Lluvias torrenciales, picos históricos de calor… el calentamiento global avanza sin que en el país se tomen las medidas para lidiar con sus efectos. Los defensores del medioambiente no son bien vistos; quienes defienden el agua son ignorados.
El Gobierno se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú mientras protege proyectos urbanísticos con independencia de su impacto en el medioambiente. La comunidad del cantón El Matazano está en alerta porque la construcción de la nueva Escuela Militar en la zona la dejará sin acceso a su fuente de agua natural, y lo mismo sucede en El Zonte ante la amenaza de desalojos para la construcción de apartamentos de lujo.
En la práctica, la legislación vigente protege más la explotación del agua por parte de los proyectos de construcción inmobiliaria que las necesidades de la población pobre o vulnerable. Perseguir ambientalistas, como en Santa Marta, solamente agrava la situación. Si bien los reclamos de protección de Cerro Negro en Chalatenango han sido oídos, tras la autorización del Ministerio de Agricultura a una tala de árboles, lo positivo tiende a ser más excepción que regla.
Cada día se advierte con mayor claridad que, más allá del discurso oficial y los regalos populistas, en el país se avanza hacia una explotación despiadada de los recursos naturales en favor de sectores minoritarios. Y el panorama se ensombrece aún más por el hecho de que las abundantes aguas lluvias de cada invierno, que ya quisieran para sí muchas otras naciones, terminan en su mayoría desperdiciándose y generando graves riesgos de inundaciones o deslaves debido a la nula planificación urbana y la deforestación generalizada y cada vez más extendida. Las lluvias, que bien aprovechadas serían fuente de vida y desarrollo, causan erosión y desastre por la desidia de las autoridades, incapaces de pensar en infraestructuras de protección, canalización y uso.
San Salvador, ubicada en un valle que solo tiene como salida de las aguas el cauce del río Acelhuate, ya ha sufrido verdaderos desastres, y nada indica que haya interés por hacer obras coherentes con la situación. Las administraciones anteriores reaccionaron a los desastres con pequeñas obras, pero sin políticas de prevención claras.
El Gobierno actual sigue esa tradición. Todo hace prever que las luchas por el agua serán cada vez más intensas y dramáticas en todo el planeta; El Salvador no será la excepción. En su aislamiento y autocomplacencia, el Ejecutivo parece sentirse a salvo de los riesgos. El encanto de una escenificación política y una propaganda muy elaboradas hace creer en una especie de autonomía milagrosa, centrada en la capacidad del líder. La apuesta comercial inmediatista y de un liberalismo económico exacerbado no augura nada bueno para un país como el nuestro, con fragilidades y riesgos medioambientales tan acentuados. (Editorial UCA)
