Entre fraudes, desfalco estatal y «Crisis de Confianza».
Por: Miguel A. Saavedra
E l cooperativismo salvadoreño de ahorro y crédito enfrenta una encrucijada crítica. Las recientes decisiones gubernamentales y los escándalos financieros han generado incertidumbre sobre el futuro de un modelo que ha sido pilar de inclusión económica y social en el país.
Este análisis examina los factores clave que han llevado a esta crisis, las medidas estatales implementadas, y los desafíos para recuperar el equilibrio y la confianza en el sector.
El detonante ocasionado por fraudes y desfalcos cometidos por directivos y funcionarios de algunas cooperativas de ahorro y crédito han sido el catalizador de esta crisis vinculados a créditos otorgados a políticos oficialistas y al manejo fraudulento de directivos y altos funcionarios de las mismas.
Han dejado en total incertidumbre a miles de ahorrantes de cooperativas que operaban en San Salvador, Aguilares, Puerto de La Libertad, San Miguel y Santa Rosa de Lima, entre otras, pues se sabe que otras están intervenidas por entidades estatales, como medida de prevención y verificación de indicios de malos manejos de gestión.
Cabe ser categórico que, aunque estas irregularidades no representan al sector cooperativo en su totalidad, que ha atendido por más de cinco décadas a la población sin acceso al sistema bancario nacional, pero sí, han erosionado la confianza pública y servido como justificación para intervenciones estatales.
En respuesta, el gobierno ha tomado medidas como la disolución del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) como ente rector de las cooperativas y el traspaso de sus funciones a otras entidades, como el Banco Central de Reserva (BCR) y CONAMYPE.
Sin embargo, estas acciones parecen fragmentar la supervisión en lugar de fortalecerla, dificultando un acompañamiento técnico y de regulación eficiente.
El impacto de las nuevas leyes en las cooperativas
Las reformas legislativas impulsadas por el gobierno, aprobadas sin consultas públicas ni participación de los afectados, han transformado las reglas de operación del sector cooperativo.
Entre los cambios más polémicos se encuentra la potestad del BCR para limitar o prohibir el pago de intereses, bonificaciones y comisiones a los ahorrantes bajo «circunstancias justificadas». Estas medidas no solo afectan la autonomía financiera de las cooperativas, sino que colocan a muchas en una posición vulnerable frente al aparato estatal.
Además, la adopción de tecnologías y estándares bancarios internacionales, como exige la nueva normativa, supone un desafío desproporcionado para las cooperativas pequeñas y rurales que operan con sistemas contables básicos. Estas exigencias acentúan las desigualdades en el sector y amenazan la viabilidad de entidades que no cuentan con recursos para modernizarse.
Pérdida de autonomía y riesgo de manipulación.
La disolución del INSFOCOOP y la transferencia de sus funciones a instituciones con agendas diversas como el BCR y CONAMYPE han diluido la representación y el enfoque especializado que estas entidades necesitan.
Ahora, las cooperativas están sujetas a un marco regulatorio que, lejos de promover su independencia, las convierte en potenciales financiadoras forzadas del Estado.
Por ejemplo, la facultad del acceso a las reservas de las cooperativas por parte del gobierno, bajo condiciones que este determine, plantea serios riesgos para su sostenibilidad.
El desprecio al potencial cooperativo.
Mientras organismos internacionales como CEPAL y OIT destacan el cooperativismo como herramienta para combatir la pobreza y fomentar la inclusión financiera, en El Salvador parece prevalecer un enfoque que margina este modelo y pasa a ser visto como estadística y entes con una acumulación financiera apetecible para intereses de financiamiento oficial. En lugar de promover tecnologías accesibles y fortalecer capacidades, se imponen estándares que favorecen a entidades bancarias tradicionales, en detrimento de las cooperativas.
El impacto social del cooperativismo ha sido significativo en sectores como el agrícola, el ahorro y crédito, y los servicios comunitarios. Sin embargo, las recientes políticas gubernamentales parecen ignorar este legado, optando por medidas que priorizan intereses financieros a corto plazo sobre el desarrollo sostenible de estas organizaciones.
¿Hacia dónde debería dirigirse el cooperativismo salvadoreño?
El rol de los dirigentes cooperativos debe abandonar de inmediato su actitud complaciente y de silencio cómplice. Es imperativo que actúen con valentía y determinación, priorizando la defensa de los intereses de sus representados por encima de su comodidad o conveniencias personales con el poder.
Deberían estar en pie de lucha, exigiendo con firmeza, como mínimo priorizar:
1. Autonomía y supervisión especializada: Restituir un órgano rector independiente que supervise y fomente al sector de manera integral.
2. Regulación progresiva: Diseñar políticas que equilibren las exigencias de modernización con el acceso a recursos, tecnologías y capacitación para las cooperativas más pequeñas.
3. Fortalecimiento institucional: Invertir en infraestructura, tecnologías accesibles y programas de formación para los directivos y miembros cooperativos.
4. Diálogo participativo: Garantizar que los usuarios y las cooperativas tengan voz en la creación y modificación de leyes que los afectan directamente.
5. Divulgar y denunciar estas medidas ante organismos cooperativos regionales y de otras latitudes, pues el cooperativismo el global y solidario.
La complicidad del silencio.
A pesar de la gravedad de la situación, es preocupante el silencio de las autoridades de las federaciones y directivos de las 337 cooperativas de ahorro y crédito del país.
Con 700 mil ahorrantes que serán afectados, su falta de acción refuerza la percepción de complicidad frente a medidas arbitrarias que socavan los intereses de sus usuarios.
Esta pasividad pone en duda el compromiso del sector con la defensa de su misión fundacional, que es promover el bienestar colectivo de sus asociados. Pues,pareciera que sus miembros afiliados no tienen, quién les represente, sus derechos como ahorrantes privados ante las autoridades y las afectaciones que se avecinan.
En este país de milagros para unos pocos y desgracias permanentes para las mayorías, no sería extraño pensar si: ¿estamos ante un proyecto deliberado para desestabilizar al sector cooperativo, fomentar el retiro masivo de ahorros y eliminar la competencia en el rubro de ahorro y crédito, allanando así el camino para que la banca privada, monopolice el mercado?
Un modelo en riesgo de destrucción.
El cooperativismo salvadoreño enfrenta un panorama incierto, marcado por una crisis de confianza, intervenciones estatales cuestionables, y un debilitamiento de su autonomía. La disolución del INSAFOCOOP y las nuevas leyes no abordan los problemas estructurales del sector; en cambio, agravan su vulnerabilidad.
El Salvador enfrenta una disyuntiva. Puede elegir entre potenciar el cooperativismo como herramienta de desarrollo socioeconómico o seguir debilitándolo hasta su desaparición funcional.
Las recientes reformas legales y la intervención estatal excesiva envían un mensaje claro: las cooperativas de ahorro y crédito, así como las agropecuarias «han dejado de ser prioridad para el Estado.
«Porque no cuadran con su modelo de regresar a un país de fincas, terratenientes, banqueros y ahora los Bitcoineros que en todo caso son casi los mismos.»
Para evitar la destrucción del modelo cooperativo, es imprescindible que el Estado reconsidere su enfoque y trabaje en conjunto con las cooperativas y sus usuarios para construir un marco regulatorio que equilibre la supervisión con la autonomía. El futuro del cooperativismo en El Salvador dependerá de su capacidad para adaptarse a estos desafíos sin perder de vista su misión social.
