Desde el decenio de los 30 del siglo 19, las familias pudientes comenzaron una campaña diseñada para establecer lo provechoso que sería apropiarse las tierras ejidales, que fueran desde los días en que la Reina Isabel de Castilla señoreaba estas tierras, entregadas en propiedad a perpetuidad de los pueblos originarios.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
El arreglo estuvo a punto durante las gestiones de don Santiago González (1871-1876) y Rafael Zaldívar (1876 -1886), cuando las condiciones favorecieron el establecimiento del parque cafetalero, con la Ley de Extinción de los Ejidos, bajo la cual, de la noche a la mañana, los campesinos fueron legalmente despojados de sus bienes.
Se adelantó además una segunda legislación diseñada para asegurar y controlar a esta masa desposeída: La ley en contra de la Vagancia, la cual fundió a la población originaria con la tierra que le fue robada en un solo canon, el recurso natural.
Para hacerlo efectivo se creó la figura del juez agrícola, como el Registro de la Propiedad, con la tarea de verificar que se favoreciera rápidamente a los hacendados, como que la población que fue despojada quedará atada a la nueva figura que emergió del proceso, la hacienda.
De esa suerte y por primera vez en 1881 el estado fue manipulado para entregar los haberes públicos a las élites financieras criollas, pauperizando en el proceso a la tierra, y desconociendo y suprimiendo el derecho de las mayorías (en favor de las élites, el 0,00002% de la población de acuerdo al BCIE).
Fue también el estado así responsable del empobrecimiento intencionado de las mayorías, como del establecimiento de la violencia social como respuesta de estas a la ausencia de institucionalidad.
De eso hace ya 150 años.
La justificación fue el que los campesinos sencillamente no podían por sus limitaciones económicas, impulsar una alta producción, que contemplara tanto la calidad como la cantidad que promoviera el desarrollo del país, lo que en cambio sí podían hacer las clases pudientes por medio de los recursos que les destinara el estado, sin arriesgar su riqueza y si el erario público, lo que derivó en un enriquecimiento exponencial de estas familias, las infames 14 grandes.
Después de sólo 50 años, ni el país se benefició de ese arreglo, ni la riqueza se repartió con equidad, estableciendo en cambio la semilla de la cíclica violencia que nos abate, y que tuvo su mayor expresión en el levantamiento de enero de 1932, con 35,000 campesinos asesinados.
Para asegurar la riqueza de aquellas familias privilegiadas.
Ahora se repite de nuevo el truco a favor de las élites financieras con un nuevo ciclo de despojo de la tierra, de los pequeños tenedores a favor de estas, para supuestamente gracias a los recursos a su disposición puedan desarrollar el territorio mediante proyectos turísticos.
Una nueva falacia, pues el propósito ulterior es que de nuevo la tierra y de modo gratuito pase a manos de las élites para su expolio.
Y de nuevo, como hace 150 años, cebándose despojando a otra generación de campesinos.
*Educador salvadoreño
