La Asamblea Legislativa, que es el nombre oficial del congreso salvadoreño, es vital para Nayib Bukele. Dominado por el presidente desde que su partido, Nuevas Ideas, ganó supermayoría en 2021, el legislativo le entregó la Corte Suprema y la Fiscalía General. le ha permitido aprobar la deuda pública que mantiene a flote las maltrechas finanzas del país y le abrió el camino para reelegirse en las presidenciales de este año a pesar de que el reenganche está prohibido por la Constitución. Hoy, el Congreso bukelista está envuelto en un nuevo escándalo de corrupción, uno más en su breve historia.
La última semana de julio de 2024, un grupo de hackers conocido como CiberinteligenciaSV hizo públicas las planillas de colaboradores de la Asamblea y la lista de 451 personas contratadas como asistentes legislativos por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Las bases de datos publicados revelan, entre otras cosas, que cada congresista de NI ha contratado un promedio de 8 asesores, entre camarógrafos, maquillistas, asistentes de prensa y relacionistas públicos, y que entre los empleados hay excongresistas que no pudieron reengancharse en las legislativas de este año, familiares de alcaldes y diputados oficialistas, modelos y edecanes, incluso exfutbolistas.
El pasado 5 de julio, en una reunión con su gabinete que fue ampliamente documentada en las redes sociales de la presidencia, Bukele habló del aumento de precios de artículos en la canasta básica, de la subida en casos de dengue y de posibles sanciones a comerciantes que han aumentado precios de productos alimenticios. Ahí, el presidente aprovechó para increpar a Ernesto Castro, su exsecretario privado y actual presidente del congreso, por permitir que una diputada de oposición recibiera una asignación de USD 20,000 para contratar asesores; Castro, dijo Bukele, había aceptado que “le metieron gol” con las contrataciones. La diputada opositora aclaró luego que recibía USD 11,000 mensuales, menos que el resto de los legisladores.
William Soriano y Alexia Rivas son dos de los pocos diputados oficialistas que se han referido al presupuesto utilizado para el pago de asesores. Sin desmentir la cantidad de USD14,500, ambos congresistas aceptaron que ellos reciben USD 8,500 para contratación de personal, y que el resto queda en manos de la bancada.
Cuando asumió, en 2021, la mayoría bukelista, encabezada por Ernesto Castro, dijo que terminaría con los privilegios de los diputados y las contrataciones excesivas de asesores legislativos. Acto seguido, el congreso echó candado a la información sobre planillas y asesorías y la declaró como reservada. Durante su primera gestión, además, Castro y sus diputados crearon comisiones que, se suponía, se dedicarían a perseguir la corrupción de legislaturas anteriores e interpelaron a varios excongresistas de oposición por gastos irregulares; algunos de esos procesos sí terminaron en acusaciones judiciales.
De a poco, mientras esto ocurría, los señalamientos a los diputados de Bukele empezaron a aparecer en investigaciones periodísticas y de organizaciones independientes. Hoy, la filtración informática ha revelado que los parlamentarios de Nayib Bukele siguen embarcados en las prácticas de usos presupuestarios por los que en público habían recriminado a sus antecesores
Luces, cámara… diputado
La fracción de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, es compacta: sus diputados votan siempre en bloque y lo hacen rápido cuando las iniciativas de ley o propuestas de acciones legales y jurídicas provienen de Casa Presidencial. Dos de las iniciativas recurrentes de Bukele, la renovación mensual del régimen de excepción decretado en marzo de 2022 y la aprobación de nueva deuda pública, por ejemplo, suelen ser aprobadas en minutos, sin discusión, y con dispensa de trámite, la figura legal que permite enviar una iniciativa directa al plenario sin pasar por la comisión legislativa correspondiente.
Así, con celeridad, Nayib Bukele ha obtenido 23 extensiones del régimen de excepción que limita los derechos constitucionales de los salvadoreños y fue decretado luego de la ruptura de un pacto de gobernabilidad que su gobierno tenía con las pandillas MS13 y Barrio 18. Y así, con rapidez y apenas discusión, el congreso ha avalado al Ejecutivo incurrir en la deuda pública que requiere para cumplir con gastos corrientes del Estado que no puede asumir de otra forma.
El procedimiento suele ser así: el presidente legislativo Castro convoca al plenario semanal sin que haya información pública de la agenda a discutir. Una vez instalado el quorum requerido, algún diputado de Nuevas Ideas, usualmente el jefe de bancada o alguno de los vicepresidentes del congreso, introduce la iniciativa con dispensa de trámite, la cual, sin haber sido discutida en comisiones o siquiera en el pleno, se aprueba en pocos minutos.
Así ocurrió en la sesión plenaria más reciente, realizada el 31 de julio pasado, cuando los diputados de Nuevas Ideas y partidos afines aprobaron, sin discusión previa, USD 1,274 millones de nueva deuda a través de la venta de títulos valores del Estado y de préstamos con el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, una de las pocas instituciones financieras internacionales que sigue prestando sin condiciones al gobierno salvadoreño. De ese dinero, al menos USD 20 millones irán a gastos discrecionales de casa presidencial. Ha sido, de hecho, el congreso bukelista el que más ha endeudado al país en los últimos años.
A juzgar por los tiempos breves que suelen utilizar para sus reuniones regulares las comisiones legislativas, encargadas por ley de llevar adelante las discusiones parlamentarias antes de someter dictámenes que serán discutidos por el pleno, parece que las decisiones llegan después de muy poca plática, o que no se toman ahí.
El 26 de julio pasado, por ejemplo, la comisión de tecnología, turismo e inversión, que se supone es la encargada de discutir legislación y presupuestos para la industria turística del país, una de las más publicitadas por el aparato de propaganda del gobierno Bukele, se reunió durante apenas seis minutos y un segundo, según un reporte del periodista político salvadoreño Denni Portillo. “Hey, Jude, la canción de los Beatles, dura 7 minutos con 11 segundos… Si le dan play a ambas al mismo tiempo, terminaría antes la comisión de la Asamblea que la canción”, dice Portillo.
Portillo, uno de los periodistas que mejor ha documentado lo que ha ocurrido en las legislaturas bukelistas, destacó en su cuenta X que, al 26 de julio de 2024, casi tres semanas después de que las declaraciones de Bukele destaparan el escándalo de los asesores legislativos, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas apenas se habían reunido en la Asamblea o asistido a entrevistas en los medios oficiales del Legislativo.
Un estudio citado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) asegura que más del 90% de las iniciativas de ley introducidas a la Asamblea Legislativa en los años de Bukele han llegado directamente de la presidencia de la república, y que la dispensa de trámite ha sido el mecanismo más utilizado para la aprobación de leyes. Ante esto, se pregunta el CEJ, “¿qué sentido tiene contar con un número excesivo de asesores si no hay evidencia del trabajo que realizan?”.
Discuten poco y se exponen menos, incluso ante comunicadores que ellos mismos contratan, cuando hay señalamientos que les atañen, pero se toman fotos, muchas fotos, que luego suben a sus redes sociales para, con sus rostros o sus cuerpos enfundados en trajes de cóctel como fondo, anunciar que asistirán a una sesión plenaria o que apoyan las iniciativas del presidente.
Buena parte de los asesores contratados por los diputados de Nuevas Ideas o por el congreso son comunicadores, fotógrafos, editores de imagen, administradores de contenido digital o relacionistas públicos. De los 451 asesores contratados por Nuevas Ideas, 133 están dedicados a labores de comunicaciones y afines de acuerdo con un análisis publicado por el periódico La Prensa Gráfica.
Legislaturas y diputados marcados por irregularidades
El asunto del despilfarro en asesores para diputados que discuten poco y promueven apenas el 10% de las iniciativas de ley en el congreso no es el primer escándalo que mancha el nombre de la bancada oficialista. Varios de sus diputados, los más conocidos y votados incluidos, han sido señalados por posibles actos de corrupción.
Ernesto Castro, el presidente del Legislativo y quien inició su carrera política en la gestión presidencial de Bukele como su secretario privado, está entre los señalados. Una empresa privada relacionada con Castro y su esposa, Michelle Sol, actual ministra de vivienda, recibió cerca de medio millón de dólares de una partida reservada de casa presidencial entre 2010 y 2011 según reveló una investigación del periódico digital El Faro. Cuando llegó a la Asamblea, Castro montó una comisión para investigar a exfuncionarios que habían recibido dinero de esa partida, pero se reservó poner su caso a discusión.
Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista en el congreso, admitió ante un juez la validez de un poder administrativo que lo vincula con una empresa que recibió centenares de miles de dólares en contratos públicos. Otra investigación periodística determinó que una compañía vinculada a este diputado había recibido contratos por al menos un millón de dólares durante la pandemia de Covid-19.
Uno de los que denunció casos como el de Guevara, primero en privado a asesores cercanos al presidente y luego filtró algunos datos a través de sus redes sociales, fue Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional de Bukele a quien el presidente acusó de revelación de secretos. Poco después de hacer públicas algunas de aquellas denuncias, Muyshondt fue detenido en agosto de 2023; murió bajo custodia del Estado en febrero de este año.
En 2021, cuando asumió la primera legislatura con mayoría bukelista, el diputado William Soriano publicó en sus redes sociales que él y sus colegas reformarían “el sistema de pensiones para llevar justicia y un retiro digno a los salvadoreños”. Un año antes, una empresa relacionada con su familia había sido demandada civilmente por no pagar las cuotas de pensiones a catorce trabajadores.
La familia de Soriano también estuvo vinculada a Alba Petróleos, el conglomerado financiero fundado por un político afín al chavismo a través del cual se lavaron millones de dólares. En 2021, el congreso bukelista, del que Soriano ya era parte, nombró fiscal general a Rodolfo Delgado, un abogado que había sido empleado de Alba Petróleos. Cómo reveló Infobae, Bukele y su entorno íntimo también recibieron millones de dólares de dinero venezolano.
La diferencia entre aquellos escándalos y las revelaciones de los asesores contratados por diputados de Bukele entre familiares, militantes partidarios, exdiputados, modelos y fotógrafos, es que el último ha generado una discusión interna en las filas del bukelismo que esta vez ha sido más pública. Un miembro de Nuevas Ideas que habló con Infobae desde el anonimato por temor a represalias aseguró que “hay malestar porque ya se ve a muchos diputados haciendo lo que dijeron que no harían y aprovechándose”.
(Por: Héctor Silva Ávalos. Infobae.)
