Un gobierno usurpador está naciendo, perseguido por el fantasma del fraude, la corrupción y la mentira. Se ha gestado en un largo periodo de aplastamiento de las instituciones democráticas, militarización, ocultamiento y disfraz del robo que lleva a la quiebra de la economía, cuyas consecuencias recaen en las mayorías populares y desprotegidas. No se trata de un problema local. Aunque este cáncer con rasgos dictatoriales y neofascistas ataque con fuerza El Salvador, amenaza expandirse a diferentes países de la región
Un gobierno infame pero débil
Cuando un personaje o un partido se hace con el triunfo electoral a fuerza de trampas, fraudes inusitados y abusos de fuerza y autoridad, el gobierno resultante es, necesariamente, un gobierno débil, que se demuestra incapaz de obtener el respaldo que se adjudica si se sometiera a métodos transparentes ante la ciudadanía y el mundo. Solo la fuerza, la corrupción y la mentira lo sostendrá en el poder.
Se ha consumado en El Salvador la tragicomedia electoral montada por un régimen autoritario y autocrático para legitimar un gobierno infame. No por casualidad se pasaron cinco años negando las luchas populares, el conflicto armado, los acuerdos de paz. Buscaban llegar a lo que acaban de consumar, retrotraer la historia salvadoreña a tiempos pre-democráticos.
El macro-fraude superó, por su magnitud como por sus formas descaradas y la sensación de impunidad que se aprecia en sus perpetradores, casi todos los niveles conocidos en la historia reciente de un país famoso por fraudes escandalosos.
El próximo gobierno de El Salvador, que asumirá el 1 de junio, nace con una fatal falla de origen, que lo convierte en usurpador del poder constitucional, al haber violado alevosamente la Carta Magna.
Esta falla de origen invalida legalmente todas las acciones que genere, aunque sus principales protagonistas, cómplices y secuaces estén convencidos de su eterna impunidad y actúen, en consecuencia, con la arrogancia que los caracteriza. Se trata de una profunda debilidad, que jamás el usurpador reconocerá.
Pero no hay debilidad mayor y más evidente que recurrir a todo tipo de trampas, a toda clase de matonería, a cambiar las reglas de juego para que solo actúen a su favor, comprar, chantajear y amenazar a los jueces electorales para que dejen en manos de barras bravas de su partido y de funcionarios corruptos del gobierno, el control de las mesas de votación y de escrutinio.
Como si todo eso no fuera suficiente secuestran urnas, rompen la cadena de custodia, rellenan urnas electorales, persiguen y amenazan a la prensa hasta arrinconarla a espacios residuales donde no pueda dar testimonio del robo descarado; del mismo modo impiden a los partidos participantes que tengan representación equivalente a la del oficialismo, mientras a este le permiten una abusiva sobre-representación. Son innumerables las denuncias realizadas, aunque el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía, actuando como apéndices del partido de gobierno, aleguen que nadie les hizo llegar denuncia alguna.
Pareciera que ni así los números de la Asamblea Legislativa alcanzaban para cumplir la orden presidencial dada ante los ojos del mundo la noche del 4 de febrero, cuando ni siquiera se había finalizado el recuento para presidenciales y se caía todo el sistema informático: obtener 58 escaños de 60 posibles, como mínimo.
Un servil TSE y una inservible fiscalía no lograban, sin embargo, que el reducido grupo de vigilantes y observadores de partidos de oposición se abstuviera de confrontar y denunciar las evidencias del robo descarado en la clasificación y conteo de votos; de modo que recurrieron a las amenazas de cárcel a quien proteste o registre en fotos los abusos y arbitrariedades en las decisiones, para lo cual el régimen de excepción viene muy a cuenta. Para ejecutar esas medidas represivas ingresaron fuerzas policiales antimotines.
Esfuerzo inútil. Podemos decir que la resistencia a este gobierno ilegítimo ha comenzado el mismo día de las elecciones y se fortalece con el ejemplo de quienes no callan ante el abuso del escrutinio. Seguramente esa resistencia va a durar hasta que los usurpadores dejen el poder y sean juzgados por sus crímenes contra la Constitución y contra el pueblo.
Nuevas batallas, nuevos desafíos
Ganó el fraude diseñado para asegurar un dominio absoluto del partido de gobierno. Con seis escasos escaños que no lograron adjudicarse, todos de derecha, pretendieron insultar la inteligencia aparentando “Pluralidad”, como titulaba el panfleto oficialista Diario El Salvador.
El nuevo sistema de asignación de escaños junto a la alteración del número de diputaciones, y el fraude en el escrutinio, aseguró que se llegue a la paradoja que la fuerza política que obtuvo el mayor número de votos en las presidenciales después del oficialismo y que, incluso en votos totales para el legislativo supera a más de un partido que logró una curul, ni siquiera obtenga un escaño en ese parlamento espurio.
Superadas las batallas del escrutinio quedan las próximas elecciones municipales; oportunidad para las fuerzas de izquierda para desarrollar y fortalecer su trabajo territorial, profundamente relacionado con el sentir de la gente; su expresión combativa no debería medirse tanto en el apoyo electoral como en la capacidad organizativa de crecientes contingentes llamados a convocar a la unidad popular en la lucha antidictatorial.
Como sucedió en la primera fase de las elecciones, el eje será establecer las bases para la lucha que se abre con la instauración oficial de una dictadura, no solo abusiva sino crecientemente violenta, como lo muestran las cifras de muertos en las cárceles del régimen y el sonado caso del asesinato, bajo custodia del Estado, de un antiguo aliado del jefe del Ejecutivo, Alejandro Muyshondt, ex asesor presidencial de seguridad, quien conocía a profundidad los oscuros aparatos de inteligencia del régimen y los secretos de muchos funcionarios al máximo nivel de poder. Encarcelado por orden presidencial, torturado salvajemente, su cadáver fue entregado a su madre con signos evidentes de haber sido vapuleado hasta la muerte, según declaró la abogada de la familia.
Silencios cómplices
En estas elecciones quedaron evidenciadas las ilegalidades cometidas para imponer la tesis de un partido único avalado por el sufragio universal. Aunque la maniobra fue burda, sirvió a un propósito central, intentar cuidar la imagen de la dictadura encubriéndola de apariencias democráticas.
Dicho encubrimiento requiere de cómplices, no solo de propagandistas que griten las mentiras como si fueran verdades, sino de actores que mantengan silencios elocuentes con alto grado de complicidad.
En primer lugar, el silencio imperial, que pasó de criticar y cuestionar la inconstitucionalidad de la reelección presidencial cuando parecía que el régimen se mostraba díscolo y contestatario a los dictámenes de Washington, a saludar el triunfo del usurpador la misma noche del 4 de febrero, sin que se hubiesen emitidos resultados oficiales de la autoridad electoral. Ya no se volvieron a mencionar cuestiones “menores” como la violación de DDHH, las irregularidades escandalosas de todo el proceso, las desventajosas condiciones en que la oposición tuvo que competir. Nada de ello hizo que Washington sintiera necesidad alguna de cuestionar si las elecciones habían sido justas, libres y democráticas.
El otro silencio abrumador fue el de la oligarquía. Hasta no hace mucho, el partido que representaba al mundo empresarial, con lazos directos con los grandes capitales multinacionales, y a la tradicional oligarquía salvadoreña, era ARENA.
En la medida que Nuevas Ideas en el gobierno garantizó a esos mismos sectores, lucrativos negocios, condiciones favorables para la explotación laboral a partir de un ministerio de Trabajo inoperante para todo lo que no sea favorecer al presidente y sus amigos, y que la especulación financiera abrió puertas a ganancias descomunales de la banca y las administradoras de fondos de pensiones, esos sectores reconocieron en el partido de gobierno el genuino representante y defensor de sus intereses, que vienen a sumarse a los de la burguesía emergente, que representa desde el inicio el clan familiar y su círculo de empresarios amigos, aspirantes a constituir la nueva oligarquía, o incorporarse en condiciones de control hegemónico a la tradicional oligarquía local.
A esa nueva configuración política responde el silencio cómplice de la ANEP y los llamados a dialogar con el nuevo gobierno de parte de las diversas gremiales empresariales. Tampoco para estos grupos, para esta clase bien representada por el régimen usurpador, existen elementos para la crítica; ya no les preocupa el endeudamiento, el déficit fiscal, ni siquiera la inflación si esta puede ser trasladada al consumidor y las remesas aseguran el mercado de consumo local.
Para cerrar cualquier debate en torno al alineamiento político, económico e ideológico del gobierno de El Salvador, el propio presidente autoproclamado lo confirmó al anunciar su participación en el próximo encuentro de las fuerzas extremistas de la derecha de todo el continente.
La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tendrá lugar en Washington del 22 al 24 de febrero, contará con la participación estelar de tres personajes, Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.
La participación del presidente de El Salvador pone en cuestión otro elemento de alcance continental. El “efecto Bukele” en materia de seguridad, consistente en llevar la seguridad ciudadana a niveles de guerra, colocando el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, y el derecho de defensa en juicio como irrelevantes, las cárceles como sitios de castigo, tortura y muerte, acercando peligrosamente el sentido de justicia del Estado al arcaico concepto de venganza.
Esa forma primitiva de seguridad ha sido un elemento de atracción para las derechas, especialmente las más extremistas del continente. Aparece crecientemente como modelo a emular, si no directamente a imitar, en propuestas de gobierno en países donde las tasas de criminalidad, homicidios, narcotráfico, extorsiones y secuestros, agobia a amplios sectores, particularmente a clases medias, siempre proclives a abrazar propuestas radicales para resolver problemas de los que se sienten víctimas principales.
A caballo de esos sectores, y liderados por personajes esperpénticos como los tres mencionados, los ecos de estas propuestas golpean con fuerza en Ecuador, Chile, Honduras y muchos otros rincones de Nuestra América. El cáncer del autoritarismo se extiende, la creciente tendencia a convertir las soluciones en cuestiones policiales o militares es abrazada por quienes votan -o corren el peligro de votar- por sus auténticos verdugos.
Lo hacen además con entusiasmo, y por eso, ante la extensión y “éxito” aparente de un modelo que no es más que un retroceso a los tiempos donde los problemas delincuenciales se resolvían sin ningún tipo de control ciudadano sobre los organismos represivos, y la “mano dura” equivalía a eliminar al delincuente para exterminar el delito, las clases dominantes y el imperialismo encuentran una nueva veta para explotar los miedos e inseguridades de la sociedad, promoviendo regímenes que, en contrapartida, se pliegan a las políticas de dominación y despojo de una potencia imperial en declive evidente, que requiere con urgencia asegurar su “patio trasero” ante los desafíos contrahegemónicos mundiales.
Las elecciones de El Salvador, el triunfo del fraude, la trampa y la usurpación, no son un simple escenario local, es un peligro para nuestro continente. No verlo y, sobre todo, no luchar con todas nuestras fuerzas contra ello sería un crimen, porque condenaríamos a las futuras generaciones a vivir el drama permanente del autoritarismo, la represión, el engaño y la manipulación, que solo traen para nuestros pueblos mayor explotación, hambre, miseria, dependencia y despojo.
