Mucha de la situación socio-económica que planteó la realidad laboral del país en el cierre del año, estuvo llena de aspectos negativos que se centraron en el despido en diferentes formas como supuestos vencimientos de contrato, supresión de plaza por innecesaria o por falta de presupuesto, lo cual sabemos que estuvo manipulado por la discusión de aprobación del presupuesto 2025; despojo de la plaza en razón de ser un tipo de personal incorporados en listas negras que se convertían o tenían señales de ser una amenaza presente o futura al régimen de turno vinculado con los servicios públicos en su denuncia por deficientes, corrupción institucionalizada, deterioro de condiciones laborales y el resultado de presupuestos disminuidos sustancialmente.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
L a lógica de eficientes y buenos servicios públicos, brindados con la calidad y calidez necesarias a toda la población que los necesita y demanda, está en juego y sujetos al incumplimiento de los derechos de ciudadanía y, al ser suprimidos o deteriorados no alcanzarán a cumplir los fines del Estado de acuerdo al marco constitucional imperante. El Estado en su razón de ser, alcanza en el régimen de Bukele un máximo estado de deficiencia permanente y de funcionalidad precaria, por cuanto al dejar a las instituciones públicas sin los recursos necesarios, y sin el personal en la cantidad, con la experiencia y la profesionalidad para servirlos de acuerdo a sus fines y objetivos, no podrá ser posible y caerán en las condiciones de mayor deterioro político-social.
Los despidos y/o recortes de personal, alcanzaron dinámicas abusivas, arbitrarias y de faltas legales al aplicarse sin el debido proceso; lo que conduce a que en dichas instituciones públicas afectadas por dicho fenómeno, los ámbitos socio laborales se manifiesten conflictivos y de poco valor en pro de los derechos laborales, en tanto la política pública implementada, no manifiesta interés alguno en que dichos servicios públicos se cubran con la calidad y calidez en el momento en que se demandan; la población y ciudadanía en general se verá afectada y perjudicada en su intereses.
El deterioro de los servicios públicos esenciales como la salud pública y de educación, tendrán una repercusión negativa, en tanto las medidas de reducciones presupuestarias y de personal en dichos servicios, harán ámbitos socios laborales con mayores niveles de precariedad y deficiencias en la salud y educación de la población. Lo que estaría implicando mayores desatenciones a los servicios médico hospitalarios, falta de medicamentos, exámenes de laboratorio tardados y de baja calidad; lo que implica el nulo o escaso nivel de atención sanitaria responsable y satisfactoria para el combate de la insalud general y específica, el tratamiento de enfermedades temporales y crónicas en las unidades de salud y hospitales públicos, control de epidemias y control sanitario en general.
En la educación actualmente deficiente para cubrir los tres primeros ciclos del sistema educativo con la situación de recortes presupuestarios, recortes de personal, despidos de docentes, desestructuración del sistema de escuelas públicas —que conlleva a que la población infanto-juvenil, no tenga la calidad de un aprendizaje básico para fortalecer los niveles de desarrollo en la lecto escritura y desarrollo del conocimiento en esas edades tempranas, redundando en mayores índices de analfabetismo estructural y crónico.
Y por consiguiente tendrá como consecuencia mayores dificultades en la etapa del bachillerato, que extenderá las incapacidades, deserciones, falta de habilidades, pocas o nulas capacidades y competencias que llevan seguro al fracaso en los estudios técnicos y universitarios; lo que se traduce en un incierto futuro para el país y la sociedad, con un subdesarrollo y profesionalización ineficiente e incompetente para el mejoramiento de la economía del país. Lo que se traduce en una sociedad atrasada y con escasas oportunidades para la población laboral.
Generándose mayores niveles de empleo precario, sub empleo y alta desocupación, disponiendo así de escasa mano de obra calificada y adecuada profesionalmente, para el desarrollo de condiciones sociales, económicas y culturales mejores y que harían llegar a una sociedad auto sustentable y sostenible en el tiempo.
Las repercusiones sobre esta situación en el sector público, determinan mayores niveles de estancamiento socio-económico; y atrasos mayores en el sector privado que se nutre de políticas económicas de favorabilidad para la inversión en las diferentes actividades económicas, sobre todo en las de mayor valor agregado como la agroindustria y la potenciación de niveles de desarrollo tecnológico.
La base de poco progreso profesional está asegurado con las medidas de despidos por diferentes motivos, de incumplimiento de servicios públicos de calidad que eleven los derechos de ciudadanía; lo que se traduce en mayores niveles de incertidumbre, pesadumbre, conflictividad social y mayor desesperanza, que harán más difícil visualizar el futuro y un prevalente escaso optimismo.
*Sindicalista salvadoreño
