La Asamblea Legislativa de El Salvador considerará la aprobación de la Ley General de Minería Metálica que deroga una prohibición de 2017.
L uego que el sábado fuera acogida por la Comisión de tecnología, turismo e inversión tras su presentación el vienes por la ministra de Economía María Luisa Hayem, el plenario se pronunciará este lunes sobre una aprobación cantada.
La solicitud del Gobierno el 27 de noviembre de rehabilitar la minería metálica despertó el rechazo de amplios sectores, y por primera vez el presidente Nayib Bukele no recibió el apoyo de la mayoría de sus compatriotas temerosos del impacto del proyecto sobre su vida y la contaminación de las aguas.
El proyecto llega al plenario bajo una dispensa de trámite y su aprobación está garantizada atendiendo a que el partido Nuevas Ideas, en el gobierno, y aliados controlan 57 de los 60 votos del Parlamento.
Con esta ley, Bukele apuesta por la explotación de presuntas reservas millonarias de oro en el subsuelo de su país, algo que es seguido por una coral que señala eso será fuente de ingresos y desarrollo.
Tal vez apremiado por su promesa de alcanzar el milagro económico después de logrado un impensable ambiente de seguridad, el mandatario sorprendió con su anuncio.
En un mandato y en el que está en curso, el gobernante no enfrentó tanta disidencia ni oposición de tantos sectores sobre alguna de sus propuestas. Ambientalistas, organizaciones sociales, la iglesia y universidades, entre otros, ven en el plan un paso que pone frente a frente la vida y la muerte.
Las operaciones logísticas, la construcción de escuelas, el pago de deuda con las multilaterales y la reactivación económica son las aristas que pueden ser potenciadas con la extracción aurífera en El Salvador, señalan seguidores del mandatario.
Sin embargo, hace varios días, grupos que se oponen al plan marcharon sobre la Asamblea Legislativa para expresar consignas como “No a la minería” o “el agua se agota”, en un intento de detener la acción gubernamental.
A la crítica se incorporó la Iglesia Católica al divulgar el 12 de diciembre un comunicado en el que precisó que la vida y la salud no tienen precio, y dio un rotundo NO al plan. (PL)
