Sabemos que las desigualdades económicas y sociales en América Latina son de las más altas del mundo. Y estas desigualdades son, no solo un distintivo de la región, sino que también han sido un lastre para su propio desarrollo.
Por: David Castells-Quintana y Jaime Flórez Bolaños
U nas desigualdades caracterizadas cada vez más por altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza en manos de unos pocos. Ante esta trágica situación ¿Qué tanto están haciendo los gobiernos de América Latina?
En la gran mayoría de los países de América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos captura alrededor de la mitad, o más, del ingreso nacional, según datos de la base mundial de desigualdad (World Inequality Database) del World Inequality Lab, iniciativa conjunta de la Paris School of Economics y la Universidad de Berkeley. En Brasil la cifra es del 56.8%, en Perú del 57% y en Colombia llega al 60%, mientras que en la mayoría de los países desarrollados la cifra suele ser alrededor de la tercera parte. Con la riqueza sucede algo similar o incluso peor: el 10% de la población más rica captura más del 60% de la riqueza nacional y en algunos países, como Brasil, cerca del 80%.
Más llamativo aún es que el 1% más rico de la población concentraba en 2022 casi 43,5 de cada 100 dólares de la riqueza total, según el reciente informe EconoNuestra de Oxfam International, mientras que la mitad más pobre se debe contentar con tan solo 0.8 de cada 100 dólares. En otras palabras, los más ricos acaparan 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población. Mientras tanto, 183 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en América Latina.
La limitada capacidad redistributiva de los gobiernos latinoamericanos
Una razón fundamental por la cual la desigualdad se mantiene elevada es la poca eficacia de los gobiernos latinoamericanos para redistribuir la riqueza. Son varias las cosas que un estado puede hacer para disminuir la desigualdad, empezando por proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades de educación, salud, inserción laboral y de creación de empresas. El marco legal, comenzando por la legislación laboral (incluidos los salarios mínimos) también juega un papel crucial. Pero más a corto plazo, los estados redistribuyen a partir de impuestos (a priori más altos para los más ricos) y transferencias directas (a priori hacia los más pobres). En América Latina, estos sistemas, incluidos los tributarios y de gasto social, son aún deficientes.
Para evaluar la capacidad redistributiva directa de un estado, los economistas comparamos la desigualdad antes y después de la intervención estatal. Es decir, la desigualdad antes y después del cobro de impuestos y transferencias directas. Esto se hace comparando el coeficiente de Gini en la distribución de los ingresos (cero para máxima igualdad y uno para máxima desigualdad) antes y después de impuestos y transferencias.
En gran parte del mundo, solemos encontrar una reducción significativa de la desigualdad tras impuestos y transferencias. En la mayoría de los países europeos no solo la desigualdad es menor, sino que la reducción tras la intervención estatal es alta. En países como España y Francia, la intervención estatal puede reducir el coeficiente de Gini en hasta un 0.15 y en países como Suecia y Dinamarca, la reducción supera el 0.2. Estas diferencias pre vs post acción gubernamental (redistribución absoluta), demuestran el impacto de sistemas progresivos que distribuyen la riqueza desde los más ricos a los más pobres.
En muchos países latinoamericanos, por el contrario, la acción del estado es prácticamente nula y la desigualdad apenas cambia tras la intervención estatal. En Perú, por ejemplo, la desigualdad de ingresos antes de la acción estatal ha caído notablemente en los últimos años, pasando de valores cercanos al 0.6 (de los más altos del mundo) a valores del 0.45. Sin embargo, la acción del estado parece limitada, con una redistribución absoluta de media décima.
Algo similar sucede en Colombia, con una redistribución que en algunos años ha sido nula. En Brasil, a diferencia de Perú, el Gini antes de impuestos y transferencias se mantiene cercano al 0.6, pero tras la intervención estatal cae en una décima, siendo con Uruguay uno de los países con mayor impacto en la redistribución absoluta (calculada de esta forma como la diferencia entre el Gini pre y el post impuestos y transferencias).
Creciente concentración de la riqueza y la necesidad de reformas redistributivas
Para el agregado de 23 países de América Latina y el Caribe, las cifras son desalentadoras. En los últimos años ha habido un estancamiento en la disminución de la desigualdad que venía dándose desde principios de siglo. Y la acción de los estados no parece favorecer de forma significativa la redistribución.
En estos países coinciden una escaza capacidad redistributiva de los estados y una creciente concentración de riqueza en las manos de los más ricos. Esto, sumado a unos beneficios cada vez más elevados.
La situación preocupa y vuelve a traer a primera línea política la necesidad de reformas redistributivas en la región, muchas veces debatidas y casi siempre ineficaces. En esta línea, informe de Oxfam se suma a los llamamientos a reformas tributarias en la región y hacia un “Nuevo Pacto Social Latino-Caribeño” vertebrado alrededor de tres prioridades: el fortalecimiento de las políticas públicas de protección social; el avance hacia la universalización de los servicios públicos, y el impulso de los recursos públicos para hacer frente a los gastos que estos desafíos plantean.
Y lo anterior pasa precisamente por un mayor esfuerzo contributivo de las grandes empresas y fortunas de la región. Hasta hoy, el escaso esfuerzo redistributivo en los países latinoamericanos ha recaído en las clases medias, con los más ricos acaparando cada vez mayor proporción del ingreso y la riqueza. De ahí que se haga hincapié en la necesidad de aumentar la contribución de los más ricos y de las grandes empresas ya que estas últimas pueden contribuir a la reducción de la desigualdad tanto de forma directa como indirecta. La reducción de forma directa, por ejemplo, proporcionando empleos de calidad con salarios justos, o invirtiendo en las comunidades locales, mejorando infraestructuras y servicios básicos. De forma indirecta, contribuyendo más a las arcas públicas, lo que permita incrementar el gasto público social.
En plenos cambios del ciclo político en muchos países latinoamericanos, hemos de recordar que todo esfuerzo para disminuir las desigualdades, como para incrementar la redistribución, mejora no solo la cohesión social, sino que también, como lo han mostrado varios estudios, la sostenibilidad económica y el desarrollo en general. Por lo tanto, la lucha contra la desigualdad no solo sigue siendo tarea pendiente, sino que ha de ser una prioridad para los gobiernos de nuestra región.
