Crisis de los servicios públicos, desde hace tiempo atrás el sector público se ha visto como algo que no tiene un fin importante, dentro de la época militarista (1932-1979), los servicios públicos eran casi marginales, no existía o al menos no tan pronunciada la necesidad de que el Estado los desarrollara.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
L os presupuestos eran casi simbólicos; y la salud, educación, vivienda entre otras, tenían una demanda poco exigente; y la crítica hacia dichos servicios si eran buenos, regulares o malos no quitaba el sueño a nadie. En el fondo se entendía que los servidores con una ley del servicio civil de 1963; con un carácter eminentemente administrativo, en tanto se trataba sólo de administrar sin complicaciones los servicios a cargo del cuartel (militar de turno).
Crisis institucionales, la sucesión periódica de diferentes personas militares, golpes de estado, fraudes electorales, hacía ver al gobierno como algo infuncional y de poco beneficio, no obstante, se creó el ISSS (1949) pero fue hasta el 14/5/1954 que se iniciaron los servicios médicos; el IRA (1953) en la regulación de abastecimientos, el IVU (1950) con el objetivo de dotar a las familias de medianos y bajos recursos con viviendas económicas e higiénicas. Siendo una década importante de servicios públicos para la población laboral.
Crisis desde tiempos de ARENA (1989-2009), su lógica de trabajo fue que el Estado era un mal administrador, por consiguiente, en los términos neoliberales prevalentes había que hacer una “reingeniería y modernizar los servicios”; la pregunta era para beneficiar a quién—al capital o a la ciudadanía en general, siempre necesitada de apoyos que subsidien la economía familiar, y para lo cual la constitución señalaba las obligaciones del Estado.
Crisis donde se decidió suprimir instituciones por la denominada privatización, pero que también despidió 40,000 servidores públicos, e introdujo su militancia para encargarse de la modernización del Estado. Lo que sucedió fue un mayor deterioro institucional, por consiguiente, los servicios públicos continuaron sin mejorar—se dio el período de la guerra civil—y la cosa pública terminó siendo un coto de caza de la oligarquía que pretendía evolucionar hacia la globalización económica.
Crisis de 20 años donde se produjeron cambios en el ejercicio del gobierno, sin ningún beneficio para la ciudadanía que continuó contribuyendo con sus impuestos, mucho más que los aportes de grupos dominantes (168), que continúan sin pagar renta suficiente, y del patrimonio propio. Resultando en expropiaciones de los activos del Estado (pensiones, distribución de energía, telecomunicaciones, recursos hídricos, salud y otros), exportación e importación sin el pago de aranceles, apropiación de la banca y servicios financieros, tratados comerciales, impulso extractivista de crecimiento económico basado en la primarización de las exportaciones, o la venta al exterior de recursos naturales poco transformados, como la minería, la agricultura o el petróleo.
Crisis de autonomía e independencia para ejercer un gobierno para la gente por parte del FMLN (2009-2019), ataduras por mera oposición de la derecha oligárquica a toda iniciativa y transformación del modelo económico imperante y fortalecido por ARENA. En este período, ARENA “blindó” a sus correligionarios en el sector público—lo que trajo mayores deterioros de los servicios públicos—la Secretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado a través de un diagnóstico de los servicios públicos pretendió impulsar una transformación con base en la reforma completa de la ley del servicio civil en un proceso que pretendía la mejoría sustancial de la administración pública.
Crisis en la actualidad con los resabios enquistados de los anteriores regímenes, facilita el proceso para despedir servidores públicos en fases diversas como supresión de plazas, despidos antisindicales, por fusiones institucionales, anulación de leyes de creación institucional; esta historia ha significado para este nuevo período mayores zozobras para la estabilidad laboral, las acciones de endeudamiento público que ha tenido un incremento de más de 10,000 millones de usd, las presiones del fondo monetario y otras, han derivado en condiciones insostenibles para mantener el estatus quo del Presidente Bukele.
Crisis de empleos en el sector público, que se suman al desempleo provocado en el sector privado, más de 25,000 de servidores públicos desde el anterior y actual período, la maquila con más de 30,000, resultado de cierres de fuentes de trabajo, reducciones y problemas en la cadena de suministros, y dentro de las otras actividades económicas.
Como consecuencia es necesario impulsar acciones que lleven a una anticrisis de reacción a lo que se enfrenta, y poder recomponer las posibilidades de país, hacia una economía sostenible y ámbitos laborales de desarrollo humano; de no hacerlo la acumulación de despidos por diferentes motivos en los sectores público y privado, es suficiente detonante para generar una nueva crisis de mayores dimensiones y consecuencias en la vida humana, que dará mayores niveles de empobrecimiento, marginación y exclusión social, hasta llegar a estados de máxima insuficiencia vital en lo social, alimentaria, y existencial con base a los absurdos presidenciales propuestos y la realidad misma.
*Sindicalista salvadoreño
