Desde el año 2019, se estableció en la Organización de las Naciones Unidas, el 22 de agosto como el Día internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia.
Por: Gabriel López Delgadillo
E sta fecha permite recordar también “que los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos aquellos pertenecientes a las minorías religiosas y su derecho a ejercer su religión o creencia libremente” (ONU, 2020).
Un país que tiene una problemática con las leyes vigentes en la materia es La India. De manera reciente, su presidente Narendra Modi, declaró que, «Las leyes que dividen el país en líneas religiosas deben derogarse. No tienen cabida en una sociedad moderna» (La Nación, 2024).
Propone unas adecuaciones al código civil actual, que favorece algunas religiones, y es utilizado para establecer discriminación a minorías religiosas (HRW, 2024) y a creyentes mediante leyes de anticonversión religiosa (López Delgadillo,2023). Partiendo de estas premisas, Modi propone un código civil laico que elimine las prácticas religiosas que determinan lo relativo al matrimonio, el divorcio, la adopción, la herencia y la posición social de las mujeres en sus reglamentaciones sociales (HindustanTimes, 2024; The Edge Malaysia, 2024).
Son varios los países americanos donde hay ejemplos de intolerancia para otras maneras de creer. Tal es el caso de la vivienda y templo de una pareja de pastores evangélicos de la ciudad de Santa Marta, en Colombia, que fue incinerada después de recibir varias amenazas por predicar su religión (El colombiano, 2024).
También, están los constantes casos de intolerancia que el gobierno de Nicaragua establece a la iglesia católica, a la que declara de manera constante como opositora a la administración actual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró que desde 2018, cuarenta y seis sacerdotes y obispos fueron excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos.
Además, que desde octubre del 2023 más de doscientas personas fueron desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país por motivos de religión (Infobae, 2024; Religión digital, 2024).
En México, en el estado de Oaxaca, fue incinerado un templo evangélico en San Juan Lalana (El imparcial de Oaxaca, 2024). Ante la constante incidencia de estas problemáticas, la legislatura del Congreso local de Oaxaca, aprobó un acuerdo con 33 votos a favor para implementar capacitaciones a sus 570 gobiernos municipales y a la Defensoría de derechos humanos del pueblo de Oaxaca (Primera línea, 2024).
Según lo expuesto por esa Legislatura “por lo que respecta al estado de Oaxaca, se han registrado conflictos donde se han detectado amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposiciones de multas, arrestos de más de 24 horas, la negativa de proporcionar servicios indispensables” (RIOaxaca, 2024).
En Hidalgo, documentamos aquí (López Delgadillo, 2019, 2023b) las reiteradas problemáticas en Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla de Reyes y otros municipios donde se establece la violencia y el despojo de la propiedad privada y ejidal para las familias evangélicas y otras que no profesan la religión católica.
También, de la expulsión de los afectados de sus casas y localidades (Síntesis, 2024; Vía libre, 2024). Hoy, es importante recordar a las víctimas de intolerancia religiosa y establecer el Derecho a la libertad de religión y consciencia en nuestras sociedades globales.
*Investigador independiente, México
