Las personas trabajadoras organizadas son la fuerza de trabajo por un proyecto, un programa y un plan, y con oportunidad estarían liderando la transición para alcanzar el bienestar económico y socio político de la sociedad.
Debe quedar claro que sufrimos vaivenes por una economía de poco favorecimiento para las mayorías; que incrementan el empobrecimiento de los sectores marginados y desplazados; además se incluyen toda la informalidad existente denominada sub ocupación, sectores que no tienen protección social por parte del Estado, ni son sujetos de derechos, y los incorporados a la formalidad, quienes representan la población económicamente activa-pea-que constituyen el 46.3% de la población total, en una proporción de 41% mujeres y 59% hombres.
Si nos ubicamos en la población ocupada, que tienen algunos ingresos, se reduce al 43.4% de la población total—tomando en cuenta que hay una alta intersectorialidad a diferenciar: trabajadores por cuenta propia; servicio doméstico; trabajo en domicilio; teletrabajo, agropecuario y asalariados (públicos y privados). En consecuencia, las estadísticas dejan claramente una alta informalidad económica de todo tipo; sesgos de género que se representan en la informalidad y en los asalariados, entre otros.
El planteamiento es que el empobrecimiento sigue penetrando los hogares; y las políticas públicas están enfocadas en una supuesta gradualidad que no logran integrar un proceso de desarrollo claro en materia económica y social; y eso sólo significa falta de empleos decentes con estabilidad y formación de nuevos empleos, con salarios mejorados periódicamente y, derechos laborales progresivos; lo que debe implicar marcos jurídicos laborales con aplicación del derecho positivo—no obstante se dispone en el tintero de una reforma laboral, que en mucho quita lo poco positivo, introduce mayores ataduras a la persona trabajadora y nuevas facilitaciones al sector empleador; y sobre todo desintegrado de otros supuestos procesos con preponderancia en otros ministerios y acciones que no desarrollan el marco laboral.
Sabemos que las dificultades en la infraestructura como base de la economía son inmensas, pero bloquear artera y veladamente la organización sindical no contribuye en nada, hay que mejorar las instancias y espacios de política económica con diálogo social, agenda clara y mecanismos suficientes de información, datos y transparencia; no se trata de desplazar y/o eliminar al sector laboral de forma discriminativa a partir de limitadas capacidades y formación de conocimientos.
En consecuencia, apelamos al mecanismo de la transición justa ¿qué es esto? El objetivo de una transición justa es proporcionar un futuro esperanzador y optimista para todas las personas trabajadoras, especialmente en industrias que pueden verse impactadas por los esfuerzos para limitar los gases de efecto invernadero o por la introducción de nuevas tecnologías. No obstante, seguimos anquilosados en maquila rudimentaria con altos efectos nocivos en el medio ambiente; la producción de azúcar y un deterioro continuado de lo agropecuario. Se potencia el turismo, el comercio y servicios que son procesos con poco o nada de valor agregado.
Seguimos despojados o debilitados la gran mayoría de personas trabajadoras de educación profesional formada en conocimientos, en lo técnico, idónea y acorde a lo que se necesita para producir en cantidad y calidad. Los cambios en las fusiones de instituciones públicas, movimientos de reforma legal poco claros, anulación de municipios sin respuesta efectiva de los locales que necesitan de los diferentes servicios municipales; y otros cambios, no son garantía de mejoramientos sustanciales de los servicios públicos—se han presentado suficientes despidos injustificados y sin el debido proceso jurídico—conociendo de la precariedad y falta de autonomía e independencia del sistema jurídico nacional, para denotar que se hacen cambios en el gobierno para una supuesta mejora estructural del aparato del Estado.
El otro elemento a tomar en cuenta es el cambio climático: una grave amenaza para el bienestar de todos y su principal causa es la actividad humana. Científicos y expertos sobre el cambio climático han emitido severa advertencia: el mundo tiene aproximadamente una ventana de 12 años para actuar si deseamos mantener el calentamiento global promedio en menos de 1,5 C por encima de los valores preindustriales y evitar una catástrofe ambiental.
Una transición justa debe ofrecer un futuro en el que las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades y culturas de las que son parte puedan creer, a lo que puedan aspirar, apoyar y comprometerse a lograr. Debemos luchar concertadamente entre los propios y ajenos por un buen futuro.
El sector privado desempeña un papel en la construcción de un puente de transición justa hacia un futuro sostenible. En particular con las grandes corporaciones multinacionales, los principios de las políticas industriales sostenibles y una transición justa deberían incorporarse en la negociación colectiva; no obstante, hay deterioro de los derechos a contratación colectiva, de las libertades sindicales lo que hace surgir procesos discriminatorios, de nula concertación e impositivos. Actuar mejorando estos elementos responsablemente es un buen negocio a corto, mediano y largo plazo.
Pero, no hay claras políticas industriales sostenibles y la transición justa tiene que ver principalmente con políticas públicas de interés público. Rechazamos una visión exclusivamente del sector privado de una supuesta transición justa; la economía de casino1 ha creado en gran medida los problemas de hoy y no tiene respuestas a estas preguntas. No vamos a comprar nuestro camino hacia la sostenibilidad. Se perdió la vieja noción de una economía productiva como base de la riqueza económica, constituida por actividades industriales o de servicios que creaban valor, con un sector financiero necesario para asegurar los flujos de dinero y los sistemas de pago pero que no añadía valor.
En todo momento, todo apoyo a políticas públicas debe garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo según lo definido por la Declaración de la OIT de 1998. Deben protegerse los derechos de los sindicalistas y los sindicatos deben exigir estabilidad institucional, protección para el sindicato como institución, a través del período de transición, por lo que nuestras exigencias son completamente razonables, técnicamente posibles y asequibles.
Por tanto, es nuestro interés que el proyecto, el programa(s) y el plan(es) deben responder a:
a) La transición a una economía limpia más sostenible debe ser económica y socialmente justa y equitativa para las personas trabajadoras y sus comunidades.
b) Las tecnologías avanzadas, o la energía sostenible, o las industrias más ecológicas, deben beneficiar a todos y no solamente a grupos de capital corporativo, y ello no debería haber dudas de que es necesario compartir mejor los costos y beneficios del cambio.
c) La lucha por una transición justa apoya, y es apoyada por, exigencias de larga data de los sindicatos de programas de protección social fuertes (cuidado de la salud, seguridad de los ingresos, servicios sociales, educación, derechos laborales progresivos y otros).
d) Libertades sindicales plenas en toda la intersectorialidad laboral existente.
1- Desde los años noventa en los que se impuso la desregulación del sector financiero, este dejó de ser un instrumento al servicio de la economía para convertirse él mismo en un sector económico. Y no una actividad cualquiera, sino en la más importante y trascendente. Ligado a esto, el dinero dejó de ser un depositario de valor para convertirse en una mercancía con la que poder especular, mientras cualquier operación de crédito no hacía sino crearlo en abundancia.
UNIDAD, PROGRESO Y LUCHA
DICIEMBRE 2023
