En un giro que estremece las bases de la conciencia ambiental y social, el presidente de El Salvador ha decidido promover una de las industrias más tóxicas y destructivas del mundo: la minería. Bajo el pretexto de «progreso» y «minera responsable», ha emprendido una cruzada para revertir la prohibición de 2017 que eliminó toda explotación minera en el país. Esta iniciativa no solo pone en peligro los recursos naturales del país, sino también la vida de las comunidades que habitan las zonas afectadas.
Por: Miguel A. Saavedra
El discurso de la llamda»Minería Responsable»
E n una reciente cadena televisiva, el presidente argumentó que es absurdo oponerse a la minería, afirmando que «no hay un país en el mundo donde no se explote la minería». Añadió que negar esta industria es negar el progreso. Sin embargo, estas aseveraciones son tan falaces como decir que hay balas buenas y malas que matan, o que el veneno solo daña en manos inadecuadas.
El mandatario también mencionó la presencia de metales valiosos como oro, litio y silicio en el subsuelo salvadoreño, pero omitió deliberadamente los costos ambientales y humanos de su extracción. Los metales no germinan como semillas, ni se extraen con magia o magnetismo. Toda explotación minera de esta envergadura implica destrucción irreversible de ecosistemas y comunidades.
Destrucción y muerte: El llamado de los Obispos
La Conferencia de Obispos de Centroamérica ha emitido un comunicado contundente: «Toda explotación minera significa destrucción y muerte». Este llamado refleja la gravedad del problema y la urgencia de detener esta iniciativa antes de que cause daños irreparables.
Señales de un proyecto oscuro
Varias acciones gubernamentales revelan las verdaderas intenciones detrás de este proyecto:
1. Refuerzo de la infraestructura: Se han iniciado obras para fortalecer la capa asfáltica en carreteras cercanas a las zonas de explotación, lo que sugiere preparativos para el transporte pesado de materiales.
2. Reunión con empresas mineras internacionales: Se han realizado reuniones con compañías extranjeras interesadas en explotar los recursos minerales del país.
3. Arreglos con potencias extranjeras: Potencias internacionales, interesadas en minerales clave para la industria armamentista y tecnológica, parecen estar involucradas y estar detrás de estos «arreglos».
4. Represión contra opositores: Se ha anunciado que quienes se opongan a la minería enfrentarán el poder represivo del gobierno.
Estrategias de confusión y manipulación
El gobierno intenta mezclar el debate minero con temas de seguridad, buscando confundir a la opinión pública. El presidente, en un ataque de verborrea e histeria de poder, ha equiparado la minería con el éxito de su plan de seguridad. Esta estrategia apunta a manipular a la sociedad para aceptar un proyecto que destruirá territorios, desplazará comunidades y continuará recursos vitales como el agua.
La falacia de la «Minería Responsable»
El concepto de «minería responsable» es, en la práctica, una falacia. A pesar de las afirmaciones del gobierno, no existe evidencia científica ni histórica que demuestre la posibilidad de una minería que no cause daño ambiental o social significativo.
Ejemplos que desmienten la «Minería Responsable»
• Caso de Cerro de Pasco, Perú: La explotación minera ha dejado niveles alarmantes de contaminación por metales pesados, afectando la salud de miles de personas.
• Caso de La Oroya, Perú: Considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, debido a décadas de actividad minera.
• Mina Grasberg, Indonesia: Ha destruido ecosistemas únicos y desplazados comunidades indígenas sin reparación adecuada.
Cada proyecto minero implica alteraciones significativas al medio ambiente, incluyendo la deforestación, contaminación de recursos hídricos y emisiones de gases de efecto invernadero.
Impacto en los 100 distritos afectados
Para los cientos de miles de pobladores que habitan en los distritos afectados, el panorama es desolador:
• Pérdida de recursos hídricos: La minería consume grandes cantidades de agua, dejando a las comunidades sin acceso a este recurso vital.
• Desplazamiento forzado: La contaminación y destrucción de territorios obligarán a las personas a abandonar sus hogares.
• Impacto en la salud: La exposición a químicos tóxicos provocará enfermedades graves y daños irreversibles a la salud pública.
• Desintegración social: Las comunidades enfrentarán conflictos internos y externalidades negativas que fracturarán su tejido social.
Una sociedad en riesgo
La propuesta minera pone en peligro no solo el futuro ambiental de El Salvador, sino también su tejido social. En nombre de la riqueza, se están sacrificando vidas humanas y territorios enteros. A pesar de su historial complaciente, incluso la Iglesia se ha pronunciado en contra de esta iniciativa, reconociendo la gravedad de las consecuencias.
La minería no es progreso; es destrucción. Permitir que intereses extranjeros y una ambición desmedida definan el futuro de El Salvador es un error que la historia no perdonará. Es momento de levantar la voz y exigir un modelo de desarrollo que priorice la vida, la justicia y la sostenibilidad.
El presidente del «becerro de oro» no debe decidir el destino y la vida de la población en nuestro país.
