La semana recién pasada fuimos desconcertados con el anuncio de CAPRES, del despido de 300 trabajadores del ministerio de cultura por “…no compartir la visión…” del régimen.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
L o que trascendió fue que eran separadas de sus cargos puertas adentro, por supuestamente admitir un evento a realizarse en una instalación pública, de la comunidad LGBTI.
Supuestamente ese hecho habría indignado al régimen, que, movido por sus “altos valores morales y religiosos”, en razón de lo ofensivo para dios y la iglesia que aquello es, se habría propuesto resolver de un tajo el problema que supone esa desviación de los empleados públicos, despidiéndolos. Aclaremos en este punto algunos aspectos sobre esto. Más allá de lo que nosotros o cualquiera piense sobre la comunidad LGBTI, si estamos o no de acuerdo con ellos, si los aprobamos o los reprobamos, si compartimos o no sus valores, la cuestión de fondo por encima de todas esas estimaciones es que el estado es laico por definición, así como que el uso privado de las instalaciones de propiedades públicas se suscribe no a la orientación sexual de cualquiera, sino al pago de un importe ya establecido, y al cumplimiento de condiciones legales.
Y es que, si no pasamos por alto el laicismo del estado salvadoreño, definido por la ausencia de identidad religiosa, comprendemos entonces que además de la intolerancia y la ilegalidad, son los intereses político partidarios los que conforman las verdaderas motivaciones, justificándose tras seudo consideraciones religiosas sin ningún valor legal. Así, “…donde ahora se queman libros, mañana se quemarán hombres…” [Heinrich Heine, 1933], es una consideración cuya validez es refrendada en estas circunstancias, advirtiéndonos sobre las probables derivaciones de estas cavilaciones administrativas.
Por otro lado, muy probablemente las iglesias a las que se refiere CAPRES, son las pentecostalistas, dada su intolerancia e incondicional acompañamiento con todo emprendimiento que este haga, con todo y lo ilegal y amoral que esto sea, lo que apreciamos luego de cada desacierto del ilegal ejecutivo, de lo que hay vasta constancia audiovisual, reduciéndose al papel de justificadores de todo lo que éste emprenda, la mayoría de veces ignorando sus efectos legales, por lo que no es difícil calcular que su motivación no es moral, sino proselitista y material.
Puesto que, tal argumento gubernamental y de sus aliadas, apela a la irracionalidad visceral, sin soporte legal o constitucional, descalificándose, y también a sus efectos prácticos.
Es decir, la razón argüida para separar de sus cargos a estos empleados públicos es sencillamente improcedente, y la acción misma ilegal, por lo que ulteriormente debemos entender que la motivación es en realidad el hacer espacio para sus incondicionales partidarios.
Así de simple.
No solo es vergonzoso apelar a la ética más baja, ilegal e improcedente para concretar este despido, es además amoral de parte del régimen el apostar al oscurantismo para así lograrlo, promoviendo intencionadamente el atraso y la exclusión como recurso para lograr la sociedad purista a la que aspira el golpista.
*Educador salvadoreño
