Róger Hernán Gutiérrez. *
¿Por qué, dentro de una filosofía y cultura de países con poblaciones empobrecidas, sometidas a yugos capitalistas, y de alta acumulación de la riqueza en grupos minoritarios (161); que implica derechos humanos violentados en la vivencia cotidiana, sin justicia social que prevalezca ante la opresión, la explotación laboral, la aplicación dolosa de la ley, con corrupción imperantes, y la conculcación de todo derecho a la vida, al trabajo, a fin de garantizar un retiro digno, una adultez mayor en condiciones favorables, un envejecimiento dentro de niveles de protección social y económica—con un derecho a pensión digna, universal y permanente NO SEA POSIBLE?
La seguridad social que de manera simple significa: disponer todo ser humano, en todo momento y lugar dentro de una sociedad, la cobertura de una protección social por riesgos asociados con el trabajo, la enfermedad común y/o la evolución de todo ser humano a vivir cubierto en la etapa de adultez mayor y longevidad. Es un derecho que está prohibido, violentado, anulado y en casi total incumplimiento.
Todo ser humano con derecho a nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, enfrenta en sociedades dependientes de economías dominantes un debilitamiento de sus derechos humanos y laborales. En consecuencia, nuestra sociedad salvadoreña en su régimen político, económico, social y cultural tiene una deuda inmensa e impagable, ante el incumplimiento del derecho a pensión, resultado de la acción dolosa en el ejercicio y práctica de dicho derecho.
Es un derecho prohibido, por cuanto sólo lo viven las personas de la élite laboral que logran, salud en sus vidas, estabilidad laboral, buenos y satisfactorios puestos de trabajo; salario acorde a la realidad económico-social y el cúmulo de años impuestos por el sistema de pensiones. Dichas bases serían el fruto de desarrollo de condiciones como educación integral; el goce de salud general y especializada plena; puesto de trabajo garantizado para cumplir con los suficientes años de servicio; salario mejorado que compensen el costo de vida y permitan condiciones de vida en bienestar individual y familiar.
El derecho a pensión está violentado, en varios aspectos, no consecución de los años de servicio demandados, en tanto la estabilidad laboral es azarosa,
existencia de alto nivel de explotación laboral en términos de anulación de derechos laborales, despidos frecuentes, sanciones laborales, enfermedades crónicas y riesgos laborales altos; incumplimientos legales como no enterar las cotizaciones y aportaciones por el empresario; cambios abruptos en la ley no consultados ni en beneficio de la persona trabajadora activa y pasiva.
El derecho a pensión está corrompido, en tanto los fondos privados de las personas trabajadoras cotizantes al sistema, confiaron en un sistema público que daba mejores beneficios hasta 1996, por un sistema privado que se convirtió en un negocio, por la sujeción a porcentajes de la cotización altos, por administración del sistema de pensiones, que no estaban cobrados por el sistema público.
En tanto que la rentabilidad de los fondos no es suficiente para hacerlos crecer de tal manera que mejore la cuantía de los fondos; conversión a la individualización del derecho a pensión, eliminando lo colectivo, perdiendo los principios de universalidad y solidaridad; y lo más grave la descapitalizó y quiebra del sistema público (INPEP-ISSS), llevando a la situación deficitaria del pago de pensión de la población sujeta a pensión—en los sectores público y privado– sólo cubierta con fondos públicos y préstamos a las afp y por vía recaudación de impuestos a toda la población.
Lo que ha generado reformas continuas al sistema, que benefician al grupo empresarial en poder de las afp—que luego de iniciar 5—se concentró en un duopolio (crecer-confia). Además de la permisión en el negocio de capitales financieros; aseguradoras comerciales vinculadas, que concentraron el negocio del aseguramiento. Incremento de la cuota previsional de tal forma de convertirse en una de las más altas en América Latina, y con menos beneficios.
Por cuanto se reformó el sistema de pensiones obligando a las afp a prestar fondos de pensión al gobierno, lo cual ha ido incrementando la deuda de pensiones, y afectando a los dueños de los fondos; y con la última reforma(2022) se quitó el techo de endeudamiento, se liquidó el INPEP y se constituyó el Instituto Salvadoreño de Pensiones-ISP, que ha concentrado la recaudación de los fondos a través de un mayor control de las afp; decidiendo por ley, congelar el pago de capital e intereses de la deuda previsional por más de 4 años y así afectar a los cotizantes.
El derecho a pensión es hoy un problema de administración de los fondos, de rentabilidad, de cobertura y de debilitamiento de beneficios. La situación del endeudamiento previsional es tal, que dentro de un rango muy corto de años
(2027) será de tal cuantía que hace desde ya insostenible el sistema de pensiones reformado.
*Sindicalista salvadoreño.
