Las cosas se ponen cada vez más oscuras para la clase trabajadora en el sector público, el anuncio de que para el 2025, se presente un presupuesto sin deuda, lo que no es tan cierto, la deuda está contratada con diferentes organismos financieros y otros que suman alrededor de 1,100 millones de dólares; y en cada período fiscal hay que presupuestar la cuota que corresponde pagar.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
S abemos que un presupuesto responde a un plan de lo que el país o el gobierno quiere hacer en beneficio de los grupos económicos dominantes, los que tienen y ganan miles de millones al año.
Las presiones para que el presupuesto se equilibre, está vinculado con demandas del fondo monetario internacional (FMI), donde el gobierno debe reducir sus gastos hasta cierto porcentaje del pib; y de esa manera el presupuesto según ello tenderá a equilibrarse; como las cuestiones siguen en una falta de transparencia, no se conoce a ciencia cierta, si la negociación ha llegado a aceptaciones en la vía de reducir los gastos del gobierno; sin embargo, los despidos que están presentándose en diferentes instituciones públicas, desacreditan la medida, por cuanto no responden a una situación planificada y menos en pro de la clase trabajadora.
La acción de la que hablamos es en términos concretos un ajuste estructural, por las presiones del FMI, y se habla de un ajuste de la masa salarial, lo que estaría implican que unas 11,115 plazas serán eliminadas. Ya hay síntomas de esta situación con los anuncios de diferentes recortes presupuestarios en muchas instituciones públicas; por tanto, se va haciendo indispensable que las organizaciones sindicales en el sector público, reorienten su lucha para primero empoderarse de la situación de despidos, suspensiones y todo tipo de intimidaciones y acciones que criminalizan la protesta y la denuncia, lo que está llevando a un claro debilitamiento de demandas en los sindicatos.
De lo que hablamos es que un presupuesto sin deudas y equilibrado, estaría implicando la disminución y/o anulación de subsidios a la población; menores fondos a la educación, para el caso ya no apoyar y eliminar partidas presupuestarias de la Universidad de El Salvador, para cubrir el funcionamiento de otras edificaciones descentralizadas, que tiene un efecto directo en la matrícula de estudiantes. También lo referente a despidos, presiones para aquellos que ya están jubilados, o tienen los requisitos cumplidos para que presenten su renuncia. E igualmente el recorte al pago de pensiones, o no pago de indemnizaciones por la falta de fondos para ello.
Una situación así requiere que se fortalezcan los procesos de unidad sindical, que vaya disminuyendo la crítica sin sentido que no deja ver el tsunami que va dando señales, mucha de la acción sindical es aislada y sectaria y, ello no permite enfrentar la dimensión del problema. Equilibrar el presupuesto ha dejado de lado la aplicación del escalafón de los trabajadores de la salud y docentes, la anulación de contratos colectivos, implicando la anulación de conquistas históricas; el punto acá es que ante expresiones y realidades de que “no hay dinero y existe una situación de crisis que nos presenta un panorama de deterioro económico de los fondos públicos”, algo deberá hacerse.
El asunto de un presupuesto equilibrado y sin deuda, no es posible y estamos tratando con una cortina de humo más del Presidente Bukele, en su accionar por mantener los números de apoyo poblacional; los efectos que implican un recorte en las prestaciones económicas y en la masa salarial, tendrían como consecuencia un mayor número de despidos, una grave afectación en los grupos familiares de estas personas trabajadoras despedidas, no obstante los diferentes recortes de esos fondos se acumulan en el fondo general de la nación y en Casa Presidencial para redirigirlos con otras finalidades que no son prioritarias de cubrirse; una serie de gastos para sostener un aparato de poder y control, en detrimento de mejores y más eficientes servicios públicos.
Sabemos que los recortes en el presupuesto, son presiones de organismos financieros por el alto nivel de endeudamiento público, donde tarde o temprano podría no pagarse; y son más críticos, cuando hay problemas de recursos para cubrir los fines del Estado como educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda, transporte público y otros; y dejar sin empleo a quien no las debe es un problema de injusticia social de graves dimensiones y consecuencias.
Es claro que para que ello no degenere en una situación de mayores impactos negativos en la población, debe existir una reforma fiscal que el régimen Bukele no ha tenido en consideración, para el caso un impuesto al patrimonio, existen cerca de 160 personas que acumulan riquezas mayores a los 5 millones anuales, y un grupo muy reducido presenta ganancias mayores a 1,000 millones de dólares.
O gravar a las multinacionales en tasas del 15%, a partir de acuerdos regionales; un mayor control de las exenciones y beneficios fiscales, para el caso de la industria de la maquila que hasta hoy no ha mejorado la estabilidad y cantidad de puestos de trabajo y ha estado protegida con altos niveles de elusión fiscal.
*Sindicalista salvadoreño
