El Estado salvadoreño ha faltado a su deber de dar acceso a la justicia, verdad y reparación a las 600 víctimas de la masacre en el río Sumpul de Chalatenango, ocurrida hace 44 años. Así lo afirma el abogado Alejandro Díaz, de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.
Por: Milton Rodríguez
El jurista detalló que el 13 y 14 de mayo de 1980 se aplicó un operativo militar desde varios cantones y caseríos de Chalatenango hasta culminar en el caserío Las Aradas.
Explicó que este fue “un ataque sistemático e indiscriminado contra población civil” por parte de la Fuerza Armada de El Salvador que, días antes planificó con el ejército hondureño, que se impidiera cruzar la frontera a los salvadoreños. Por eso muchos perdieron su vida en el río Sumpul.
El abogado pide que se procese a los autores intelectuales de la matanza de inocentes y destacó la importancia de abrir los archivos militares para garantizar justicia a los afectados.
Ovidio Mauricio precisó que la Comisión de la Verdad recibió alrededor de unos 22 mil casos de violaciones a derechos humanos en el marco de la guerra, pero subrayó que de esos logró investigar alrededor de 3 mil. La razón de esto obedece, según Mauricio, a que la Comisión fue amenazada por quienes gobernaban en ese momento.
Explicó por qué el caso de la masacre del río Sumpul no avanzó, pese a que el proceso inició en un Juzgado de primera instancia, en 1992.
La justicia transicional “es importante” porque ahí se establecen los procedimientos a seguir para garantizar justicia a las víctimas, dice Tutela Legal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han presentando una propuesta de Ley de Justicia Transicional, pero señalan que la Asamblea saliente no la recibió con seriedad, pues terminaron la legislatura y no aprobaron la ley.
Fuente: YSUCA
