¿Ha notado que recientemente los noticieros se hacen eco de un creciente número de casos de delitos cometidos en la escuela pública?
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
En todos los casos referidos existe un factor común: giran en torno a las direcciones recientemente nombradas por el MINED.
Hace año y medio el MINED hizo públicos los resultados de arqueos practicados a los diferentes centros escolares del país, alegando que en su totalidad existió un manejo indebido de los recursos públicos.
Pongamos un ejemplo.
El centro escolar General Manuel Belgrano, hasta 2022 mantuvo en el cargo al mismo director durante 9 años, y su gestión si bien no fue perfecta, no tuvo jamás señalamientos graves a su desempeño.
Hacia finales de 2022 se realizó el arqueo de los fondos arriba referimos, y se descubrió que se destinó un porcentaje no revelado a pago de salarios del personal contratado.
Hay que acotar en este punto que todos sabemos, pues es un hecho establecido públicamente, que el MINED no han transferido a las escuelas públicas desde hace tres años, los bonos establecidos por ley para atender sus necesidades, entre ellos el pago de salarios, por lo que, si bien su destino ya está definido, es también de conocimiento público que es posible bajo circunstancias extremas el reorientarlos, lo que efectivamente se hizo en el caso referido.
Es decir; el director en cuestión tomó a bien reorientar a pago de salarios los recursos financieros que tenía en aquel momento, no sólo por razones de justicia y humanidad, también previniendo los procesos legales en su contra, como también y en primer lugar contra el MINED, por denegar los recursos financieros en cuestión.
Con esa excusa el referido director fue removido de la dirección, y colocada en su lugar otra persona, que en solo un año acabó con el prestigio de la escuela en cuestión, cometió injusticias y desmanes, actúo arbitraria y despóticamente, se negó a dar cuentas sobre cómo ha usado los recursos financieros del centro escolar, en suma, tuvo el peor desempeño imaginable.
Su caso no es aislado, es virtualmente el mismo repetido en la totalidad de escuelas intervenidas.
La razón de su pobre actuar se corresponde con el crudo hecho de que no están calificados para ejercer como directores, pues sus credenciales son las de ser agentes partidarios del oficialismo que se distinguen por carecer de opinión propia, reduciéndose a replicar el actuar del gobierno central.
Esto por supuesto no es casual, se corresponde con el interés de, en una probable 2ª gestión del régimen, privatizar a la escuela pública so excusa de corregir de una vez por todas su inoperancia histórica, cuando en realidad la educación pública no se ha privilegiado jamás.
Tampoco si se privatiza, pues el ánimo final es que los hijos de obreros y campesinos sigan siendo desheredados, negándoles la movilidad social y cerrando los espacios a la meritocracia.
Profundizando las desigualdades sociales a través de la institucionalización de la inequidad que adelanta el régimen.
*Educador salvadoreño
