El Centro de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLC) de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) registró 73 vulneraciones al espacio cívico salvadoreño entre enero y agosto de 2024, referidas a afectaciones al derecho de libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica.
De esos, 36 corresponden a la libertad de expresión, que equivale al 49.3 %; 28 casos se relacionan a la libertad de asociación, el 38.4 % y nueve a la libertad a la reunión pacífica, que representa el 12.3 %.
Retenes policiales y exigencia de permisos especiales para participar en manifestaciones públicas son algunas de las vulneraciones registradas de enero a agosto de 2024
«Durante estos primeros ocho meses de monitoreo, el numero de casos relacionados con la libertad de expresión subraya la necesidad de continuar vigilando y promoviendo el respeto a las libertades cívicas, así como garantizar que se cumplan los estándares internacionales en materia de derechos humanos», señala la organización.
El sistema de monitoreo es una herramienta enfocada en registrar, sistematizar y denunciar las condiciones que afectan el espacio cívico en El Salvador y los marcos normativos que limitan los derechos humanos.
Al revisar el perfil de personas o entidades afectadas, se obtuvo que la mayoría fue en contra de periodistas, seguido de líderes sindicales o activistas, defensores de derechos humanos, luego contra organizaciones sociales, contra miembros de partidos políticos, contra manifestantes y contra miembros de la comunidad LGTBIQ+.
En cuanto a los agresores, en 28 casos fueron funcionarios públicos, en 19 casos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en cinco casos una Alcaldía Municipal, en cuatro casos fueron simpatizantes de partidos políticos, en cuatro casos fueron usuarios de redes sociales, en tres casos fueron empleados públicos, en tres casos el Poder Judicial, en tres casos fueron empresas privadas, tres casos por desconocidos y en un caso el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.
En el caso del derecho de reunión, los días 1 y 18 de mayo de 2024 se registraron intentos de desarticular reuniones pacíficas, mediante retenes y solicitudes de permisos innecesarios.
«Si bien el gobierno puede establecer restricciones o puede establecer medidas de seguridad, éstas tienen que ser proporcionales y esto está basado en estándares internacionales, incluso las restricciones o las autoridades deben demostrar que las restricciones, son legales, necesarias y proporcionales», dijo Diego Vargas, técnico jurídico de FESPAD.
Se registraron discursos estigmatizantes contra organizaciones de derechos humanos, lo que también implica una reducción del espacio cívico.
De que ahí que instan al gobierno a habilitar mecanismos de diálogo con la sociedad civil. «Ni siquiera estamos pidiendo que se comprometa a algo, sino que establezca un mecanismo formal para escuchar. Eso es básico», afirmó Carrillo.
Piden que interpongan sus buenos oficios las Relatorías de Libertad de Expresión y de Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación de las Naciones Unidas; así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.
