Lo concreto de todo este vaivén político-social, es lo negativo para los intereses de la clase trabajadora, por cuanto el salario mínimo no aumenta ni se concreta en una realidad para el bienestar de más de un millón 300 mil personas trabajadoras que por hoy lo gozan.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
L a crisis, según el sector empresarial y gubernamental de manera asolapada y poco clara, es que el factor de aumento al salario mínimo en un porcentaje determinado, está tan politizado y se ve como un problema en la economía de costes laborales para las empresas en la producción de bienes y servicios. Y no en el factor de mejoría del poder adquisitivo de la gente trabajadora y por consiguiente un refuerzo al mercado interno.
En el gobierno del FMLN, el salario mínimo se analizó en una necesidad sustantiva, y su aumento (2017) mejoró la economía en los hogares, se tradujo en un mayor nivel de compra, dinamizando la economía en la producción de bienes y servicios—es decir aquellas empresas locales micros, pequeñas y medianas, se vieron oxigenadas en su venta de productos.
Eso pasa con las remesas familiares, que llegan directamente a las familias inyectando ganancia al sector bancario, y generan un poder adquisitivo que se distribuye en la economía nacional y, mantiene a las empresas locales con un valor agregado importante. Para la concreción de un porcentaje de aumento de salario mínimo, hay estiras y encoges que obstaculizan que lo haya, sosteniendo que va existir inflación (aumento de los precios), lo cual no es tan cierto, por cuanto las variables de producción los costes laborales (salarios) son menores en comparación con lo que implican otros factores de la producción como la energía eléctrica, materias primas, transporte y otros insumos.
La ley laboral es clara en su texto de que el salario mínimo debe ser revisado cada tres años; ello conlleva que se trata de una variable en la economía que genera dinámicas propias y por ello está establecido. Pero acá tenemos problemas introyectados que no lo viabilizan, surgiendo medidas siempre opositoras a generar un beneficio importante a un buen número de población que lo percibe o tiene alguna relación. Bukele en agosto 2021, aprobó un subsidio para la empresa en un tiempo determinado que se desconoce sus resultados.
Confusiones, pues en todo surgen cosas positivas como negativas, para el caso en la industria de corte y confección (maquilas) en la producción existen incentivos elusiones fiscales, que no son devueltos en mejora de empleos y condiciones de trabajo, ni se tiene claro un balance de los costos de producción que han beneficiado a la empresa, medida que significa para las personas que allí laboran gozar de un salario mínimo menor que la industria en general; y para la población en general no tener la oportunidad de que esos impuestos no cobrados se distribuyan en su beneficio; y no sólo para para el sector textilero.
En otro ángulo, hay un sistema de bonos por producción, que la lucha sindical está porque se incluyan en el salario, pero el abuso empresarial es tal que cuando aumenta el salario mínimo, para mantener los niveles de ganancia, los bonos siguen, pero las metas de producción aumentan, y algunos grupos laborales arguyen dicho aumento de metas responsabilizando al incremento del salario mínimo, y dan la sensación de oponerse.
En cuanto a declaraciones de funcionarios, economistas, sindicatos y las posturas referente al tema del salario mínimo, dan pauta que hay demagogia como el hecho que el Ministro de Trabajo, esté aduciendo que la responsabilidad es del Presidente Bukele, esto es claramente un lavarse las manos y no asumir su responsabilidad y funciones, de acuerdo a la ley, ya pasaron los 3 años y no hay indicios de alguna revisión; y ello por cuanto el régimen de Bukele es anti dialogante, y sólo su persona es capaz de dar, quitar o seguir iguales.
En consecuencia, habrá o no aumento al salario mínimo es algo que necesita de organización y lucha para presionar su concreción, las acciones como los agromercados, como lo fueron los 300usd y bolsas de víveres durante la pandemia, son cortinas de humos que van paliando una clara necesidad por el costo de vida aumentado, sobre todo en la materia alimentaria. Lo cierto es que el salario mínimo no alcanza y las demandas por un 25% o más están en los límites para el análisis, pero el CNSM, ente obligado a cumplir la función—no dice esta boca es mía, y quieren hacerse fácil su labor esperando que de arriba les digan qué hacer.
Los agromercados quitan los intermediarios y van a la población en general, pero sin embargo hay un subsidio de recursos públicos, que se pone para que puedan los alimentos (verduras, frutas y otros) llegar a un precio accesible, pero no es sostenible y el país se convierte en un importador neto en detrimento y perjuicio de la soberanía alimentaria; cero políticas agrarias y cero desarrollo económico del agro nos hacen esperar que el salario mínimo sigue siendo más necesario que nunca; y es cuestión de demandas que deben ser retomadas, no olvidando lo relativo a la lucha contra los despidos, la anulación de los escalafones y otras cuestiones medulares que dividen la lucha social y sindical.
*Sindicalista salvadoreño
