En el decenio de los 70’s del siglo 19, se practicó la mayor expropiación de tierras, transfiriendo por decreto a la élite burguesa, las tierras ejidales, estableciendo la hacienda y dejando en la calle a algo más del 77% de la población de entonces.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernandez*
L a operación se realizó bajo la justificación de que aquellas eran tierras ociosas, que debían ser trabajadas para generar ingresos para la nación.
El argumento, ¿te parece conocido?
De esa manera algo más de 27 familias, las infames 14 grandes, se hicieron con alrededor del 80% de los territorios nacional gratuitamente, incrementando exponencialmente sus haberes y riqueza de la noche a la mañana por intermedio del manejo patrimonialista del estado, mediando la pauperización del segmento originario.
Aquellas no eran tierras ociosas, sino entregadas al denominado barbecho, que es la recuperación cíclica de la tierra dedicada a cultivo por parte de los pueblos originarios.
Es parte de su imaginario en el que la tierra constituye no un recurso, sino la madre misma, el alma de la existencia, de la vida, por lo que no debe bajo ninguna circunstancia expoliar.
Al expulsarlos mediante aquel decreto no solo se sembró la semilla del levantamiento del ´32, como de los consecuentes conflictos sociales que asolaron nuestro país, supuso además la concreción del gesto que aseguró el etnocidio que se materializó en el occidente, con el solo afán de asegurar para aquella élite, sus privilegios.
Entonces la expropiación bajo el supuesto de orientar la tierra al beneficio público no es nueva, es de larga data como podemos ver y cualquiera puede corroborarlo en los libros de historia, siendo además un hecho que su uso es para él solo beneficio de las élites, lo que también puede comprobarse en las mismas fuentes y otras más.
Es decir; el estado ha sido instrumentalizado para responder a los intereses de clase, de las élites, derivando en el proceso la pauperización y el empobrecimiento de las mayorías.
Comprobémoslo. El régimen que nos mal gobierna nos asegura que nuestra única vía financiera es, o echar manos de los activos pensionarios, o aumentar el IVA.
Tal afirmación es falsa, y cualquiera con un dedo de frente lo puede calcular.
La opción real es una reforma profunda del sistema impositivo salvadoreño, estableciendo las aportaciones ciudadanas de acuerdo a los haberes del ciudadano.
Lo que se denomina sistema fiscal progresivo.
Esa opción ni siquiera la contempla el régimen porque supone acabar con esos privilegios de clase a los que nos referimos arriba.
Entonces, entendamos que el empobrecimiento de las mayorías no ha sido casual sino parte de un proyecto concentrador de riquezas adelantado desde la fundación de la República, y que ha derivado en el enfrentamiento cíclico entre progresistas y conservadores, de las que son absolutos responsables las élites, que para asegurar sus privilegios no solo se robaron la tierra, también empobrecen intencionalmente a la población, orillándola a marchar para que sea esta, la desheredada, la que sustenta al país mediante sus remesas.
¿Hasta cuándo?
*Educador salvadoreño
