La Asamblea Legislativa de El Salvador enfrenta críticas por la demora en la elección de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bajo fuego de sectores minoritarios en el foro, los diputados del partido Nuevas Ideas encabezan las entrevistas a candidatos a la CSJ y mientras en la semana también revisarán iniciativas económicas, entre ellas una relacionada con el controversial bitcoin, la segunda moneda de curso legal en el país.
Para este lunes está prevista la sesión de la Comisión Política para continuar con las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con críticas encaminadas a evitar que los abogados nominados tengan vínculos de algún tipo con los partidos políticos.
Tras no avanzar el 31 de julio en la elección de los cinco magistrados propietarios y los cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Parlamento es criticado porque presuntamente violó la ley, a no elegir ni confirmar el 1 de agosto a los nuevos magistrados que regirán los procesos electivos en el país hasta 2029.
Fuentes del legislativo y los propios debates confirman que los diputados no se ponen de acuerdo en la elección de los miembros TSE y la CSJ, mientras aumentan las críticas opositoras de que la demora viola la ley.
Esta situación llevó a la organización consorcio Observa El Salvador a alertar que se debe evitar «un nombramiento inconstitucional” de los miembros del foro por relaciones formales o materiales con partidos políticos del país. Por otra parte, las dos leyes pendientes de discusión del Ejecutivo fueron presentadas por el Ministerio de Economía. Una de ellas es un pliego de reformas a la Ley de Activos Digitales para dejar plasmadas las «normas de conducta para los proveedores de servicios de Bitcoin».
Las reformas obligarán a los proveedores a mantener un programa contra el lavado de dinero que cumpla con la Ley contra el lavado de dinero y los indicadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
El marco normativo contempla inicialmente una exención de cinco años del impuesto sobre la renta para las Fintech que se funden luego de aprobada la ley. Ambas normativas serán estudiadas por la Comisión de tecnología, turismo e inversión.
La Fintech es la conjunción de dos vocablos: finanzas y tecnología, y se denomina así a aquellas empresas que buscan ofrecer soluciones financieras haciendo uso de tecnologías centradas en el usuario. (PL)
