El 91 por ciento de los salvadoreños estima que la información del fraude de 35 millones de dólares en la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi) debe ser pública.
U na consulta en línea del diario La Prensa Gráfica (LPG) “¿Considera adecuado que la Superintendencia del Sistema Financiero haya reservado por siete años la información relacionada al desfalco de Cosavi?», mostró que apenas el cinco por ciento de 867 personas que respondieron dijeron que sí.
Cosavi es el caso que llevó a la muerte a varios jefes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos a su Director comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, mientras trasladaban a Manuel Coto, exgerente de la entidad, quien se encontraba prófugo y fue detenido en Honduras.
La reserva de información tiene vigencia hasta 2031. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) también reservó los procesos que lleva junto a la Fiscalía.
Según LPG en el Índice de Información Reservada de la SSF también aparecen bajo reserva “todos los procesos en trámites y tramitados que estén en dicha institución y estén relacionados a la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Para especialistas en transparencia y corrupción consultados por LPG esta reserva de información es “injustificada” y refleja “opacidad a la hora de realizar la gestión pública”.
Citado por la publicación, Henri Fino, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), consideró que este tipo de reserva es para “ocultar a funcionarios” involucrados con dicha cooperativa, pues ya se conoció que esta financió a varias alcaldías y que había una falta de control sobre el trabajo que realizaba.
La reserva es para que nadie se dé cuenta de quiénes son los verdaderos deudores. El problema acá es de control y es parte de todo el oscurantismo que ha estado envuelto en este proceso de Cosavi”, aseveró Fino. (PL)
