Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra.
Bajo la formalidad de una monarquía: guardia de honor en traje de gala y, el gabinete a la espera, se desarrolla la cadena nacional del 5/julio/2024, que anuncia un mayor intervencionismo en la economía, que creará en pocos meses, una inflación, que puede llegar al doble de la actual, y contenida, solo por la dolarización; sin embargo, sus efectos serán tan catastróficos, como los que se han vivido por la misma causa, en otros países.
Desde hace unos meses, se percibe un aumento de precios de inmuebles, en una demanda súbita, pues extranjeros, principalmente chinos, han realizado compras masivas de terrenos urbanizables y terrenos rústicos, alrededor de áreas urbanas. Salvadoreños, radicados en el exterior, han comprado inmuebles en sus lugares de origen y, hay quienes han comprado en nuevos edificios, pisos enteros sin habitarlos, sólo como inversión, especulando que es dinero del narcotráfico, en un esquema de lavado de activos, aprovechando el Bitcoin y su convertibilidad; generándose un “exceso de liquidez” en el sistema financiero.
De este “exceso de liquidez”, que permitiría al sector privado, créditos blandos para la dinamización de la economía, el Gobierno lo ha tomado, para pago de deuda externa y gasto corriente, o sea, que no produce o dinamiza la producción, porque una parte del gasto, se diluye en corrupción. Esta afirmación se basa, en el hecho de que la reserva de información en el gasto público, debe ser exclusiva para gastos de “la Seguridad Nacional” y no, para los gastos en el desarrollo de las políticas públicas, salvo que se quiera ocultar, por corrupción o por ser ilegal, el monto y el nombre del ejecutante.
El exceso de liquidez en el sistema financiero, aunado a la crisis alimenticia, anunciada anticipadamente por el Ing. Luis Tremiño y las diferentes organizaciones agropecuarias, han generado la actual crisis de precios, en verduras y legumbres.
La crisis alimentaria, lejos de ser contenida por una aparición teatral, exigiendo una baja en el precio, o utilizando el poder del Estado para la regulación de precios, que deja al proveedor como el “villano de la economía”, causará una escasez mayor, pues el Estado, creara una competencia desleal, si pone recursos, que no se reflejan en el precio, creando un desincentivo en la ya escasa producción, “quedándonos sin el plato y sin la cena”.
Este problema ya se presentó en Venezuela y se aplicó, la misma solución que hoy pretende dar Bukele, posiblemente recomendada por sus asesores venezolanos. El resultado en Venezuela fue hambre, por inflación y escasez de productos, por lo que se dio la primera migración a países vecinos, generando una crisis humanitaria.
En el caso nuestro, hay una agravante más: aún no se han sentido los efectos del desplazamiento de las nuevas cabeceras municipales, del sector informal.
El camino de una economía dirigida, creará un nuevo enemigo a batir: el comercio. Ya no es el partido político opositor, el responsable de las crisis, sino el comerciante, a quien se presionará más, en la medida que se dé, la escasez de productos. Agravada por 362,000 jóvenes que no estudian ni trabajan, sólo consumen, sin esperanza, de ingresar a la fuerza laboral, y cuando muchos otros pierden sus empleos.
El uso de prisioneros, para la producción y creación de un beneficio para el Estado, también tiene sus precedentes negativos en el Derecho Internacional y si, lo que se pretende es la “autosostenibilidad”, pues es mano de obra cautiva, lo que se denomina “mano de obra forzada o esclava”. Todas estas condicionen, no son favorables para una buena calificación de riesgo del país, o nuestro posicionamiento, dentro de la economía global.
