LA FARSA. Show Anticorrupción. La Farsa de la Ley Anticorrupción en El Salvador.

LA FARSA.

Show Anticorrupción.

La Farsa de la Ley Anticorrupción en El Salvador.

Porque la corrupción no se combate con discursos y leyes sin aplicación, sino con voluntad real e independencia de los aplicadores. Cuando se anuncia con bombos y platillos una «Ley Anticorrupción como nunca antes en la historia», lo que realmente deberían reconocer es que nunca hemos visto tanta opacidad en el manejo de los fondos públicos. Prometen penas más duras y más casos investigados, pero omiten un detalle esencial: sin una genuina voluntad de desmantelar el tejido corrupto, toda esta parafernalia legal no es más que decorativa.

Hay que desenmascarar los vacíos estructurales y las razones por las cuales esta nueva normativa es percibida por muchos como una mera simulación sin sustancia, una ley más que se suma a la colección de «letra muerta», donde los corruptos son siempre los «otros», mientras que «mis corruptos» se protegen y se encubren bajo el manto de una institucionalidad diseñada para no funcionar. Un ejemplo claro de esto es la intocabilidad de los funcionarios de los tres órganos del Estado señalados en la Lista Engel, publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes, a pesar de ser señalados, permanecen protegidos y fuera del alcance de la investigación y aplicación de la justicia local.

La reciente aprobación de esta ley anticorrupción se puede criticar de manera análoga a intentar regular la relación entre el lobo y las ovejas con un simple manual de convivencia. La analogía revela la futilidad de pretender erradicar la corrupción con una ley cuando las raíces de esta problemática son mucho más profundas y estructurales. Al igual que un manual de convivencia no cambiará la naturaleza depredadora del lobo, una ley anticorrupción, por sí sola, no eliminará los vicios de origen, práctica y encubrimiento que permean todos los niveles del Estado salvadoreño. La corrupción no es un fallo que pueda enmendarse con una simple regulación o norma; es una práctica profundamente enraizada que prospera gracias a la complicidad y el consentimiento de las instituciones.

En un escenario donde las instituciones, que deberían ser los baluartes de la transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría de recursos, se convierten en parte del problema, se crea un sistema viciado. Aquí, corruptores, corruptos y los corrompidos forman una cadena simbiótica donde cada uno se beneficia, asegurándose su parte del botín. Esta ha sido la cruda realidad en la gestión de los fondos estatales en El Salvador, donde el dinero nunca llega a donde debería cuando está en manos de los corruptos. Esta imagen refleja fielmente la actuación de un gobierno que prometió ser distinto, pero que en la práctica ha superado a sus predecesores en las mismas prácticas corruptas pero esta vez, corregidas y aumentadas donde la información pública ahora está prohibida con decretos de reserva de información.

Mientras la ciudadanía se pregunta si su inoperancia es por incompetencia o por órdenes explícitas de no funcionar. La lucha contra la corrupción no se limita a la mera existencia de leyes; depende crucialmente de la eficacia y la autonomía de las instituciones que las aplican. En El Salvador, estas instituciones parecen estructuradas para fallar deliberadamente:

Tribunal de Ética Gubernamental: Incapaz de imponer sanciones significativas, permitiendo así la impunidad en cuestiones éticas, a cuya entidad ya le cambiaron sus procedimientos y conformación independiente.

Corte de Cuentas de la República: Sus auditorías son más simbólicas que efectivas, con una transparencia limitada que actúa más como una barrera que como un facilitador de la fiscalización donde se determina que se investiga y qué se dilata o encubre.

Control Presupuestario desde Hacienda Pública: Un reinado de opacidad donde la asignación de fondos y reasignaciones presupuestarias hechas por la asamblea legislativa carecen de claridad y rendición de cuentas.

Sección de Delitos Patrimoniales del Estado (Fiscalía): Selectividad en la persecución de casos, dejando intocados a los funcionarios de alto rango y otros «peces gordos» aliados al grupo de poder.

Ley de Acceso a la Información Pública: En cualquier oficina pública hoy por hoy prevalece la reserva de información por siete años es una estrategia para neutralizar cualquier intento de transparencia y rendir información pública a la

Esto sucede cuando falta independencia y el sistema judicial está cooptado, se manipulan los organismos de control o hay una notable falta de transparencia en la gestión pública. En este contexto, el fenómeno de la corrupción y su compleja red de complicidades coexisten con lo que se han denominado «instituciones tapadera», donde las mismas entidades que deberían combatir la corrupción están diseñadas o manipuladas para, en realidad, protegerla

Las reglas del juego ya están amañadas. Las instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y las entidades de transparencia han demostrado ser incapaces o reacias a cumplir su función. Es como si el lobo, además de ser el depredador, fuera también el juez y el encargado de vigilar que las ovejas se porten bien. Una fachada anticorrupción no servirá de nada si los procesos nunca caminan y los mecanismos de control son inefectivos. En El Salvador, un claro ejemplo de la lucha contra la corrupción se dio con la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en septiembre de 2019. Esta comisión, establecida mediante un acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y la Organización de los Estados Americanos (OEA), tenía como objetivo principal fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción y la impunidad. Su misión incluía asistir en la investigación de actos corruptos, promover reformas legislativas, y mejorar tanto la transparencia como la eficacia de las instituciones públicas.

La CICIES operó con una notable independencia de criterio y análisis, lo que la llevó a incluir en su agenda investigaciones sobre el manejo de fondos destinados a la pandemia de Covid-19 por parte de altos funcionarios. Esta audacia investigativa, sin embargo, tuvo consecuencias significativas. En junio de 2021, el presidente Nayib Bukele, alegando soberanía, ordenó el retiro inmediato de la delegación de la CICIES del país. Además, se procedió al archivo y ocultación de las investigaciones que la comisión estaba llevando a cabo. Hay que destacar que esta comisión llegó al país a pedido del mismo presidente al entrar al cargo en 2020, quien en aquel momento declaró que tenía como objetivo limpiar la corrupción.

La retirada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) puede verse en un contexto más claro al entender que su enfoque no se limitó a casos menores o convenientes para el gobierno. La CICIES, en su independencia, comenzó a investigar asuntos que tocaban directamente a la administración del presidente, incluyendo lo que algunos podrían llamar «sus casos estrella».

Agricultura: Análisis sobre el manejo de fondos y proyectos en el sector agrícola, donde se identificaron posibles irregularidades.

Comisionada Presidencial: Examen de las actividades y gastos relacionados con esta figura cercana al presidente, lo cual podría haber incluido malversación o uso inapropiado de recursos; cabe mencionar que esta información también fue asunto de investigación para seleccionar a candidatos de país para la lista Engels del Departamento de Estado de los EEUU.

Gastos en el MINSAL (Ministerio de Salud): Específicamente, la gestión de fondos durante la pandemia de Covid-19 se puso bajo la lupa, revelando despilfarros o manejos cuestionables.

Contratos a Discreción: Investigaciones sobre cómo se otorgaban ciertos contratos, apuntando a prácticas de favoritismo, nepotismo o corrupción.

Comida Comprada en Sinaloa, México: Un caso particular donde se cuestionó la procedencia y el proceso de adquisición de alimentos, sugiriendo posibles irregularidades en las compras gubernamentales.

Estas investigaciones, al apuntar hacia los «funcionarios estrella» del gobierno, generaron incomodidad y molestias significativas en la administración de Bukele. La decisión de retirar la CICIES, entonces, no se vio solo como una reacción a la falta de resultados, sino más bien como una respuesta defensiva para proteger a aquellos cercanos al poder de escrutinios que podrían desvelar corrupción o mala gestión. Este acto subraya la tensión entre la independencia de las investigaciones anticorrupción y el control político sobre las instituciones que deberían garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Las campañas anticorrupción se han convertido en un arma de «venganza política», un juego sucio donde las instituciones se manipulan para castigar a los enemigos políticos y proteger a los aliados. Un ejemplo evidente de esta doble moral es lo que ocurrió tras la llegada de la mayoría legislativa del partido oficial: se creó una comisión para investigar los sobresueldos que recibieron funcionarios de gobiernos anteriores. Con el respaldo del sistema judicial y la fiscalía general de la República, decenas de exfuncionarios están ahora tras las rejas, acusados de malversación de fondos públicos. ¿El delito? Además de su sueldo oficial, recibían pagos extra provenientes de una partida secreta controlada por los presidentes de turno. Curiosamente, esto no estaba tipificado como delito en su momento, pero las autoridades actuales lo han reinterpretado para penalizarlo como tal.

Sin embargo, la hipocresía es descarada. Hoy existe un mecanismo igual o incluso más descarado: cientos de funcionarios del gobierno actual tienen nombramientos en una entidad pública mientras ocupan otro cargo con jugosos salarios bajo la figura de «ad honorem». Es decir, los de antes son corruptos por cobrar de más, pero los de ahora son «hábiles» por hacer exactamente lo mismo, solo que con un disfraz legal. En ambos casos, el dinero público se explota, pero ahora se hace con la complicidad de un sistema que parece diseñado para perseguir a los adversarios y blindar a los propios. La justicia, entonces, no es ciega: tiene partido y color, y su balanza está trucada.

La opacidad es la mejor aliada de la corrupción. Decretar «7 años de reserva de información» a cualquier solicitud ciudadana de acceso a la información pública es como poner un bozal a las ovejas para que no denuncien al lobo. Este simple instrumento ciudadano, crucial para la transparencia, se convierte en un instrumento de opresión, confirmando la existencia de «enormes gatos encerrados», que ya no son gatitos, sino «tigres de bengala».

Esta práctica de reservar información, en lugar de fomentar la transparencia, alimenta la sospecha y la desconfianza hacia el gobierno. Si se busca realmente combatir la corrupción, la información pública debería ser accesible y no un secreto de estado.

Las voces de la ciudadanía reflejan una profunda preocupación sobre cómo se maneja el poder y los recursos en El Salvador: según citas textuales recopiladas por estudio de FUDECSO sobre democracia y participación ciudadana en 2024.

«Solo que ahora, ellos (las nuevas autoridades municipales) lo hacen más a lo descarado». Esta afirmación sugiere que, aunque se critique la corrupción pasada, las nuevas autoridades también incurren en prácticas corruptas, pero de manera más abierta.

«El FODES no se ha eliminado, lo que sucede es que esos fondos ahora los administra la DOM». Esta cita revela que los fondos del FODES han sido centralizados bajo el control de la Dirección de Obras Municipales (DOM), lo que puede implicar una nueva forma de corrupción o malversación.

“Ahorita sé de un proyecto que estaban haciendo y les digo que la DOM se ha aprovechado de eso para agarrar dinero, no para invertir en proyectos ni ayudarles a las personas». Esta denuncia señala que la DOM también está siendo utilizada para desviar fondos.

«La DOM sirve para adjudicarles proyectos a la cherada (amistades), a los grandes empresarios, a los financistas de Nuevas Ideas (partido oficial)». Esta cita denuncia la adjudicación de proyectos a grupos de interés cercanos al gobierno.

«Lo que han hecho es centralizar el fondo y priorizar los proyectos que iban o pretendían hacer, desde su criterio político». Indica una centralización de fondos con una clara inclinación política en la priorización de proyectos.

«Muy buena, pero siempre se roban el dinero del pueblo». Refleja una desconfianza generalizada sobre el manejo de fondos públicos.

«Perfecto, porque así los alcaldes roban menos». Una visión irónica que sugiere que la creación de la DOM puede reducir la corrupción a nivel municipal, pero no la elimina.

«es una entidad que custodia a las municipalidades para que no hagan fiesta con lo ajeno». Presenta la DOM como un intento de control, aunque la efectividad es cuestionada.

«Fue una decisión meramente política y no se analizó desde la perspectiva de cuánto iba a afectar el desarrollo de obras en cada comunidad o municipio». Crítica la centralización de fondos sin considerar el impacto en el desarrollo local.

«Limita a las alcaldías a construir obras para las comunidades. Limita el robo a los alcaldes, pero se lo roban por otro lado». Sugiere que, aunque la reducción del FODES podría limitar la corrupción municipal, esta persiste por otras vías.

«Esta es una jayanada (grosería). La DOM no ha tenido lugar de atender a todos, si ha empezado algo no lo termina». Critica la ineficiencia y falta de seguimiento en los proyectos de la DOM.

«La decisión política de reducir los municipios no fue acertada porque ha provocado acumulación de poder y acumulación de recursos». Expresa preocupación por la acumulación de poder y recursos en la administración central.

«Para mí, el objetivo principal de estas nuevas leyes es el acaparamiento del poder. Es más fácil dominar 44 que dominar 262 municipios». Ve la reducción de municipios como una estrategia para centralizar el poder.

«Con tal que no peguen las cosas con saliva, pues está bien, pero y que las obras públicas no las publiquen cinco veces más caras, pero hoy ni los rótulos ponen». Una cita sarcástica que refleja la baja expectativa sobre la calidad y el monto de las obras.

«La gente no se atreve a hablar porque hay temor, porque ahora por cualquier cosa que diga que consideren de oposición o que está en contra le aplican la ley de excepción». Revela el miedo que impide la denuncia de la corrupción.

«Desde que salió el FMLN del gobierno no ha habido rendición de cuentas, ni municipales. Antes podíamos ir a la alcaldía a preguntar, hoy ni te dejan entrar». Denuncia la falta de transparencia y rendición de cuentas.

«Les apuestan a las redes sociales y vean que, si alguien hace una denuncia, el presidente sale inmediatamente diciendo ¡ahorita resolvemos!». Evidencia el uso de las redes sociales como mecanismo de respuesta a las denuncias, pero sin garantía de acción efectiva.

A pesar de este panorama desalentador, la ciudadanía no debe caer en la pasividad. Al igual que las ovejas pueden unirse y organizarse para defenderse del lobo, los ciudadanos pueden tomar medidas para demandar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa en los asuntos públicos. Si bien la ley anticorrupción, por sí sola, no es la solución, la presión ciudadana y la organización comunitaria pueden ser un contrapeso al poder centralizado y corrupto.

En el corazón de El Salvador, donde cada día se teje la trama de su futuro, la lucha contra la corrupción no puede ser solo una promesa vacía escrita en un papel. Para que realmente se haga justicia, se necesita una transformación integral, un cambio que vaya más allá de la aprobación de leyes.

Primero, es esencial fortalecer las instituciones del país. No basta con que existan; deben ser pilares de independencia y transparencia, armados con los recursos y la autoridad necesarios para intervenir sin titubear en los casos de corrupción. Imaginemos a estas instituciones no como simples entidades burocráticas, sino como faros de integridad en medio de la tormenta de la mala administración. Sin embargo, la realidad en El Salvador nos muestra cómo, en muchas ocasiones, estas entidades están atadas de manos por la misma corrupción que deberían combatir, con presupuestos insuficientes y una autonomía cuestionada.

Pero ¿qué pasa cuando incluso los faros están apagados? Ahí es donde entra la participación ciudadana. La sociedad civil debe ser el motor que impulse la aplicación de la ley, vigilando cada paso y exigiendo rendición de cuentas. Es como si cada ciudadano tuviera una antorcha, iluminando las zonas oscuras de la gestión pública. Sin embargo, el miedo a represalias o la apatía han mantenido muchas de estas antorchas apagadas, dejando a la corrupción en las sombras.

Más allá de las leyes, se necesita una reforma estructural que ataque de raíz los mecanismos de la corrupción. Esto significa reformar cómo se gestionan los recursos, cómo se asignan contratos y cómo se seleccionan los funcionarios. Es una tarea quijotesca, cambiar un sistema donde los intereses personales y políticos han prevalecido sobre el bien común, donde la selección de funcionarios ha sido más un acto de nepotismo que de mérito.

Finalmente, la educación y la cultura son los cimientos sobre los que se puede construir una nueva ética pública. Es necesario fomentar desde la educación una cultura de integridad y transparencia, enseñando a las nuevas generaciones a rechazar la corrupción en todas sus formas. Pero, en un país donde la educación misma ha sido víctima del descuido y la mala gestión, esta tarea se convierte en un desafío monumental.

¿Cómo esperar que las escuelas enseñen valores de honestidad si los ejemplos que ven en el liderazgo son de opacidad y deshonestidad? Donde la información que debería ser pública como los acuerdos de nación con el enviado de Trump se resume por lo que el funcionario norteamericano dijo en otros países o por un tuit trasnochado repetido por los medios y megáfonos oficialistas.

La lucha contra la corrupción en El Salvador no es un acto de un solo momento, sino un compromiso continuo que requiere de instituciones empoderadas, ciudadanos vigilantes, reformas profundas y una educación que siembre las semillas de la integridad. Sin estos elementos, cualquier ley anticorrupción se convertirá en solo otra página en el libro de las buenas intenciones, sin el poder de cambiar la realidad de un país hambriento de justicia y transparencia.

En resumen, la analogía del lobo y las ovejas destaca la ingenuidad de creer que una ley anticorrupción, sin cambios estructurales profundos y una sociedad civil activa, podrá transformar la realidad salvadoreña. Se requiere una vigilancia constante de las instituciones, así como una participación ciudadana activa y crítica, para construir una sociedad donde la justicia y la transparencia sean la norma, y no la excepción. Por lo que la tan mencionad ley anticorrupción es un artificio de la ingeniería legal del régimen para cumplir requisitos del Fondo Monetario Internacional, sin que exista una verdadera intención de combatir la corrupción.  La ley, en sí misma, es solo un papel; la transformación real vendrá de una ciudadanía empoderada que no permita que el lobo siga gobernando el gallinero.