En Montevideo se dio a conocer esta información: “El presidente Lacalle (Uruguay) anunció junto a Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) el cierre de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE. Para que el acuerdo sea adoptado deberá atravesar un complejo e incierto proceso de aprobación”. Entre ambas asociaciones el territorio sumaría más de 19 millones de km2.
Por: Ruben Montedonico Rodriguez
D e antemano, la argentina Luciana Guiotto señaló tiempo atrás que “las tensiones entre China y EEUU y la coyuntura latinoamericana cobran mayor participación de los sectores académicos, sociales, políticos y populares a fin de denunciar, articular y proponer alternativas a los Tratados de Liber Comercio”. De cara al eventual acuerdo, dijo “son los grandes productores y exportadores los que se van a beneficiar, no los pequeños y medianos productores” Agregó: “Todos sabían de antemano que Francia (con varias declaraciones de su presidente), Austria, Países Bajos y Polonia, se oponían a la suscripción de este ‘acuerdo de principio’ y que su representación en Bruselas es minoritaria” (según el número de habitantes que reúnen y los representantes que se le atribuyen).
Se necesitan para bloquear el acuerdo, según la normativa del Parlamento Europeo, cuando menos cuatro países que representen más del 35% del total de la población de los 27. Hasta ahora no se ha conseguido llegar a esta cifra”. El grupo que apoya a Francia actúa en concordancia con el presidente de esa nación, Emmanuel Macron, que señaló “no sacrificaremos nuestra agricultura”.
Sin embargo, pese a ser una sorpresa para el público, aunque no para la presidenta de la Comisión Europea, el 7 de diciembre se conoció una declaración del Palazzo della Farnesina, en Roma, donde la cancillería italiana indica: “…el acuerdo no cumple las condiciones para aprobarse”, con lo cual –de llegar a votarse- se alcanzaría el número requerido para presentar una impugnación en él, además que se espera la adhesión de otros países y eurodiputados.
La actuación de la señora Von der Leyen ocurrió en momentos en que estaban desarticulados los gobiernos de Alemania y Francia y en Rumania se anulaban las elecciones, en tanto algunos medios consignaron que la República de El Salvador solicitó su ingreso al Mercosur. La nación centroamericana «aspira a convertirse en un puente comercial entre América Central y Mercosur», según la ministra María Hayem: las tratativas comenzarán el próximo primero de enero de 2025.
En el caso conosureño, de acuerdo con las manifestaciones de la central sindical uruguaya (PIT-CNT) hay agrupamientos que no fueron consultados y durante el proceso interrelacionado no fueron tenidos en cuenta; eso implica a los trabajadores de la región gremialmente organizados y sectores importantes de científicos e intelectuales universitarios. Sin esa calificada opinión no se puede pretender que concluyan acompañando un tratado internacional. Asimismo, la actuación de la cancillería de Uruguay fue bastante deslucida como producto de la falta de definiciones realistas. En el período administrativo de Lacalle la política exterior tuvo un devenir ineficaz, urgida por alcanzar acuerdos comerciales y conseguir que el Mercosur se los permitiera sin perder beneficios. En verdad, en el caso uruguayo las desafortunadas cuan inadecuadas aspiraciones de su mandatario sólo originaron apoyos en la prensa adicta al Ejecutivo, desatención de los socios de la unión y pérdida de toda valía internacional. Derivado de su fracaso anterior, Lacalle aprovechó la reunión del Mercosur en Montevideo para despedirse de los integrantes de la comunidad y traspasarle la presidencia pro tempore al ultraconservador argentino Milei.
Por otra parte, más difícil de cambiar es el hecho de que el Mercosur -según expresión técnica- “exporta fundamentalmente productos con bajo valor agregado, como carne, soja o jugo de naranja”. Asimismo, se escuchan rechinidos en naciones de la UE con gran asiento entre los dueños de negocios agropecuarios.
En España, con el tratado calculan que las pérdidas anuales de los agricultores serían mayores a dos mil quinientos millones de euros. Desde un punto de vista normativo, los integrantes del sudamericano mercado conosureño dan por hecho la aprobación del acuerdo, mientras que en la UE nada parece resuelto y se duda que consiga una mayoría que lo avale, donde la coalición de ambientalistas y productores agrícolas se han pronunciado en contra.
Para que tenga validez lo suscrito en Montevideo, en la UE debe ser aprobado -según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE- por el Consejo, donde están representados todos los Estados; que esto sea de forma unánime: presentadas las cosas hoy, esto se parece más a un sueño que a la realidad. Una segunda vía para la aprobación es que el Parlamento Europeo lo apruebe por preponderancia simple y lo traslade al Consejo que, con una mayoría calificada (el 55% de los Estados miembros representando al 65% de la población de la UE) lo apruebe. Sin embargo, esta vía choca con la segunda parte de la redacción, que posibilita a la minoría establecer una moción de bloqueo, presentada por cuatro o más miembros (que personifiquen más del 35% de los habitantes).
Tras 25 años desde que se formularon los deseos de llegar a una definición, parece curioso que sólo se haya concretado un “acuerdo en principio” entre dos entidades asimétricas como la UE y el Mercosur, entre un círculo de países capitalistas desarrollados (27) y cuatro naciones exportadoras de materias primas de un sector –eufemísticamente bautizado como “en vías de desarrollo”. La cuestión es que de los anhelos de 1999 hasta ahora no ha habido nada tangible. A pesar de que algunos lo consideren como un paso previo a una segura aprobación general, lo cierto es que el tal acuerdo no abarca ni a los cuatro sudamericanos conosureños (ni a quienes quieran sumarse) y ocasionan un quebrantamiento más al interior de la UE.
Este asunto recuerda algunos dichos repetidos ampliamente: “La mentira tiene patas cortas”.