Llegó a su fin la primera legislatura con predominio del partido oficial. Tuvo en sus manos la reforma constitucional que reconocería al agua como un derecho humano, pero, al igual que Asambleas anteriores, se abstuvo de actuar.
Tampoco quiso aprobar una reforma constitucional para reconocer a la alimentación como un derecho humano, lo cual hubiera incentivado la producción agropecuaria y apoyado al campesinado.
Por otro lado, a pesar de ofrecer su apoyo, los diputados oficialistas dejaron en el olvido el proyecto de ley de justicia transicional, presentado en octubre de 2021 gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones y comunidades que buscan reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La misma suerte corrió la ley para los trabajadores de seguridad privada
Sin embargo, sí tuvieron la voluntad de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura, una serie de préstamos que han endeudado al país a niveles sin precedentes en la historia reciente, con el agravante de que no se explica con exactitud en qué se utilizará el dinero. Además, en la última sesión plenaria, aprobaron, con dispensa de trámite, sin discusión y violentando la jurisprudencia constitucional, una reforma a la Carta Magna, en su artículo 248. Así, la primera legislatura dominada por el oficialismo terminó como comenzó: con un espectáculo propio de gobiernos autoritarios.
Las acciones de los diputados oficialistas reflejan diáfanamente qué intereses defienden. No tuvieron tiempo ni voluntad para aprobar reformas constitucionales y leyes que habrían beneficiado directamente a los sectores menos favorecidos de país y a las víctimas del conflicto armado. Reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos beneficiaría, sin duda, a la población de menos recursos, que tiene más dificultades para acceder a ellas. Legislar para las víctimas de las atrocidades de la guerra favorecería a los siempre olvidados. Y una ley para los empleados de las empresas de seguridad atendería a uno de los sectores que reportan más violaciones a sus derechos laborales. En contraste, ¿a quien conviene la reforma constitucional que aprobaron de un plumazo? La nueva legislatura tendrá el poder de definir las reglas que regirán la relación entre gobernados y gobernantes; la reforma a la Constitución abre las puertas para aprobar cualquier cosa.
En el centro de una política de gobierno decente debería estar mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de la más pobre. Algunas acciones básicas para ese objetivo son promover la creación de fuentes de empleo con salario digno, mejorar los sistemas de educación y de salud, garantizar el agua para todos y todas, y diseñar e implementar una política de protección de los bienes naturales, condición indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto político, social o económico. Por ahora, no se ve que ninguna de dichas acciones sea prioridad del oficialismo. De nada servirá tener un país atractivo, con vestimenta de moderno, sin vendedores ni violencia en las calles, si toda esa imagen se construye ignorando las condiciones de vida de la población.
