Nuestra historia es un devenir de crímenes que, de tarde en tarde, nos salpica a todos.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
L a mayoría impunes. Esto no se corresponde con una casualidad, sino con el hecho de que la mayoría fueran cometidos por agentes estatales al servicio de las élites financieras. Otro elemento de este cóctel es que el sistema judicial es corrupto.
Por supuesto no todos los agentes judiciales son corruptos, pero el hecho es que están superados por una marea que pareciera tener el propósito de paralizar a la institución judicial.
Sumemos a ello el que el amiguismo y el compadrazgo reptan dentro del sistema, como el que intereses varios participan en el juego, marcando las cartas respaldando de uno de los jugadores, favoreciéndolo.
Tomemos un ejemplo. Una de las masacres más brutales cometidas por el estado a través del ejército durante el pasado conflicto armado, habiendo el juez de la causa realizado una encomiable labor que ya dejaba a la vista la resolución, faltando apenas unos detalles que dependen de las aportaciones que la FAES debió hacer al abrir sus registros de la época para su debida revisión, fue en el último momento, interrumpido, reasignado el juez a otro tribunal, y el caso a una persona cuya función es garantizar que la impunidad continúe.
Arguyendo que la seguridad nacional se veía comprometida, la FAES no sólo no entregó los documentos correspondientes a aquellos monstruosos hechos, añadió al desagravio una descarnada desobediencia a la autoridad judicial, a la que, de acuerdo a la ley, debe obediencia.
No fue desobediente porque así, ¡se le indicó serlo!, para contribuir con el encubrimiento de los responsables materiales e intelectuales, como de otros hechos atentatorios a los DDHH y la legalidad.
Este particular caso demuestra con crudeza que la impunidad es estructural, no dependiente de la evidencia o de los efectos que esta tiene sobre la institucionalidad, promoviendo por derivación tanto la naturalización de esta, como la parcialidad de la legalidad, y, en consecuencia, la nulidad de la justicia.
Así vemos como todo el régimen se ha embarcado en un segundo e ilegal mandato en la primera magistratura, apoyado tanto en las armas, como en esa cultura, como en la aparente nula indignación de parte de la población, porque solo acepta que esta se dé.
Y, ¿realmente lo acepta? No.
A pesar de que el oficialismo y sus rémoras intentan con su narrativa hacernos suponer que el régimen está respaldado por la mayoría de la población, lo cierto es que no es así, y los datos del último evento electoral lo confirman, pues si separamos el algoritmo que aumentó por 11 cada voto oficialista, entonces tendremos que la población que respalda realmente al régimen no supera los 400,000 electores, no así los 2,2 millones que ahora alega.
Entonces, hay esperanza, pues, así como no detenta el régimen el respaldo de las mayorías, tampoco la impunidad podrá continuar, y deberá el propio régimen buscar resolverlo para sobrevivir.
Porque la historia, ya lo juzgó.
*Educador salvadoreño
