Los desastres, ya sean naturales o provocados por la acción humana, golpean con mayor severidad a las poblaciones más vulnerables. La falta de infraestructuras adecuadas, el acceso limitado a servicios básicos y la precariedad de las condiciones de vida aumentan significativamente el riesgo de sufrir daños y dificultan la recuperación posterior. Vivir en un estado fallido significa vivir en un estado constante de crisis donde la gobernabilidad y sus instituciones no funcionan.
Por: Miguel A. Saavedra
L os servicios básicos como la educación, la atención médica, pensión por vejez ni se diga y el agua potable suelen ser inaccesibles para grandes sectores de la población. Como resultado, las personas quedan vulnerables a la pobreza, las enfermedades y la exclusión social. El ciclo de pobreza y marginación se perpetúa, dejando a las comunidades atrapadas en un círculo vicioso (evento-destrucción-reconstrucción)que se repite casi sin remedio y para lo cual nunca alcanzarán los recursos actuales y futuros; entonces ¿por qué no pensar en iniciativas y planes resilientes donde la misma gente tenga protagonismo y sea sujeto de su propio desarrollo?.
Y en este contexto de un Estado fallido al borde de una crisis estructural, los desastres naturales y antrópicos se convierten en detonantes de una situación ya de por sí precaria y maltrecha. Un analista social, sugiere que «No existen territorios pobres sino hay pobres que viven en ellos, como resultado de un sistema que empobrece a las comunidades.»
No se trata de territorios inherentemente pobres, sino de comunidades empobrecidas por un sistema fallido. La falta de infraestructura adecuada, la precariedad de los servicios básicos, la corrupción y la desigualdad estructural son algunos de los factores que convierten a estas comunidades en blancos fáciles de los desastres.
No son acusaciones al vacío, sino que basta estudiar algunos elementos clave:
La no existencia de planes de desarrollo territorial, de leyes ambientales o del incumplimiento de las ya existentes al avalar y permitir la destrucción ambiental en zonas protegidas para fines económicos. La ausencia de obras civiles de calidad para mitigación, evidenciando una falta de inversión en infraestructura resiliente.
La expropiación de bienes colectivos, en complicidad del poder judicial, que prioriza el monopolio de los centros urbanos donde no caben los pobres. La aprobación de la ley de expropiación de bienes inmuebles para fines públicos cuya discreción deja muchos vacíos de cuando es pública una obra o para quién es menester ese bien.
O de los procesos judiciales amañados para apoderarse de terrenos y propiedades colectivas de las cooperativas agrarias para el agroturismo o de terrenos de uso público en las playas.
Estos ejemplos demuestran un patrón preocupante, donde se anteponen los intereses económicos por sobre el bienestar y la protección de las comunidades más vulnerables.
Lejos de ser acusaciones infundadas, estos elementos reflejan una realidad que merece ser analizada con detenimiento y contundencia. Solo así podremos exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad de velar por un desarrollo verdaderamente justo y sostenible.
Tras corneados, apaleados
En este contexto, los desastres naturales y antrópicos actúan como detonantes que profundizan las brechas existentes y exacerban las condiciones de pobreza y marginalidad. Inundaciones, terremotos, sequías, incendios forestales y otros eventos dejan un rastro de destrucción a su paso, afectando viviendas, cultivos, medios de subsistencia y, en casos extremos, cobrando vidas humanas.
La respuesta del Estado fallido suele ser tardía e ineficaz. La burocracia, la corrupción y la falta de recursos obstaculizan la llegada de ayuda humanitaria y la implementación de medidas de reconstrucción. Las comunidades afectadas quedan a su suerte, dependiendo de la solidaridad internacional y del apoyo de organizaciones no gubernamentales para salir adelante.
Es importante recordar que la responsabilidad de la pobreza y la vulnerabilidad recae en el sistema. Un sistema que margina a las comunidades, que concentra el poder y los recursos en manos de unos pocos y que no responde a las necesidades de las mayorías.
La construcción de un futuro más justo y equitativo requiere un cambio profundo en este sistema. Un cambio que coloque a las personas en el centro y que promueva el desarrollo desde abajo hacia arriba.
Enfoque emergencista y parafernalia de medios
Despertando de la pesadilla donde un nuevo enfoque para la crisis humanitaria, es necesaria. En medio del caos, las tragedias y la vorágine mediática, emerge una verdad incómoda: la ayuda humanitaria no puede ser un espectáculo de rating. Más allá del derecho a informar ,en lugar de las hordas de periodistas y comunicadores que se agolpan en las zonas afectadas, necesitamos un ejército diferente: trabajadores sociales, urbanistas y expertos en desarrollo comunitario.
¿Por qué? Porque la verdadera emergencia no es solo la tormenta, sino la vulnerabilidad estructural que la precede.
La parafernalia mediática: ¿Ayuda o sensacionalismo?
Vemos todos los días, los flashes de las cámaras oficialistas capturan el sufrimiento humano, pero ¿qué sucede después? Las noticias se desvanecen, los titulares cambian y la atención se desvía hacia otro desastre. La parafernalia mediática no construye puentes ,casas ,ni repara infraestructuras. Necesitamos un enfoque más allá de los titulares, uno que trascienda la urgencia del momento y se adentre en la raíz de los problemas.
El enfoque emergencista es insuficiente
La ayuda temporal es como un parche en un hoyo gigante. Sí, es necesario, pero no suficiente. La gente no necesita caridad perpetua; necesita oportunidades. Un sistema que funcione para ellos, no en contra de ellos. Desde la seguridad alimentaria hasta la creación de empleos, y habilitación de medios de vida; debemos pensar en soluciones integrales. ¿Cómo reconstruimos no solo casas, caminos y obras sino también esperanzas?.
Más allá de la caridad: Construyendo un futuro resiliente
La verdadera emergencia es la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos y la marginación crónica. Necesitamos reconstruir no solo calles, sino también comunidades. La infraestructura básica es vital, en educación ahora se duplican las escuelas dañadas ,que las que prometieron reparar en años pasados ;pero también lo son las redes de apoyo, sus formas para subsistir y la participación ciudadana. No se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de prosperar después de ella.
La tormenta de la semana pasada es solo el preludio de una serie que se avecinan en la temporada de huracanes del 2024 en la región según los expertos meteorológicos. Y esto que sólo tenemos una entrada como país hacia el océano pacífico.
La verdadera batalla es contra la desigualdad, la indiferencia y la falta de visión a largo plazo. Es hora de que los ejércitos de la solidaridad reemplacen a los de la vanidad.
Sin embargo, es importante reconocer la capacidad de resiliencia de las comunidades. A pesar de las adversidades, las personas encuentran formas de sobreponerse y reconstruir sus vidas. Es en este contexto RESCATAR la descentralización y el empoderamiento de las comunidades se presentan como herramientas fundamentales para fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres.
Una soberbia de poder que se desconecta: «Hay oídos sordos a las opiniones desde abajo»
Donde la gente debe someterse al poder vertical, donde esta forma de gobernar actual, se caracteriza por ignorar y devaluar la participación ciudadana y comunitaria donde se cierran espacios como cabildos abiertos, Adescos y asociaciones de vecinos, que antes eran vehículos de expresión y acción comunitaria, ahora son vistas como figuras decorativas y casi peligrosas del pasado.
Esto denota un distanciamiento entre quienes gobiernan y las voces que llevan las necesidades de la población. Hay un sentimiento de que los canales tradicionales de participación y diálogo han sido marginados, lo cual compromete la legitimidad y la capacidad de respuesta de las autoridades ante las demandas y preocupaciones de la ciudadanía.
Donde las autoridades y funcionarios estatales quedan a discreción ,a voluntad de actuar y apoyar o no las iniciativas y reclamos que surgen desde abajo. Sin una institucionalidad que garantice la apertura a la participación comunitaria, se genera una dinámica de poder vertical ,insensible y poco receptiva a las necesidades reales de la gente.
Esto sugiere una gobernanza y soberbia de poder que se desconecta de las realidades y aspiraciones de la población. Deja a las organizaciones y figuras comunitarias en una posición vulnerable, dependientes del buen querer de quienes ostentan el poder.
Una situación que pone al descubierto una forma oscura de gobernar, sin transparencia, nula rendición de cuentas y desapego del principio de participación ciudadana, aún consignado en las leyes del país.
Le dejamos estas preguntas al gobierno Salvadoreño y a su grupo de poder:
¿Qué sucede cuando un gobierno es incapaz de proporcionar servicios básicos y proteger los derechos de sus ciudadanos?¿Qué sucederá cuando estos problemas se vean exacerbados por un Estado fallido?
¿Dónde está el plan de desarrollo a largo plazo: ¿Qué se está haciendo para abordar las causas estructurales de la pobreza?
Sobre la transparencia: ¿Cómo se seleccionan los beneficiarios de la ayuda? ¿Cómo rinden cuentas los funcionarios y las instituciones a cargo de manejar la crisis que apenas empieza?, ¿Que se han hecho los fondos de Fopromid (Fondo de Protección y Mitigación de Desastres?.
¿Cómo promueven la autosuficiencia? ¿Existen programas que ayuden a las comunidades a generar sus propios ingresos y salir de la dependencia de la ayuda?
Y los demás países de Centroamérica y del caribe ¿cómo se defienden y qué medidas toman para prevenir y evitar tanta desgracia? ¿Qué lecciones podemos aprender de los países del Caribe, que viven entre el agua?.
Juntos podemos exigir un enfoque más justo y sostenible para enfrentar la crisis. No nos dejemos engañar por la publicidad vacía y parches mediáticos de protagonismo oficialista que muestra la ayuda como favor, y no como una obligación de cualquier Estado que se precie de ser responsable.
Al fortalecer la capacidad local y fomentar la participación ciudadana, las comunidades pueden estar mejor preparadas para enfrentar desastres naturales y reducir su impacto. La centralización, por el contrario, solo sirve para aumentar la vulnerabilidad y el sufrimiento de las personas.
Es hora de revalorizar el protagonismo local en la gestión de riesgos y la respuesta a desastres. Solo con la participación activa de las comunidades podemos construir un futuro más resiliente y seguro para todos.
Solo mediante un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la pobreza y la vulnerabilidad, así como el fortalecer la resiliencia de las comunidades, podremos romper el círculo vicioso de la pobreza y los desastres que desnudan a los «Estados fallidos».
