Abogados de organizaciones de derechos humanos solicitaron este jueves (08.08.2024) a la Fiscalía General de El Salvador que investigue al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) por «no responder» ante las muertes de niñas y niños registradas en cárceles del país centroamericano, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción.
El abogado Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), explicó a periodistas que se trata de un aviso penal entregado en una de las sedes de la Fiscalía en Salvador contra el CONAPINA y su directora, Linda de Morán.
Joya señaló que el CONAPINA y Morán «han cometido los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes al no dar respuesta ante las muertes de niños en cárceles y menores que han quedado en la orfandad por la captura o muerte de sus padres». Amplió que, en 2023, presentaron ante el CONAPINA un escrito para que «tomara cartas en el asunto ante esta situación», pero aseguró que «no hubo ninguna acción».
«No observamos, desde el escrito presentado en septiembre de 2023, que las autoridades competentes, el ente rector que tiene que velar por la protección de los derechos de los niños y adolescentes en este país (…) haya dado una respuesta, ni haya investigado», añadió Joya.
Según la abogada Ivania Cruz, también miembro de UNIDEHC, «son al menos 918 menores de edad los que se encuentran en condiciones deplorables en las cárceles junto a sus madres, detenidas por el régimen».
La organización humanitaria Cristosal dio a conocer recientemente, luego de una investigación, que cuatro bebés han muerto en las cárceles de El Salvador. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) reveló en un informe que el CONAPINA indicó a las autoridades de Estados Unidos que se detuvo a 3.319 niños y niñas entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, con 841 que seguían detenidos en enero de 2024, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 siguen cumpliendo condena.
El Congreso aprueba la prórroga 29 del régimen de excepción
En tanto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), avaló este jueves la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Con los 57 votos de 60 -todos de NI y sus aliados- se aprobó dicha extensión de 30 días, con lo que sigue suspendido hasta el 7 de septiembre de 2024 el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Estas 29 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado «sanar» al país de las pandillas y que la Constitución señala que, una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Según el decreto aprobado, la medida se justifica a raíz de los «remanentes» de las pandillas que «continúan produciendo actividad delictiva, constituyendo estos grupos en el enemigo y más grande amenaza que el Estado debe enfrentar».
Miles de personas capturadas en El Salvador
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le consiguió a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
El Salvador registró en 2015 su año más violento desde el final de la guerra civil con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2016 comenzó una tendencia a la baja que se acentuó con la llegada de Bukele al poder.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro aseguran que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales. El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios de confianza de Bukele por supuestamente participar en reuniones con representantes de las pandillas.
