El movimiento sindical salvadoreño actualmente se ve presionado por el alto grado de divisionismo interno y externo que hace más fácil la presión gubernamental, para su sometimiento y anulación de su accionar en pro de la justicia social, laboral y económica.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
El movimiento sindical ha perdido su visión política de ser agentes procuradores de justicia para quienes se ven diariamente violentados en sus diferentes derechos humanos.
Los sectores empresariales han impuesto un supuesto contexto de que pasan por dificultades de desarrollo económico, y se expresa en una alta inestabilidad del empleo y desmejoramientos sustanciales en el proceso productivo, que siguen siendo en pro de los intereses empresariales—la ganancia—y no en un marco de desarrollo del trabajo y del empleo; y por tanto de la economía del país.
Las personas trabajadoras se nutren de condiciones hoy de flexibilización de sus derechos laborales y, una casi total desregulación en el marco de las leyes y su efectiva defensa ciudadana, ante problemas graves en la aplicación y cumplimiento jurisdiccional y en sede administrativa, a cargo de la cartera de trabajo y del Órgano Judicial; la injusticia prevalece en todos los órdenes socio-económicos y políticos, por la inoperancia y factor doloso gubernamental, y la ausencia de sostenibilidad de un marco jurídico en equidad y desarrollo democrático.
El gobierno no ha ejercido una labor de equidad y respeto cabal de los derechos de ciudadanía que involucran el contexto jurídico imperante, la legislación ha dejado de ser un pilar en la defensa de los derechos humanos y hay debilidad para generar políticas públicas acordes al problema socio-económico y político que vivencia el país. Todo ello a ciencia y paciencia de quienes en la sociedad se ven desprotegidos, marginados y excluidos a diario de sus derechos más elementales, lo que hace una vivencia personal y familiar con muchas dificultades económicas y sociales e impone una situación desventajosa para sus intereses.
Las empresas sostienen que hay un alto costo de producción que ha elevado los precios de las materias primas, que ha reducido sustancialmente el nivel de negocios, y que los mercados siguen en crisis por los términos inflacionarios en los precios y, las medidas administrativas y laborales son las de despedir, reducir prestaciones y condiciones de trabajo favorables y presupuestos de ejecución entre otras medidas negativas que afectan los intereses de las personas trabajadoras. Ello ha hecho que los niveles de sindicación se reduzcan y las empresas ejercen las acciones antisindicales, sabiendo que la demanda administrativa y jurisdiccional no progresará.
Los procesos laborales que permitirían que se equilibrasen las relaciones laborales, no ha sido posible en el actual período y, con el continuismo gubernamental parece que esa realidad no va cambiar nada y pueden irse dando mayores deterioros hacia la organización sindical.
El gobierno no ha ejercido una acción hacia los sectores empresariales para que contribuyan más a paliar las condiciones de una economía de subsistencia. El agro continúa deteriorado a un nivel de mayor empeoramiento como lo dejó arena, que decidió ya no producirlo y trabajarlo para la obtención de generar la soberanía alimentaria tan necesaria en una población con hambre y sin poder adquisitivo para satisfacer sus niveles nutricionales. Las industrias, son de poco desarrollo, obsolescencia en su forma de producir y los activos y maquinarias—inyecciones de bienes de capital propio y/o transnacional que no ayudan a producir en suficiencia para el sostenimiento poblacional.
Las medidas del aparato de gobierno, han servido para deteriorar las instituciones públicas, y han sido de mayor consecuencia negativa para el mejoramiento de la población, en cuanto a servicios públicos de calidad y suficientes. Las libertades sindicales—negociación colectiva y organización—en el sector público y privado han sido de una anulación paulatina, en una total ausencia de justicia laboral ante las violaciones e incumplimiento de la legislación laboral.
Lo más sintomático es que la organización sindical y su accionar sindical en la propia cartera ministerial y en los juzgados, ha sido bloqueada y cooptado los intereses autónomos e independientes. Y apoyado el sindicalismo venal y corrupto, que ha caído en prebendas y dádivas para detener la protesta y acción de denuncia; la falta de probidad e imparcialidad de algunos funcionarios (as), y dirigentes sindicales hace daño a la imagen y defensa laboral, creando atmósferas de desconfianza y falta de credibilidad en pro de los derechos laborales.
Es por ello que un continuismo que no ofrece perspectivas de cambio—y que el proceso electoral ha confirmado—hace fuerza para poner las barbas en remojo y, pensar con seriedad y responsabilidad mayor hacia donde debe ir el movimiento sindical en el actual contexto.
*Sindicalista salvadoreño
