Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador
E l 1 de julio de 2022, policías y soldados de El Salvador detuvieron a Carolina González (seudónimo), una estudiante de 17 años de un pueblo rural del departamento de Sonsonate. No le mostraron una orden de detención. La acusaron de colaborar con las pandillas. Según Carolina, la llevaron a una delegación policial donde estuvo detenida durante siete días con mujeres adultas. Un agente de la policía intentó coaccionarla para que identificara a un miembro de una pandilla, a quien ella no conocía, a cambio de ser liberada.
Dos semanas después, la policía la trasladó a un centro de detención juvenil, donde estuvo recluida en una celda pequeña e insalubre junto con otras 25 niñas y adolescentes. Meses después, un juez presionó a Carolina y a otros siete menores para que conjuntamente se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13, lo que ella niega. Carolina y otras tres menores recuerdan que el juez dijo que si uno de ellos rechazaba el acuerdo en el que declaraban su culpabilidad, todos cumplirían penas el doble de largas. Todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión. “No teníamos opción”, nos dijo Carolina. “Todos queríamos estar con nuestra mamá”.
Carolina es una de las aproximadamente 3.000 niñas, niños y adolescentes que han sido detenidos en redadas indiscriminadas desde que el presidente Nayib Bukele declaró un régimen de excepción como parte de una “guerra contra las pandillas” en marzo de 2022. También es una de los más de 1.000 menores condenados durante el régimen de excepción, principalmente por cargos de pertenecer a una pandilla. Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos de estos niños, niñas y adolescentes a graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detención e incluso después de su liberación.
Este informe, basado en entrevistas con más de 90 personas, documenta violaciones de derechos humanos de menores a quienes las fuerzas de seguridad han acusado de estar vinculados a las pandillas. En septiembre y diciembre de 2023, Human Rights Watch visitó los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán. Los entrevistados incluyeron víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos, jueces, agentes de policía, expertos en seguridad, maestros, exfuncionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la sociedad civil. Human Rights Watch también solicitó información a varias instituciones gubernamentales y revisó expedientes judiciales, así como historiales médicos, educativos y penales.
Si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) dijo a las autoridades de Estados Unidos que 3.319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. De estos, se informó que 841 permanecían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena.
Muchos niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos y encarcelados no tenían ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas. Las autoridades los sometieron a malos tratos durante la detención que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura. Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentación y atención médica adecuados y contacto familiar. Algunos han sido detenidos con adultos, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos y de la legislación salvadoreña. Las autoridades han tomado pocas, si es que alguna, medida para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales.
Los delitos por los que a menudo se ha condenado a los menores, como el de “agrupaciones ilícitas”, tienen definiciones excesivamente amplias y prevén penas máximas que oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión. Estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios.
En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura.
Jueces y fiscales han mantenido rutinariamente a los niños en detención provisional prolongada, una práctica que, dadas las pésimas condiciones de los centros de detención de menores, ha expuesto a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgos de abuso.
El 27 de marzo de 2022, la policía detuvo a Óscar Gámez (seudónimo), un estudiante de 17 años de una comunidad rural de Apopa, departamento de San Salvador. Un fiscal lo acusó de agrupaciones ilícitas. Durante cinco meses, las autoridades lo mantuvieron detenido en un centro de detención de menores llamado “El Espino”, hasta que un juez ordenó su liberación en agosto de 2022. Óscar contó a Human Rights Watch que muchas veces los custodios lo golpearon con macanas durante requisas de las celdas. Dijo que en varias ocasiones él y otros detenidos fueron obligados a arrodillarse durante tres horas, desnudos, o bajo el agua al amanecer. A veces, los guardias no les proporcionaban comida en todo el día, nos dijo.
El 10 de julio de 2022, policías y soldados detuvieron a Nicolás Saldívar (seudónimo), un estudiante de 16 años, en su escuela del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Un familiar dijo a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad ingresaron en la escuela y se lo llevaron. Las fuerzas de seguridad le dijeron a su padre que se lo llevaban a una delegación policial “para una entrevista” y que “lo liberarían pronto”. Dos años después, Nicolás sigue detenido.
Un fiscal acusó a Nicolás de agrupaciones ilícitas. Durante una audiencia, el padre de Nicolás le dijo a un agente de policía que quería ver a su hijo. “Su hijo no existe aquí”, le respondió el agente. “Si usted mira fijamente a su hijo, le pegaremos”. En enero de 2023, un juez lo condenó a dos años y seis meses de prisión en el centro de detención de menores de Ilobasco conocido como “Sendero de Libertad”.
Muchos de los menores detenidos durante el régimen de excepción vivían en comunidades de bajos ingresos, donde la violencia era una presencia constante. La pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos niños, niñas y adolescentes con pocas opciones viables, permitiendo que las pandillas abusen de ellos y que las fuerzas de seguridad los estigmaticen como delincuentes y los acosen.
Los niños y sus familiares entrevistados para este informe describieron haber sido doblemente victimizados: primero, por las pandillas que abusaron de ellos y, en algunos casos, intentaron reclutarlos—a menudo mediante la fuerza, la coacción o el engaño—y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron.
Agustín Díaz (seudónimo), de 16 años, fue detenido en el pueblo de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, adonde había llegado su familia escapando de la violencia de las pandillas. Años antes, los miembros de una pandilla intentaron reclutarlo y amenazaron con matar a su madre. Agustín relató que, mientras lo trasladaban entre delegaciones policiales, los soldados que lo detuvieron simularon su ejecución en una carretera desierta. Hasta su liberación, que ocurrió varios días después, lo mantuvieron detenido en una celda hacinada, donde 70 niños compartían tres camas, nos dijo. Agustín dijo que otros presos lo golpeaban prácticamente a diario, mientras contaban hasta 13 segundos en voz alta, en aparente alusión a la pandilla MS-13. Los guardias no intervenían ante las agresiones que sufría, nos dijo.
Mientras las fuerzas de seguridad han cometido estas graves violaciones de derechos humanos, muchos entrevistados afirmaron que las pandillas se han debilitado significativamente en sus comunidades.
La prolongada y alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha disminuido notoriamente, llegando a un mínimo histórico de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según cifras oficiales. Las autoridades también han informado sobre una disminución en las extorsiones. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las tasas de criminalidad y las denuncias de manipulación de las cifras hacen difícil evaluar con precisión el alcance de la reducción de la violencia.
Las detenciones indiscriminadas han hecho poco por garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de las pandillas. Por el contrario, el encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador, que carece de capacidad para procesar el gran volumen de detenidos mediante un debido proceso que asegure que las víctimas tengan acceso a un recurso legal justo e imparcial.
Desde que asumió el cargo en 2019, el presidente Bukele ha desmantelado las instituciones democráticas de El Salvador. El gobierno ha socavado sistemáticamente la independencia judicial, nombrando aliados en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República y presionando a jueces y fiscales para asegurar la detención continua de personas sospechadas por la policía de ser miembros de pandillas. La ausencia de mecanismos de control independientes ha facilitado las violaciones generalizadas de derechos humanos y ha privado a las víctimas de vías significativas para obtener reparaciones y justicia.
El presidente Bukele también ha intentado justificar las violaciones de derechos humanos como “errores”, supuestamente aceptables, cometidos en el marco de lo que el gobierno denomina una “guerra contra las pandillas”. También señaló que el gobierno estará “pendiente de los jueces que favorecen a delincuentes”, en lo que parece ser un esfuerzo por intimidar a jueces y fiscales para evitar que investiguen violaciones de derechos humanos o liberen a las personas detenidas arbitrariamente.
El gobierno debería establecer un mecanismo ad hoc para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción. Este mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas. Asimismo, es crucial procesar, respetando las garantías procesales, a los acusados de delitos graves sobre la base de pruebas creíbles.
El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad integral que proteja a los menores de la violencia y el reclutamiento de las pandillas, incluso mediante la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación para los menores reclutados y apoyo para la reinserción de aquellos en conflicto con la ley. Es fundamental que la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible. Cuando la detención sea inevitable, debe tener lugar en instalaciones seguras, humanas y propicias para la reinserción de los niños, niñas y adolescentes a la sociedad.
El CONAPINA debería garantizar que los menores tengan acceso a educación y atención médica adecuadas y que los centros de detención juveniles cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. El CONAPINA también debería establecer un mecanismo independiente para procesar las denuncias relacionadas con los centros de detención de menores. La Asamblea Legislativa debería armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales, por ejemplo, elevando la edad mínima de responsabilidad penal, reformando la Ley Penal Juvenil y poniendo fin al régimen de excepción. La Fiscalía General debería priorizar al procesamiento de los líderes pandilleros que son máximos responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los jueces deberían garantizar que los menores sean juzgados en tribunales especializados para menores y sean protegidos ante abusos y hechos de coacción.
La acción internacional es necesaria para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en El Salvador. Los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y los Estados miembros de la Unión Europea deberían aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador; por ejemplo, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deberían suspender todo tipo de préstamos o donaciones existentes a las instituciones gubernamentales presuntamente involucradas de manera creíble en abusos, e intensificar los esfuerzos para apoyar a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
La comunidad internacional debería promover políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos para garantizar que la población en El Salvador, y en toda América Latina, no se vea obligada a elegir entre vivir bajo el control de las pandillas y el crimen organizado o bajo una intensa represión estatal. Asimismo, la comunidad internacional debería priorizar la protección de los derechos de los menores que, ya sea a manos de las pandillas o de las fuerzas de seguridad, son probablemente quienes más sufren por los abusos.
Fuente: www.hrw.org
