El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, avaló la ley que posibilitará la explotación de la minería metálica, según consigna hoy una publicación en el Diario Oficial. Lo anterior ha causado repudio en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Según la más reciente encuesta de la Universidad UCA, el 60 por ciento de la población rechaza la minería.
Ley General de Minería Metálica fue publicada este viernes en el Diario Oficial, tras ser aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa, mismo día que el mandatario le dio curso para su puesta en práctica.
La decisión del gobernante se contrapone a opiniones de diversos sectores, organizaciones comunitarias, iglesia, universidades, expertos y académicos que alegan los graves daños ambientales, y otros efectos como la crisis del agua, unido a una violación de los derechos de la población.
El decreto fue rubricado por Bukele y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, en Casa Presidencial el 23 de diciembre pasado, el mismo día que lo aprobó la Asamblea a petición del Órgano Ejecutivo.
La ley anula la prohibición de 2017, lograda después de una larga lucha de las organizaciones sociales.
El artículo 140 de la Constitución de la República determina que para que una ley sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, “ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse”, algo que se consumó a partir del 23 de diciembre.
Un aspecto destacado por opositores fue que la norma no fue discutida por la población y no fue resultado de estudios técnicos sobre su impacto ambiental.
El gobierno alega que el cambio responde a la necesidad de aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país para fomentar el desarrollo económico, y para generar empleo y recursos para el Estado, con la utilización de modernas tecnologías para descartar el impacto ambiental.
En los últimos días los mismos sectores que adversan la ley, sin conocer que el mandatario la rubricó, apelaron para que no le diera curso.
No son pocas las convocatorias de organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, universidades y ambientalistas, entre otros a sumarse a una marcha que desde el Parque Cuscatlán, en esta capital, avanzará hacia el centro histórico el 12 de enero, y que dentro de sus exigencias está congelar la minería.
Según el investigador internacional en temas de minería metálica, Andrés McKinley, esta actividad utiliza grandes cantidades de agua y para un país como El Salvador, que ya sufre de una crisis hídrica, representa una amenaza para la población, alerto.
