Por Julia Evelyn Martínez*
El proceso electoral 2024 se ha realizado de acuerdo con los planificado por el régimen de la familia Bukele: han logrado una reelección presidencial inconstitucional y, de forma fraudulenta, conseguido obtener nuevamente la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Estos resultados les permitirán seguir controlando la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral.
Muchas personas de buena voluntad creen que la reelección de Nayib Bukele es necesaria para que en El Salvador se consolide la seguridad pública, y para comenzar a resolver los problemas económicos del país. En su ingenuidad, muchas de estas personas argumentan que, como Bukele pudo resolver el problema de las pandillas, podrá resolver el problema económico. Lastimosamente, el tiempo no está a favor de la ingenuidad ni de la inocencia.
El proyecto económico que ha comenzado a perfilarse desde el quinquenio anterior, y que avanzará sin tropiezos en los próximos años, se llama hiperneoliberalismo. Se trata de un modelo de capitalismo en el cual se abandonan los principios del estado de bienestar («donde hay una necesidad nace un derecho») y se sustituyen por los principios del anarcocapitalismo («donde hay una necesidad nace un negocio»).
El hiperneoliberalismo tiene semejanzas y diferencias con el neoliberalismo. En primer lugar, ambos persiguen el debilitamiento de lo público y de lo comunitario para fortalecer lo privado y lo individual. Asimismo, ninguno de los dos pretende eliminar al Estado, pero sí buscan tomar el control total del mismo, y desmontar la institucionalidad democrática para «secuestrarlo» y ponerlo al servicio de los intereses económicos, sociales y políticos del grupo gobernante.
Sin embargo, existe una diferencia entre estos paradigmas: el modelo hiperneoliberal se instaura a partir de la creación de «zonas de sacrificio», que consisten en franjas del territorio de un país en los cuales se despoja a familias y a comunidades de sus medios de vida (tierra para cultivar, mercados en donde vender, lugares en donde pescar…) y de sus bienes comunes (biodiversidad, fuentes de agua, bosques, paisajes, conocimientos, iconos culturales, etc.). Estas zonas de sacrificio son el resultado de la acción directa de las políticas públicas de gobiernos hiperneoliberales que las construyen como parte de sus planes de «reactivación económica» o de «transformación productiva». Los resultados de estas políticas son el empobrecimiento y sufrimiento de las comunidades. Esto va de la mano con el aumento de la tasa de ganancia de los capitales nacionales y extranjeros, que llegan a estos territorios atraídos por las exenciones fiscales y por la aprobación automática de permisos ambientales para la construcción en zonas protegidas y para la explotación de bienes naturales.
Si continúa el curso de su primer período, podemos esperar que, en los próximos meses, el Gobierno del clan Bukele anuncie un plan de reactivación económica basado en la creación de nuevas zonas de sacrificio. También implicará, seguramente, la ampliación de las zonas de sacrificio que comenzaron a crearse desde junio de 2019, tales como el Centro Histórico de San Salvador, la zona costera marina, la cordillera del Bálsamo, el puerto de Acajutla, el golfo de Fonseca y la zona libre de oriente, donde se tiene previsto construir un aeropuerto, un ferrocarril y la ciudad Bitcoin.
Este plan económico será, con toda probabilidad aplaudido por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por la Cámara de Empresas de la Construcción (CASALCO), por el Gobierno de Estados Unidos y por los grupos empresariales nacionales y estadounidenses que están invitados a este festín de ganancias (Grupo Poma, Grupo Agrisal, Grupo Callejas, Grupo Alba, AMCHAM, etc.). Pero ¿cuál será su resultado?
Resultará en una profundización de la crisis de sostenibilidad de la vida en el país, cuyos principales indicadores serán: una mayor crisis alimentaria, un mayor deterioro de los ecosistemas y de la tierra pertenecientes al Corredor Seco Centroamericano, una disminución en la disponibilidad de agua por habitante, un mayor porcentaje de la población dispuesta a emigrar, mayor precariedad laboral y, sobre todo, un aumento en las brechas de desigualdad entre clases sociales y entre hombres y mujeres. ¡Ah! pero eso sí: más luces LED, más entretenimiento para turistas e influencers de ocasión, y más soldados, tanques, armas y drones para reprimir a quienes no aplaudan el «desarrollo bukeliano».
*Julia Evelyn Martínezes economista feminista con un posgrado en Desarrollo Económico. Fue docente e investigadora universitaria por más de 25 años y actualmente es consultora en economía del cuidado y en economía política feminista para organizaciones nacionales y regionales.
(Fuente: https://www.alharaca.sv/)
