La «Constitución de todos» secuestrada por uno. Bukele destruye Constitución salvadoreña

En una maniobra que ha sacudido los cimientos democráticos de El Salvador, la Asamblea Legislativa ha aprobado una reforma constitucional en un abrir y cerrar de ojos de solo 27 minutos de discusión se trastoca la ley y norma suprema de país la constitución política, revelando un preocupante desprecio por la deliberación y el consenso. Bajo el velo de la eliminación de la ‘Deuda política’, esta reforma parece es la herramienta diseñada para amoldar la Constitución a los intereses de una minoría poderosa, transformando la ley suprema en un instrumento de control en vez de un bastión de justicia y equidad.

Este acto de ingeniería legal no solo amenaza con revertir el progreso democrático alcanzado tras décadas de lucha, sino que también pone en riesgo los derechos fundamentales y la soberanía del pueblo salvadoreño.

El 29 de enero de 2025, en un acto de 27 minutos que resonará en la historia, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma exprés al artículo 248 de la Constitución, degradando nuestro documento más sagrado a una mera herramienta manipulable. Este cambio drástico ha encendido las alarmas, amenazando la estabilidad democrática que tanto costó construir. En un país donde la «Constitución de Todos» debería ser el escudo de los derechos de cada ciudadano, garantizando el bien común, esta reforma ha sido secuestrada para favorecer a un puñado de poderosos, demostrando que nuestra democracia ha sido despojada de su verdadero significado.

La ley suprema la han convertido en un arma de opresión, que silencia a los que se atreven a discrepar, sirviendo únicamente a los intereses de unos cuantos mientras la mayoría, especialmente los pobres, quedan desamparados, sin ley que los proteja. A partir de este día, la ley muere, y la voluntad de un rey sin corona vive. ¡Pobrecito mi pueblo, pobre, mi pobre pueblo…! Ahora, la Constitución puede ser alterada sin restricciones, a merced de caprichos, y estado de ánimo, del gobernante, la llamada carta magna ahora rebajada a un trámite secundario, modificable con un simple gesto y sin el trámite que antes la protegía.

Con el pretexto de anular la denominada «Deuda política»…

El pretexto de eliminar la «Deuda política», que es el financiamiento estatal proporcionado a los partidos políticos para sus campañas, se utilizó como una cortina de humo. El objetivo subyacente y verdadero era reformar la Constitución, lo cual parece haber sido el plan principal de quienes detentan el poder.

Regímenes autoritarios y apariencia de legalidad:

Los regímenes autoritarios, siguiendo un manual de actuación, aunque violan las normas, mantienen una fachada de legalidad. Esto se conoce como «pseudo ley», donde se busca dar la impresión de que las acciones están legalmente justificadas.

Siguiendo los pasos de Nicaragua. Recientemente, se ha reportado que, bajo el gobierno de Daniel Ortega, se han introducido más de 114 reformas constitucionales, permitiendo a Ortega y a su esposa controlar todos los poderes del Estado, lo que ejemplifica un claro avance hacia la autocracia.

Anulación de la institucionalidad:

Con esta medida autoritaria e inconstitucional, se anula de facto la institucionalidad. La Constitución deja de ser la norma suprema, subordinándose a la voluntad del líder, algo que se puede entender a través de la pirámide jurídica de Kelsen.

Eliminación de la Deuda política y financiamiento de campañas:

La eliminación de la deuda política sin transparencia sobre el manejo previo de estos fondos es criticada. Sin el financiamiento estatal, solo los millonarios y aquellos afiliados a partidos con recursos (especialmente el partido gobernante) podrán ser candidatos, excluyendo a la clase media y a quienes no cuenten con ingresos personales significativos. Esto crea una disparidad electoral que podría describirse como «tigre suelto y burro amarrado» para cualquier otro partido político que desee competir.

Oportunidad perdida por Bukele:

Se lamenta que el presidente Bukele haya desperdiciado una oportunidad única de fortalecer las instituciones democráticas y promover una mayor rendición de cuentas, optando en cambio por contribuir a su debilitamiento.

Se insta a las instituciones controladas por el partido en el poder a investigar el manejo de los fondos de la deuda política, poniendo en tela de juicio tanto la transparencia como la corrupción en el sistema, donde donaciones y contratos públicos parecen ser el intercambio de favores entre empresarios y políticos, conocido como «derecho de picaporte», ilustrando prácticas de corrupción.

Este diálogo expresa una profunda preocupación por la erosión de las normas democráticas, el aumento de la corrupción y la consolidación de un poder centralizado en El Salvador, lo que podría llevar a una democracia cada vez más frágil y controlada.

Peligros de romper el orden constitucional

Lo que está en juego no es menor: se trata de la forma de gobernar, los requisitos para los candidatos y funcionarios, el arbitraje electoral, y la representación democrática del poder. Además, se afecta el cumplimiento de derechos fundamentales y la administración de justicia, elementos cruciales para cualquier democracia. Esta reforma también abre la puerta a modificaciones en temas como la tenencia de la tierra, actualmente limitada a 247 hectáreas por propietario, y otros aspectos de soberanía nacional y uso del territorio.

La modificación del artículo 248, que regulaba los cambios constitucionales, implica que ahora estos cambios pueden depender del «estado de ánimo» del gobernante o de intereses particulares, alejándose del bienestar general y la equidad. Este escenario recuerda prácticas de concentración de poder y manipulación constitucional vistas en la década de 1930 bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, lo cual fue un catalizador para la insurgencia salvadoreña y la guerra civil que siguió.

Respuestas sociales y políticas potenciales

Con esta reforma, El Salvador podría estar retrocediendo a un escenario de siglo XVIII o al orden jurídico post-colonial, donde la voluntad del líder se impone sobre la ley. La historia ha demostrado que tales concentraciones de poder pueden desembocar en insurrecciones y conflictos sociales. La experiencia de la guerra civil salvadoreña, que se creía no se repetiría, parece ahora un riesgo latente.

La aprobación de esta reforma constitucional podría ser vista como el fracaso del sistema político y de la democracia incipiente que se había intentado construir post-acuerdos de paz de 1992. Este movimiento hacia un «neofascismo mesiánico» liderado por el actual gobernante podría ser el caldo de cultivo para respuestas sociales inesperadas, posiblemente desencadenando nuevas luchas y resistencias que podrían extenderse más allá de lo que hemos visto en décadas recientes.

Detonantes en puerta

El escenario actual en El Salvador está marcado por una serie de factores que podrían exacerbar la crisis política y social:

Amenaza de la Minería Metálica: La explotación minera ha sido históricamente polémica debido a sus impactos ambientales y sociales. La posibilidad de que se intensifique podría generar mayor resistencia de las comunidades afectadas.

Repatriación masiva y acuerdos internacionales: El regreso masivo de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, combinado con acuerdos que convierten a El Salvador en un destino para deportados de otros países, incluyendo la utilización del país como una suerte de «cárcel alquilada» para criminales deportados bajo la administración Trump, añade una capa de complejidad social y de seguridad. Este acuerdo, visto como un «favor pagado» a «cambio de», podría incrementar la criminalidad y generar el grave conflicto social que se está cocinando.

Crisis económica: La economía de El Salvador se encuentra en una situación vulnerable, con altos niveles de desempleo y una deuda pública considerable, lo que agudiza la desigualdad y el malestar social.

Política de represión: La implementación de políticas represivas, incluyendo el uso de multas y encarcelamientos como herramientas de control, puede aumentar la percepción de un estado autoritario, fomentando el descontento y la resistencia.

Concentración del poder: La centralización del poder en manos de una sola figura o partido puede minar la confianza en las instituciones democráticas, creando un ambiente donde se percibe que los derechos y las libertades están en peligro.

Estos elementos combinados crean un caldo de cultivo para la inestabilidad. La sociedad civil, ya sea a través de manifestaciones pacíficas, organizaciones comunitarias o, en el peor de los casos, mediante acciones más radicales, podría responder a estas presiones. La movilización social podría buscar no solo revertir estas políticas, sino también reclamar una mayor participación y justicia en el gobierno.

La «Constitución exprés» se enmarca en este contexto de reformas aceleradas, sin diálogo y mucho menos con un consenso ciudadano y amplio de otros sectores, se traduce en la pérdida total del estado de derecho y de las garantías constitucionales.

La decisión de avalar una a medida del gobierno de Bukele no solo cuestiona la integridad del marco legal y democrático de El Salvador, sino que también podría revertir décadas de esfuerzos por una paz y una democracia más justas.

El Salvador, con su historia de luchas sociales y conflictos, se encuentra en un punto crítico donde la dirección que tome podría definir su futuro por décadas. La vigilancia y la acción de la sociedad civil, junto con la presión internacional, serán fundamentales para navegar este complejo panorama.

 La vigilancia ciudadana, la acción de la sociedad civil y la presión internacional serán claves para contener este retroceso y evitar que El Salvador vuelva a ser escenario de una lucha social prolongada y sangrienta como las vividas en los años 70s y 80s.

Estos pequeños dictadores neofascistas Del siglo XXI parecen olvidar que, tarde o temprano, la justicia, ya sea terrenal o divina, los alcanzará, y tendrán que responder por la IGNOMINIA y los excesos de poder que atentan contra la dignidad, el bienestar y la libertad de las personas.