Nuestra historia está plagada de injusticias, que para colmo transcurridos los años y siendo incluso conocidos sus pormenores, siguen impunes.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
U n crudo ejemplo es el asesinato de Monseñor Romero, quien fuera asesinado en marzo 24 de 1980, siendo el responsable intelectual de inmediato reconocido, lo que con los meses fuera confirmado al contenerse una intentona de golpe de estado tramado por este mismo y sus secuaces, así como ratificado testimonialmente por algunos de sus cómplices, lo que sin embargo a la fecha no ha movido al estado salvadoreño a promover la justicia para con los responsables sobrevivientes.
Qué decir de los miles de asesinatos atribuidos a agentes del estado durante el conflicto armado, y en un porcentaje muchísimo menor, de acuerdo al informe de la comisión de la verdad, por su contraparte.
Entonces esto ha construido toda una cultura de impunidad, cuando los delitos son cometidos por grupos de poder, lo que podemos confirmar por la experiencia, pero además por los informes que por separado la demuestran, con evidencia y ante los tribunales en una búsqueda crónica de justicia, que expone esta negligencia criminal ante la justicia internacional que ya se pronunciara demandando además justicia.
Una conducta que evidencia dicha conspiración estatal, es la que sin ambages manifiesta el propio fiscal general, quién declara “no ver problemas en que mueran algunos en las cárceles”, lo que es válido cuando fallecen de causas naturales, más no cuando la evidencia apunta a un descarnado asesinato, el cual cometen indefectiblemente los agentes responsables de su custodia.
El pasado domingo 8 de septiembre, una familia al sur de la capital, veló a su padre, el cual les fue entregado en el hospital Mazzini de Sonsonate luego que el 7 se les avisara que había fallecido. Las causas supuestas de su fallecimiento fue una afección respiratoria, pero el cuerpo presenta lesiones que son consistentes con una golpiza, lo que no fuera explicado al ser entregado.
El hombre estaba detenido desde que iniciara el estado de excepción, al igual que los más de 500 salvadoreños fallecidos en similares circunstancias, de entre los cuales varias decenas ya presentaron su queja ante el sistema interamericano de justicia por la imposibilidad que acá se les imparta justicia.
Debemos sumar las decenas de casos de cruda tortura verificada y derivados de los arbitrios que se cometen en contra de los detenidos, de entre los cuales el propio régimen reconoce al menos 10,000 que habrían sido detenidos de modo injusto, lo que implica que la cifra real de detenidos arbitrariamente, en términos estadísticos, rondan los 35,000.
Sin duda tanto los responsables materiales de estos hechos, como los elementos que los promueven, apuestan a compartir la impunidad de la que gozan todos los verdugos del pasado.
Lo referido arriba es solo una muestra que no conforman todos los delitos del régimen, que ha arruinado literalmente, la vida de miles de salvadoreños porque sí, y no puede, ni debe quedar impune esta vez.
*Educador salvadoreño
