Las construcciones elaboradas por los gobiernos en sus períodos, además de funcionalidad, aportan al desarrollo de comunidades y del estado en general, diseñando con el ánimo de imprimir su impronta ante la historia.
Así, por ejemplo, Hernández Martínez introdujo el denominado tren bala acompañado de una narrativa desarrollista, aportando y favoreciendo exclusivamente al café, a su movilidad.
El transporte de la población fue ulterior, y no la función primaria.
Otra de sus grandes obras lo fue el llamado puente de oro, con el que se aseguró la conexión terrestre con el oriente del país.
Estas costaron el oro del país, de ahí sus epítetos, y el desarrollo que generó fue focalizado, enriqueciendo exclusivamente a la oligarquía cafetalera y en un menor grado a sus conexos, mientras el resto de la población sufrió incluso una mayor depresión que la que padeció previamente.
Partamos del hecho de que aquel fue un gobierno ilegal, que procuró legitimarse a través de obras de gran talla que produjeron gran impacto social, como la seguridad que implementara mediante el terror.
No olvidemos que, por extensión y para mantenerse en el gobierno, Hernández Martínez modeló al aparato judicial de acuerdo a sus intereses, siendo este el que lo justificara además del ejército.
Aquella arquitectura se distingue por su grandeza, y los que somos mayores aún podemos recordar algunos de sus rasgos, pues subsistieron hasta la primera parte de los 80´s cuando en razón del conflicto armado el último fuera derribado por razones geoestratégicas, mientras el primero cayó gradualmente en desuso.
Ahora tenemos algo muy similar, padeciendo un gobierno ilegítimo, que procura también legitimarse mediante el uso de la fuerza para aparentar un control cuestionable por sus precedentes, sobre el delito y el crimen organizado, cuando en realidad esta es una medida orientada a disuadir a la población con sus demandas en materias política, económica y social.
Por otro lado, las grandes obras adelantadas bajo esta gestión, son en buena parte un legado de la anterior administración, que las contratara y las financiara entonces, pero que fueran completadas e inauguradas bajo la presente, como oportunistamente apropiadas y presentadas como suyas por el régimen actual; otras son producto de donaciones, como lo es el caso de la BINAES y las demás que la RPCH entregó y entregará en breve, pero que también son el producto de negociaciones de la gestión Cerén, mientras las otras, como es el caso del periférico en San Miguel y las demás como esta, son en realidad ampliaciones de obras preexistentes, y las denominadas cities, surf y bitcoin, terrenos expropiados a pequeños tenedores injustamente amortizados por el régimen, para el beneficio particular de los nuevos dueños, la élite financiera que siempre usó al estado para enriquecerse gratuitamente, donde el pueblo está vedado.
El resto es producto de la masiva manipulación mediática que de la población se hace, abusando de su sencillez y simpleza, imponiendo una narrativa que no se corresponde con la realidad.
Pretendiendo así ser el reinicio para el país.
