Centenares de salvadoreños marcharon en ocasión del 33 aniversario de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil, la cual enfrentó el país a finales del pasado siglo.
L a concentración de organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, lisiados de guerra y familiares de detenidos inocentes bajo el régimen de excepción, entre otros afectados, devino en una manifestación por la paz y en reclamo a derechos ciudadanos, presuntamente violados bajo el actual gobierno.
En declaraciones a medios de prensa directivos y activistas del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR) acusaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada de estar jugando un papel represivo como se hizo en los tiempos anteriores a los acuerdos de paz de 1992.
Al respecto Francisco Parada, del equipo de (BPR), apuntó que hay muchos retrocesos que hoy golpean a la mayoría de a población, entre ellos el régimen de excepción que restringe derechos fundamentales, aunque reciben el apoyo de una mayoría de pobladores.
Sobre los detenidos por el gobierno, Parada denunció numerosas irregularidades y la presencia de «muchos inocentes» entre los arrestados, dijo, al tiempo que condenó lo que llamó un despojo de tierra y el despido de miles de personas, tras aprobarse el presupuesto del país para 2025.
“A 33 años de la firma de los acuerdos de paz lo que tenemos son serios retrocesos”, en vez de beneficios para la población, manifestó.
Salimos a la calle a reivindicar los acuerdos de paz resultados de la lucha del pueblo y que este gobierno quiere presentar como un pacto entre corruptos, dijo el activista.
En cuanto a los miles de inocentes detenidos y que no fueron liberados pese a que el propio presidente Nayib Bukele reconoció su existencia, reiteró que se viola la ley. No se refrendó por la justicia lo que dijo el propio presidente, puntualizó.
Por otro lado agregó que la minería metálica afectará a toda la población, incluso hay denuncias de pobladores del norte de Cabañas sobre «una fuerte presencia militar que está tomando el control del territorio para ponerlo al servicio de los grandes ricos de este país y las empresas extranjeras».
Asimismo decenas de madres, hermanas e hijos de personas inocentes como Ana Cecilia, se sumaron a la marcha para denunciar la detención arbitraria de personas inocentes sin presentarles cargos.
¡Viva se la llevaron, viva la queremos!, gritó la madre salvadoreña al denunciar la detención de su hija, como otras muchas victimas del régimen.
Entre los marchistas estaba el Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, quien cuestionó en duros términos la aprobación de la Ley de Minería Metálica, según él, avalada por el gobierno con datos falsos «para engañar y engatusar a la población con reservas de oro y otros minerales que no existen».
Es una lucha entre el dinero, el agua y la vida de los salvadoreños, puntualizó al advertir sobre las amenazas que se ciernen sobre el país. (PL)
