Una condición sine qua non para denominar democrático a un estado es la celebración periódica de elecciones.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
En el caso particular de nuestro país, las elecciones deben caracterizarse de acuerdo a nuestra ley por no ser producto de ninguna coacción, manipulación o presión, así como libres, directas y secretas, además de verificables [Art.258 Cn.].
También el papel de los partidos políticos partícipes, como el de sus financistas, como el del estado están debidamente regulados desde el Código Electoral, que establece el papel a cumplir por cada uno, sus alcances y límites de manera clara.
Ese es en reglas generales el marco legal que sustenta a nuestro sistema electoral.
Ahora debemos considerar la realidad generada en los últimos 3 años.
Desde el autogolpe emprendido por el ejecutivo contra el poder judicial se rompió el marco legal, quebrándose por extensión el estado de derecho, por lo que no vivimos en un estado democrático sino bajo un régimen ilegal.
A partir de ello, para legitimarse éste necesita del concurso de las fuerzas democráticas que lo respalden a través de un proceso electoral formalmente democrático, por lo que su participación supone además de la autentificación electoral del soberano, su validación política.
Esto sin embargo no se corresponderá con el marco legal, pues incluso si el régimen es respaldado electoralmente por la mayoría de la población, no supera la ilegalidad en la que se encuentra.
Ahora consideremos el desmedido engrasado que del aparato estatal ha procurado el régimen en todos sus niveles, imponiendo a sus cuadros partidarios para ideologizar su ejercicio, anquilosándolo, volviéndolo ineficiente, para así en este segundo gobierno aumentar sustentado por ese respaldo, el IVA, profundizar las privatizaciones ya adelantadas, reintroducir las mineras, y justificar la privatización de educación, salud y el agua.
Así las cosas, con todo a favor del régimen, el absoluto irrespeto por las instituciones democráticas y la autocracia que se ha implementado, debemos orillarnos a comprender que el proceso en sí mismo es apenas un formalismo.
Un formalismo, porque al haberse cooptado la institucionalidad en pleno, no existe ninguna garantía para la transparencia del ejercicio electoral, pero en cambio sí existen las condiciones para adelantar un fraude comparable a los cometidos por el régimen militar que también nos mal gobernó durante aquellas 2 terceras partes de la centuria pasada.
La cruda evidencia de ello lo constituye además la ceguera del árbitro de la contienda, el TSE, que no mira las irregularidades que el oficialismo comete, cuando por ejemplo mantuvo desde hace tres años una campaña electoral permanente, utiliza los recursos estatales del modo más descarnado en su propaganda, inaugura obras estando ello prohibido, persigue a la oposición, en suma, cargó los dados a su favor desde el principio.
Entonces, incluso en el remoto escenario en el que alguno de los contendientes del oficialismo ganara, simplemente se le desconocerá pues el fraude está servido.
Lo cierto compatriotas es que nuestro germen de democracia feneció, por la desidia de la mayoría, y el costo de abandonarla será muy caro.
*Educador salvadoreño.
