La noche del sábado 14 de septiembre, la tragedia golpeó a Tocoa, Colón, cuando un ataque dirigido a Juan López, destacado defensor de los derechos humanos y regidor de la alcaldía local culminó en su muerte. López, que acababa de salir de una misa en su comunidad, subió a su vehículo cuando sicarios le dispararon. En cuestión de minutos, su vida se apagó.
E l asesinato de López llega poco después de que él y otros líderes locales demandaran, en una conferencia de prensa, la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. La solicitud se basó en las graves acusaciones de su implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, reveladas en un video reciente divulgado. En la grabación, Fúnez aparecía junto a Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, en una conversación sobre sobornos de narcotraficantes, entre ellos “Los Chachiros” y Mata Walduraga, destinados a políticos del gobierno actual.
Pedimos su renuncia voluntaria porque la situación moral en el municipio es insostenible. Si no accede, dependerá de la presión popular forzarlo a dimitir, ya que no es la persona adecuada para liderar el destino de la ciudad, declaró López en la conferencia.
“La conducta del alcalde Adán Fúnez debe ser sometida a un proceso administrativo, y podría llegar a un ámbito judicial. Es tarea de los órganos competentes del Estado investigar, el partido ya ha emitido una resolución del Tribunal de Honor. Exigimos transparencia y una renuncia efectiva”, agregó.
Para el abogado José Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el asesinato de Juan López tiene una clara intencionalidad. Según Acevedo, los criminales se aprovecharon del fervor de las celebraciones de independencia para perpetrar el ataque. «Ahora corresponde al Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables del crimen, no solo los autores materiales, sino también los intelectuales. Además, es crucial que se esclarezca la responsabilidad de quienes han causado daño en la región, incluidos aquellos que han afectado los ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras», señaló.
Acevedo subrayó que el asesinato de López es una responsabilidad directa del Estado hondureño. Juan López contaba con medidas de protección y, además, se sabe que la región del Aguán es un área de alto riesgo para los defensores de los derechos ambientales y territoriales.
En un reciente informe titulado «Voces Silenciadas», la organización Global Witness documentó la violencia contra quienes defienden la tierra y el medioambiente. El informe revela que, en 2023, 196 activistas fueron brutalmente asesinados en el mundo, Honduras liderando la lista con 18 de esos casos.
El documento destaca que Honduras mantiene la tasa de homicidios más alta de Centroamérica y muestra un preocupante aumento en los asesinatos de defensores del medioambiente y la tierra entre 2012 y 2023.
Exigen investigación independiente
El sacerdote jesuita Gregorio Vásquez, en representación del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús en Honduras, ha demandado una investigación exhaustiva del asesinato de Juan López. «Exigimos una investigación a fondo que conduzca a la captura y enjuiciamiento tanto de los ejecutores materiales como de los responsables intelectuales y financieros del crimen», declaró en Radio Progreso Vásquez.
Ante las preocupaciones sobre la efectividad e independencia del Ministerio Público, el Consejo Nacional Apostólico solicita que la investigación sea asistida por entidades internacionales competentes. Además, han instado al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los defensores en la región del Aguán, quienes, como López, luchan contra la explotación minera que amenaza el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras. También han pedido la cancelación de contratos mineros, la clausura de la termoeléctrica y la expulsión del alcalde Adán Fúnez de su partido, así como su enjuiciamiento.
Isabel Albaladejo, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha instado al Estado hondureño a llevar a cabo una investigación minuciosa sobre el asesinato de Juan López. Albaladejo destacó la necesidad de considerar las amenazas previas que López había denunciado como defensor de los derechos humanos, así como la posibilidad de represalias vinculadas a sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez, a quien Juan había exigido la renuncia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción. Esta petición subraya el llamado de la Oficina del Alto Comisionado a que el Estado garantice una investigación imparcial y efectiva.
En respuesta a la responsabilidad del Estado en el asesinato de López, debido al incumplimiento de las medidas de protección que debían garantizar, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, expresó su pesar y aseguró que están trabajando para acelerar la investigación. «Nuestro objetivo es ver a los responsables materiales e intelectuales del crimen encarcelados», afirmó la ministra.
Álvarez reconoció la responsabilidad del Estado en el caso, señalando deficiencias en la aplicación de las medidas de protección, especialmente en el ámbito de la Policía Nacional, que conocía las amenazas que enfrentaba López. La ministra también destacó la falta de presupuesto para el Mecanismo de Protección, que actualmente enfrenta dificultades para atender a la gran cantidad de defensores y defensoras amenazadas. «El Mecanismo de Protección es insuficiente y no responde adecuadamente a las necesidades de quienes defienden sus derechos. Además, el modelo extractivo vigente en Honduras sigue siendo una amenaza para las comunidades que se oponen a su presencia», concluyó.
Juan López fue un defensor comprometido con la defensa de los bienes naturales y los territorios, esa lucha le trajo amenazas, intimidación, agresiones, encarcelamiento y finalmente la muerte.
En medio de lágrimas, Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), expresó el profundo dolor, indignación y rabia que deja el asesinato de Juan López. «No confiamos en la justicia de Honduras, pues no hemos visto resultados a lo largo de los años», comentó Banegas con una voz cargada de emoción. «Este valle del Aguán ha sido masacrado. Hemos luchado y seguimos en riesgo. El gobierno nos dice que no olvidemos que somos resistencia, pero hasta ahora no ha hecho nada. Esperamos que la voluntad política se traduzca en acciones concretas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.»
Banegas, con firmeza, hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que actúe contra el narcotráfico en la región y ponga fin al patrón de violencia dirigido contra quienes defienden los derechos en Honduras. «Han establecido un patrón de asesinato. Lo utilizaron con Berta y ahora con Juan. Amenazan, criminalizan y luego asesinan», denunció Banegas.
Fuente: adioprogresohn.net
