El discurso gubernamental para determinar la consecuencia de los despidos, no toma en cuenta el deterioro sumamente grave en que caen los servicios públicos, por la medida tomada. El cuestionamiento del pueblo alienado con el supuesto “buen gobierno” que disponemos, llega a ser tan ciego al derivar que los despidos son razonables, en tanto se necesita reducir los gastos públicos, sin entender el nivel de excesiva concentración de los recursos públicos en el ejercicio y funcionamiento de la argolla Bukele.
Por: Róger Hernán Gutiérrez[1]
A demás, las presiones financieras por los déficits presupuestarios y la deuda pública totalmente impagable, que tiene incrementados los gastos del actual gobierno, es una presión por parte de organismos internacionales que continúan fijando el nivel de subordinación que garantice una alta dependencia de la lógica financiera impuesta por dicho fondo monetario. Estos pormenores son totalmente inentendibles por el grueso de la población que adopta el discurso gubernamental como válido, sin pensar que los servicios públicos de por si ya deteriorados y deficientes a los intereses de la ciudadanía, se irán afectando negativamente todavía más, sin que el actual gobierno le interese proteger y brindar de manera decente una cobertura efectiva de cumplimiento cabal de las necesidades del pueblo desprotegido, de escasos recursos que los demanda a diario; y que constitucionalmente el Estado está obligado a servirlos dentro de un ejercicio de políticas públicas solidarias.
El cuestionamiento trasciende el simple análisis, de acuerdo a los números fijados con el FMI dentro del presupuesto 2025, serían llegar a más de 11,000 puestos de trabajo ocupados por diferentes servidores públicos, en diferentes instituciones públicas, de octubre a la fecha van más de 2,000; y las amenazas de todo tipo están a la orden del día en todas las instituciones públicas, que tienden a ver deteriorados los servicios públicos que brindan, observándose que los afectados son población laboral de abajo, de bajos salarios y con edades de adultez mayor que superan los 50 años, y claramente ejerciendo los derechos sindicales, establecidos en el marco jurídico imperante y vigente del país, violentado por el actual régimen político.
En otro orden la gravedad de la acción de despidos de todo tipo, es que se dan en un ámbito de deterioro de las necesidades vitales, sin una subsistencia digna de las personas trabajadoras y sus grupos familiares, encontrando un costo de vida elevado que impide cubrir de manera decente los índices de subsistencia. Y para cumplir con ello en tiempos que significan tradiciones culturales como es el período de la navidad y el fin de año, donde se acrecienta el consumismo comercial, imperan períodos vacacionales, cierres temporales de instituciones públicas donde la vida jurídica del país se paraliza y, sin la posibilidad de ejercer los derechos violentados en un sistema de administración y jurisdiccional, totalmente nada funcional, cooptado por el poder élite del clan bukele.
Estamos cerrando un año que lleva para la clase trabajadora en general, mucha oscuridad y con falta de luces razonables para enfrentar el problema jurídico-político, que ya en anteriores épocas Arena lo impulsó para debilitar la función constitucional del Estado, en total usufructo y apropiación privada de los activos públicos. La destitución, despido y supresión de plaza, son concepciones eufemísticas, siempre significan lo mismo, dejar a una persona trabajadora de la clase trabajadora dependiente sin su empleo, sin un medio para vivir y planificar su desarrollo personal y familiar, que viene a engrosar las ya altas estadísticas del desempleo y subempleo, que impacta en la ya economía precaria del país, sin que se asienten bases de algún horizonte económico de beneficio popular.
El nuevo año es de total zozobra y desesperanza, no sólo para el grupo poblacional de servidores públicos, por las dificultades para enfrentar una precaria economía que se impone en las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora. Sumando el sector privado donde continúan despidos por diferentes razones que demanda un proceso productivo de bienes y servicios en total desprotección de los derechos laborales; y que en estas épocas del año por la imposición comercial del capitalismo, pasan talvez desapercibidas, y debido a la impactante anulación de derechos laborales y sindicales prevalente, donde el sistema administrativo y jurisdiccional queda descarnado en el incumplimiento de principios jurídicos, la pronta y cumplida justicia, imperando el sesgo político en pro de la persona autoritaria y autocrática; aunando la incompetencia, y deterioro del Ministerio de Trabajo.
Nada aclara la venida de una navidad amarga, un fin de año oscuro e incierto; y la no vigencia de un nuevo año con un horizonte de mejoría sustancial a las vidas de la clase laboral. Sólo la clase trabajadora organizada salva al pueblo, y desarrolla los objetivos de una existencia digna, con respeto y pleno cumplimiento de los derechos laborales y sindicales; y una vida protegida, decente y con plena convicción al rescate de la plena justicia social.
[1] Sindicalista salvadoreño
