La extracción de arena del principal río de El Salvador, el Lempa, está causando impactos socioambientales en las comunidades rurales que se levantan cerca de sus márgenes, sin que el Estado regule del todo una actividad millonaria y voraz en la que se sospecha abunda la corrupción en la entrega de los permisos de explotación.
Por: Edgardo Ayala
Entre las comunidades más afectadas se encuentran las localizadas cerca de la desembocadura del río en el océano Pacífico, en la zona conocida como el Bajo Lempa, entre los departamentos de San Vicente y Usulután, en la costa salvadoreña.
“El año pasado y este han sido los más intensivos en la extracción de arena, los camiones ya no paran en la semana, día y noche”, afirmó a IPS el activista comunitario Arnoldo García, residente en la aldea costera San Carlos Lempa, del distrito de Tecoluca, en el municipio de San Vicente Sur, en el centro de El Salvador.
El río Lempa, con una longitud de 422 kilómetros, nace en la vecina Guatemala, penetra unos kilómetros en Honduras y luego ingresa a El Salvador y baja al sur, hacia su desembocadura en el océano Pacífico.
“El año pasado y este han sido los más intensivos en la extracción de arena, los camiones ya no paran en la semana, día y noche”: Arnoldo García.
Se desconoce cuántos puntos de extracción existen en los 360 kilómetros que el río recorre en El Salvador, pero solo en el Bajo Lempa, el último tramo antes de desembocar, se han detectado al menos seis, dijeron los pobladores.
En la comunidad de San Carlos Lempa hay un punto de extracción, del que salen unos 60 camiones al día cargados del material, y cada uno puede transportar hasta 30 metros cúbicos de arena, dijeron los entrevistados, es decir, unos 1800 metros cúbicos.
En abril, el metro cúbico de arena alcanzó los 34 dólares en el mercado nacional.
Impactos en salud, calles y ambiente
A la comunidad, acotó García, le preocupa que esa intensa actividad de extracción está afectando la salud de la población, ante el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, debido al polvo que levantan en verano los camiones de alto tonelaje que recorren los caminos sin asfaltar, para entrar y salir del borde del río.
A ello se suma la contaminación sónica, dado que los camiones recorren los caminos de los asentamientos día y noche, así como el daño en la principal vía de acceso a la ecorregión del Bajo Lempa, una carretera que se logró asfaltar gracias al esfuerzo comunitario pero que por años no ha recibido mantenimiento del Estado.
“Esa carretera de San Carlos era de tierra y con la gestión de las comunidad se arregló, y ahora ellos (quienes extraen arena) pasan y no les importa si se daña o no”, dijo a IPS Alexis Henríquez, de 49 años, que participa en la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Social y Económico del Bajo Lempa.
Y por supuesto hay un impacto ambiental en el río.
“Al extraer la arena en grandes cantidades, se socava el fondo del rio en puntos críticos del caudal”, los puntos en donde suelen darse inundaciones, destacó García, de 56 años, quien se desempeña como presidente de la junta directiva de San Carlos Lempa.
En el Bajo Lempa viven unas 5000 familias en una veintena de asentamientos, dedicadas a la agricultura y la pesca de subsistencia. La mayoría son personas que combatieron como guerrilleros en la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, y que al final del conflicto recibieron parcelas de tierra ahí.
Esas familias sufren casi año con año de inundaciones debido a que, en la época lluviosa, de mayo a noviembre, la estatal Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, varios kilómetros arriba, se ve obligada a realizar descargas cuando la presa ya no puede contener toda el agua del embalse.
Esas descargas bajan con fuerza por el río y terminan inundando las comunidades, arruinando cultivos y otros medios de vida. Socavar la estructura natural del río con la extracción de miles de metros cúbicos de arena podría afectar su caudal y golpear con más fuerza.
Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) señaló en abril de 2022 que la extracción de arena, en lugares en los que desempeña un papel activo, como en los ríos y en los ecosistemas costeros o marinos, puede provocar serios daños ambientales.
Entre esos mencionó la erosión, la salinización de los acuíferos, la pérdida de protección contra las mareas de tempestad y el deterioro de la biodiversidad.
“Ello supone una amenaza para los distintos medios de subsistencia, entre ellos el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la pesca o la industria del turismo”, refirió el reporte.
La agencia de las Naciones Unidas refirió que al año se utilizan 50 000 millones de toneladas de arena, lo suficiente para construir un muro de 27 metros de ancho y 27 metros de alto alrededor del planeta Tierra.
Por eso, “dada nuestra dependencia de ella, la arena debe ser reconocida como un recurso estratégico y es necesario replantear su extracción y uso”, subrayó.
Los representantes de la aldea San Carlos Lempa se reunieron el 7 de junio con Omar Benavides, quien está al frente de las extracciones en el lugar, y él “valoró la preocupación de la comunidad”, contó García.
Añadió que Benavides se comprometió a evitar la generación de polvo, manteniendo húmedas las calles y de ruido de camiones en las noches. Se habló además de algún tipo de mejoras en la aldea a modo de compensación.
Sin embargo, el tema del impacto ambiental en el río no se abordó porque ni la comunidad ni Benavides conocían los estudios técnicos para analizar a profundidad el tema.
Un negocio redondo… y oscuro
La extracción de ese material pétreo genera millonarias ganancias, porque en la cadena de comercialización se ven involucradas importantes cadenas de almacenes del país especializados en la venta de materiales de construcción, las que compran la arena en grandes cantidades y la venden a su clientela o incluso la provee para proyectos de envergadura.
El material obtenido en esa zona del Lempa se comercializa sobre todo en las principales ciudades del este del país, como San Miguel, Usulután y la Unión.
El negocio funciona así: alguien compra o arrienda una parcela que linde con el río y entonces amarra acuerdos con esas cadenas de almacenes, llamados ferreterías, y estas le pueden proveer de las palas mecánicas necesarias para la extracción, si es que él no las tiene.
Se entiende que debería haber un exhaustivo análisis por parte de las autoridades ambientales sobre el posible impacto en el río y en las comunidades, antes de entregar el permiso de explotación del recurso, pero en la práctica no lo hay, dijeron los entrevistados, y se sospecha que hay dinero de por medio al entregar esos permisos.
“Esa operación tiene a la base un componente exagerado de corrupción”, señaló a IPS el excomandante guerrillero y ahora abogado Pedro Parada.
Parada contó que un amigo de él intentó sacar uno de esos permisos y el delegado del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales le exigió un pago bajo la mesa de un dólar por cada metro cúbico requerido.
Añadió que no hay un control gubernamental sobre cuánto material se extrae, y la cantidad que establece un permiso puede fácilmente elevarse.
Al respecto, IPS conoció el caso de Arenera El Rosal, cuyo punto de extracción se localiza en la aldea San Juan de Letrán, del distrito (municipio) de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, varios kilómetros al norte del Bajo Lempa.
El permiso fue otorgado a César Heriberto Rosa, responsable de Arenera El Rosal, en julio de 2023, para que extrajera del río 22 000 metros cúbicos, en un periodo de dos años.
Sin embargo, por la intensidad de las operaciones, es obvio que se está sacando una mayor cantidad, explicó a IPS alguien que ha trabajado en ese sector de la economía y quien prefirió hablar bajo el anonimato.
La fuente dijo que, por su experiencia en el sector, de ahí se van a sacar durante los dos años establecidos se van a sacar por lo menos unos 75 000 metros cúbicos o más, incumpliendo abiertamente el permiso.
Se sospecha, añadió, que esos cientos de metros cúbicos extras pudieran estar siendo almacenados en una bodega clandestina, en el oriente del país.
La estrategia es extraer la mayor cantidad de arena en el verano, cuando el cauce del río lo permite, y tener suficiente material que vender también en la época de lluvias.
“En el otorgamiento de esos permisos hay mordida de por medio”, explicó la fuente, refiriéndose al soborno que habría que dar.
El permiso otorgado a Rosa especifica que “no se requiere de la elaboración de un estudio de impacto ambiental” y que la operación estará sujeto a un control y seguimiento por arte del ministerio de Medio Ambiente.
Rosa obtuvo otro permiso, también en julio de 2023, para extraer, en un periodo de 18 meses, 4000 metros cúbicos de un depósito de arena en el margen derecho del río, en la aldea El Caulotal, también del distrito de Jiquilisco, aunque aún no comienzan a sacar el recurso pétreo.
En la aldea Linares Caulotal, a un par de kilómetros al norte, tienen esperanzas de que el proyecto no alcance su comunidad, sin saber que el permiso ya está otorgado.
“Nos preocupa el puente, que tiene cierta capacidad de peso, y ellos pasan todos los días con 50 o 60 volquetadas diarias”, dijo a IPS María de Los Ángeles Castillo, de 31 años, en referencia de los volquetes o camiones con dispositivo de descarga automatizada y del daño que están causando ya al puente Él Ángel, sobre el río Roldán.
Si el muelle colapsa, la aldea quedaría incomunicada, alertó.
Fuente: IPS Noticias
