Cuando recolectaba periódicamente cada caso de violación de derechos humanos, para luego agruparlos por tipos y desagregarlos por sexo, edades, ocupación, lugar, fecha, agencia estatal violadora, etc., no era por ocio, morbo, ni mucho menos para molestar a los gobernantes y sus agentes.
Por: Miguel Blandino
La Revista Justicia y Paz tenía como misión analizar toda esa información para indagar acerca de las características de la realidad social, su naturaleza y el rumbo hacia donde dirigían los gobernantes a toda la sociedad mediante sus decisiones políticas, y para conocer a los beneficiarios de dichas acciones estatales.
Eso lo hacíamos de esa manera sistemática un mes y otro mes y un trimestre tras otro para tener los insumos del informe anual de la situación de los derechos humanos en México.
Un año y otro año daban con claridad la orientación que habían escogido los dirigentes estatales para beneficio de unos, siempre los mismos, que eran las familias de la oligarquía y sus socios extranjeros.
De hecho, el estudio sistemático permitía ver que a lo largo de periodos extensos de tiempo y a pesar de los cambios personales en las instituciones, la política seguía orientada hacia el mismo fin y beneficiaba al mismo sector. Eso me permitía concluir que el Estado en su conjunto obedecía al mismo grupo de beneficiarios, y que los gobernantes eran solo sus operadores administrativos, empleados obedientes. Ninguno de los presidentes se salieron de la línea ni tuvieron el atrevimiento de querer sustituir a sus amos. Esa obediencia y sumisión total fue lo que permitió que un solo partido gobernara el país durante tantas décadas. Obedientes a la oligarquía y al imperialismo.
La creciente riqueza de los sectores dominantes, basada en una política económica extractivista, tenía necesariamente que despojar a millones de personas de los satisfactores indispensables para una vida digna de los seres humanos; o sea, la opulencia de unos pocos era la causa de la miseria de muchos, de la inmensa mayoría.
Obviamente, ese estado de empobrecimiento creciente daba como consecuencia protestas y exigencias. Para eso el Estado tenía fuerzas policiales desde el nivel municipal y estatal, hasta el nivel federal y un conjunto de fuerzas armadas de mar, tierra y aire muy numerosas y altamente tecnificadas, asistidas todas por órganos de inteligencia, bandas paramilitares y orejas.
Los abusos de toda clase de parte de los agentes del Estado no eran dirigidos solo contra la población que mostraba signos de rechazo a la política estatal. En una enorme proporción eran cometidos por iniciativa personal por los agentes del Estado para su propio beneficio, pero haciendo uso del permiso de sus amos: es el botín de guerra que los amos le permiten a sus sicarios a los que eximen de castigo para asegurar su lealtad.
El gasto para el mantenimiento de la maquinaria represiva tiene que ser creciente, en la misma proporción en que crece el número de afectados y ofendidos. Y ese número es siempre creciente porque también es creciente el número de funcionarios que se benefician y no quieren disminuir su nivel de vida con el fin de su ciclo como gobernantes. Pero no pueden tocar la riqueza de los oligarcas, así es que tienen que extraer hasta la última gota de sangre a las clases desprotegidas.
Haciendo una comparación entre esa situación mexicana con El Salvador, veo que es igual: un Estado feroz creado para favorecer a los oligarcas y a sus empleados de alto nivel, sedientos de riqueza y un pueblo víctima del saqueo del erario en las áreas sociales: salud, educación y agricultura, especialmente, porque la vivienda y los servicios básicos hace décadas que se privatizaron.
Pero en la comparación de inmediato salta una diferencia abismal: México es 100 veces más grande en territorio, rico en minerales, hidrocarburos, tierras fértiles, madera, pesca, etc, tiene industrias de todo tipo y desde la artesanía hasta la tecnología de punta, investigación científica y tecnológica, la tasa más alta de inversión extranjera directa del continente -superando a los Estados Unidos en atracción de capitales-, moneda fuerte, su producto interno supera los mil 500 billones de dólares desde 2022, tiene la mayor inversión en salud, educación y agricultura de toda su historia y es el principal socio comercial mundial de los Estados Unidos, desplazando a China. En México no ha habido ningún cambio en el sistema de explotación capitalista. La oligarquía continúa teniendo la principal cuota de poder por encima del resto de la sociedad, pero el gobierno ha logrado un acuerdo que le permite distribuir una mayor parte de los impuestos que se recaudan entre los menos favorecidos. No ha expropiado a los ricos, no ha establecido un régimen socialista ni mucho menos una dictadura del proletariado. Solo ha repartido mejor los impuestos. Los ricos siguen siendo ricos, y han ganado más, pero la pobreza total ha disminuido.
De modo creciente, la participación ciudadana en los asuntos públicos es creciente y su interés por la política aumenta año tras año. Cada día más mexicanos son más conscientes y más responsables de sus vidas y menos indolentes y menos obedientes.
Por el contrario, El Salvador es un pequeño territorio carente de riquezas naturales, deforestado casi en su totalidad, con una población que tiene una educación que en promedio es de sexto grado y disminuyendo en calidad, con crecientes abandonos en materias de salud y agricultura, con la certeza de la pronta desaparición de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública, tasa de inversión extranjera directa en los últimos niveles del continente, balanza comercial negativa, reservas monetarias reducidas en un tercio del nivel mínimo para asegurar los pagos a los particulares ahorrantes del sistema, dependencia absoluta de los alimentos que producen países como México y Nicaragua. Para los gobernantes ávidos de riqueza solo hay una fuente de dinero: las remesas que envían los migrantes que viven en los Estados Unidos. Por eso presionan a los más pobres para que de una vez por todas abandonen el país y traten de llegar al norte lo más pronto posible. Para ello los están despojando de sus tierras y de sus viviendas, los están mandando al desempleo y desalojando de sus ventas callejeras.
Las violaciones de todo tipo a los derechos humanos se han generalizado y para silenciar todas las protestas el gobernante mantiene a toda su fuerza armada y policías nacionales y municipales amenazando a toda la población empobrecida y desahuciada. El reino de la violación sistemática de los derechos humanos para asegurar el control poblacional mediante la opresión brutal.
Ayer, el dictador dio la orden de obediencia absoluta a todas las personas. Los desobedientes son considerados enemigos y traidores.
Como decíamos hace cinco años, al ver el plan de pacificación acordado por el gobierno de bukele y las pandillas: lo que se viene es la paz de los cementerios.
