En el decenio de los 70’s del siglo XIX, las élites financieras instrumentalizando al estado, generaron 2 mamotretos legales para conformarse en los nuevos dueños de la tierra: la ley de extinción de las tierras ejidales y, la ley en contra de la vagancia.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
C on la primera tomaron posesión de algo más del 77% de la tierra en el país, conformándose así en una novedad, la oligarquía agrarista; mediante la segunda ató a la población originaria a la que le fuera usurpada la tierra, a la institución que naciera de aquel despojo: la hacienda.
Ambas fueron posibles mediante el intermedio del estado, que se configuró en el instrumento que establece así las causales que promocionan los conflictos que padecemos.
Recordemos que las tierras ejidales se conformaron por decreto de Isabel I, que aseguró así para los pueblos originarios la pertenencia a perpetuidad de sus tierras ancestrales, el respeto hacia su cultura e idiosincrasia, y las garantías porque el estado velaría porque se cumplieran estos fines.
Las familias que se las apropiaron, las infames 14 grandes, que ni eran 14 ni nunca fueron grandes, alegaron como justificación de aquella afrenta, que eran, “…improductivas, por lo ociosas que se mantenían…”, pobre justificación, pues en realidad eran dadas al barbecho, que es la recuperación de la misma al dejar de sembrar durante uno o dos ciclos agrícolas.
Ahora, en 2024 asistimos a un nuevo ciclo de concentración de la tierra mediando el estado, asumiendo el control de las propiedades escogidas para luego entregarla a los amigos del régimen, sin excusa de orientarlas a un supuesto beneficio público, para en cambio ser expoliadas para beneficio privado.
Por esta vía reaparece la élite agrarista, con todos los vicios que supone, legitimando mediante leguleyadas aparentemente bien intencionadas, este nuevo saqueo, donde el estado de nuevo cumple el rol de cómplice necesario, como sucediera en los 70’s del siglo 19, garantizando mediante el uso de la fuerza militar y el instrumento judicial, su concreción, bajo el supuesto de beneficiarnos.
Entonces como ahora el beneficio es para esa pequeña élite financiera, mientras Juan Pueblo es simplemente despojado de lo suyo. Como en aquellos días.
Hasta ahora, diferentes asociaciones de campesinos han denunciado que son algo más de 225 las familias despojadas por decreto, sin que aparentemente se les reconozca como en aquellos días, el valor justo por sus propiedades, sino más bien nominal, que a su vez es absorbido por el estado pues el pago sale del erario público, así como ejecutado los trámites formales para legalizar la transferencia de esas tierras, mientras sus nuevos dueños, como sucediera en el siglo 19, solo las reciben incrementando sus haberes exponencialmente mediante esta treta seudo legalista.
Mientras, Juan Pueblo padece hambre, pues no se incentiva la producción agrícola interna, con trampas como esta, promoviendo en cambio la inseguridad jurídica, desfavoreciendo el emprendimiento agrícola.
Y que nos dice la historia sobre esto: solo podrá derivar en un mayor empobrecimiento de nuestra gente.
*Educador salvadoreño
