre los oficiales en situación de retiro, que señalan las desviaciones del actual Alto Mando, en cuanto a su lealtad a Bukele y no, a la Constitución.
En investigaciones publicadas en años anteriores, la Fiscalía, fue señalada por su relación con el crimen organizado, según lo afirma el ex agente de la DEA, Danny Dalton, en acciones que favorecían la impunidad del Cartel de Taxis y su relación con Gustavo Villatoro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública. La acción directa del encubrimiento, se le atribuye, en dicha investigación, a Rodolfo Delgado, que, en aquel momento, era auxiliar fiscal. Hoy, es el Fiscal General de la República, a quien Nayib Bukele, encargó, el comportamiento del gabinete, mientras Bukele ejercerá la función de supervisor ministerial.
Al cumplirse un año del régimen de excepción, el Ministro Villatoro, expreso en una entrevista: “el régimen de excepción debe continuar”, sin especificar razones o su tiempo máximo. Por ahora, se debe de presumir, que el régimen de excepción durara todo el período eleccionario y, que continuará, mientras dure el presente régimen.
Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien actúa en calidad de “presidente interina”, cargo que no existe en la legislación salvadoreña, no posee connotación política, sino la concedida por la voluntad de Nayib Bukele.
Su nombramiento, en contravención a la Constitución, solo augura que será quien asumirá la responsabilidad directa de los acontecimientos futuros, pero sin responsabilidad jurídica (directa) con Nayib Bukele, o sea la prisión contra antiguos aliados de Bukele o la represión, por desórdenes públicos, por actos de protesta.
Un diputado de Nuevas Ideas, en el foro legislativo, dijo que, si el “pueblo lo aprobaba”, era legal, así que aplica la teoría de la legitimación, ante el rompimiento constitucional, pero no se aclaró, si era la voluntad de los “diputados”, como representantes del pueblo o, que el pueblo, no expresaba su voluntad de inconformidad. En este sentido, hay que aclarar que el ciudadano, no puede expresar su voluntad, pues sus derechos han sido suspendidos por el régimen de excepción, el: libre tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación y la libertad de definir su domicilio. Claramente, la voluntad popular, es imposible de conocer en tales condiciones y la del diputado, no es válida, si está fuera de su mandato.
El Gobierno en la sombra, lo constituyen el crimen organizado y los círculos de poder económico, en derredor de la familia Bukele.