Por: MIGUEL BLANDINO.
Vamos a ver: toda democracia es una dictadura. La democracia burguesa es dictadura para la mayoría. La dictadura del proletariado se ejerce sobre la minoría.
En la política, lo fundamental es la disputa por el poder, precisamente para ejercerlo, no para contemplarlo ni para venerarlo como a un Dios.
El poder sirve para someter al otro. Al que está del otro lado, en la otra orilla del río de sangre. Así ha sido siempre porque no vivimos en un mundo ideal de iguales en derechos y en deberes, sino en un mundo real inequitativo y desigual, injusto y cruel con los más desprotegidos.
La diferencia entre uno y otro mundo se puede observar con toda facilidad con solo una breve mirada a la distribución del presupuesto general de la Nación.
Ahí están expresadas las orientaciones generales de política pública.
Pero mucho más importante es observar con cuidado y detenimiento la manera en que ese documento presupuestal se ejecuta en la realidad.
Pongamos por ejemplo a El Salvador.
Un primer vistazo rápido indica que la principal orientación del presupuesto general de cada año, desde hace años, es el estricto cumplimiento del servicio de la deuda. Bien, eso no está mal si el endeudamiento sirve para invertir en el desarrollo integral de la nación: en salud, educación, vivienda popular, promoción del empleo productivo, etc.
Pero, la verdad, ese no es el caso. El pago de la deuda sirve para pedir nuevos préstamos para proyectos que benefician de manera exclusiva a una reducida minoría social y sus servidores y soldados.
Es el poder en acción. Es la democracia burguesa y la dictadura oprimiendo a los pobres.
Pero, el total del presupuesto restante se distribuye principalmente en dos áreas: la social y la llamada nominalmente “de seguridad” (mantenimiento y desarrollo de las fuerzas represivas, las legales y públicas y las ilegales clandestinas).
A la hora de la verdad, cuando observamos la ejecución de lo presupuestado, vemos como se asignan fielmente los recursos para represión, e incluso vemos que se hacen modificaciones a medio camino y se incrementan.
Pero, por otro lado, el gasto social, que en el papel que aprueban los diputados representa un tercio del total, no solo no se ejecuta sino que se modifica a lo largo de todo el ejercicio fiscal, mediante transferencias hacia otros destinos ignotos que reciben la denominación genérica de “casa presidencial”, como observamos en esta última sesión del parlamento que, una vez más, mandó millones de dólares que solicitó el tirano sin especificar para qué los necesita.
Ese mismo rubro, en el apartado de Educación Pública, ya había sido modificado con anterioridad de dos maneras: reduciendo el gasto en salarios y reforzando el gasto en indemnizaciones. O sea, van a reducir plazas de maestros. Y tal vez, también, plazas de burócratas.
Vemos, así, que la educación no es prioridad y está en un franco camino hacia su eliminación progresiva del presupuesto.
Similar es el caso del rubro de Salud Pública. A lo largo del año fiscal se le reduce la asignación para el mantenimiento de la infraestructura de clínicas y hospitales, abastecimiento de farmacias y de salarios de personal médico y auxiliares. Eso indica que la salud pública tampoco es una prioridad y que, muy probablemente, la meta es la privatización de los servicios de salud.
Es, ni más ni menos, que el poder en acción.
Ahora, si observamos hacia dónde se dirigen los beneficios y hacia dónde los agravios, tenemos claro para quien es la democracia y para quien la dictadura y, sobre todo, por qué.
Es que no estamos ante un ejercicio de la lógica aristotélica en el que si A = A, no puede ser B al mismo tiempo, a menos que también B = A.
En la sociedad salvadoreña opera perfectamente el principio de contradicción de clases, porque la sociedad está dividida en clases que no solo no son iguales sino que son irreconciliablemente contrarias, enemigas de modo inevitable, porque los intereses de una anulan los intereses de la otra.
¿Es válido hablar de democracia en El Salvador? Sí . Claro que sí. Pero haciendo explícita su orientación de clase: democracia popular, o sea, democracia para las mayorías. Por eso el Estado resultante de la toma del poder debe ser indiscutiblemente una República Democrática Popular.
Sin ambages, esa tiene que ser, como efecto directo e inmediato del ejercicio del poder popular en defensa de los intereses de clase de la mayoría, una dictadura sobre la minoría extremamente codiciosa a la que se le ponen límites.
En el caso del gobierno de bukele, el ejercicio del poder real beneficia a la minoría ilimitadamente codiciosa y daña, tal vez de modo irreversible, a la inmensa mayoría, incluso a la que hasta hoy -al menos en apariencia- le muestra simpatía y apoyo: es una democracia burguesa y una dictadura opresiva para las mayorías que la sufren bajo la inclemente bota de un tirano mórbidamente cruel e incapaz de sentimiento alguno de piedad.
En este día cuando se habla con tanta prontitud sobre dictaduras, vale la pena y es esencial la pregunta ¿dictadura sobre quién, democracia para quién?
