La larga marcha contra el extractivismo en Ecuador. El caso del Chocó Andino

En agosto de 2023, en una victoria aplastante sin precedentes, la mayoría del pueblo ecuatoriano votó a favor de apoyar la prohibición de las perforaciones petroleras en el Yasuní, en la selva amazónica, y de detener la expansión de la minería en el Chocó Andino, en la provincia de Pichincha, cerca de la capital del país, Quito. ¹

La lucha por «mantener el petróleo bajotierra» en el Yasuní había durado más de 10 años, comenzando cuando los movimientos de la ciudad y el campo, las organizaciones indígenas y los actores ecologistas se unieron en torno a los Yasunidos ² paraguas. Yasunidos logró reunir más de setecientas mil firmas en una petición para detener la exploración petrolera en el ITT Yasuní, hogar de varias especies en peligro de extinción y pueblos indígenas no contactados. La mayoría de las firmas fueron anuladas arbitrariamente por el presidente Rafael Correa en un intento de cancelar la petición.

Su gobierno había lanzado anteriormente una propuesta similar que preveía la creación de un fondo internacional de compensación para rendir cuentas de las pérdidas generadas por la decisión de mantener el petróleo bajo tierra. El plan del gobierno fue archivado, supuestamente debido a las negociaciones en curso para otorgar concesiones a las empresas petroleras en la misma zona, mientras que el plan propuesto por Yasunidos no incluía ningún tipo de compensación financiera. Yasunidos volvió a la vía legal, mientras que Correa y su gobierno lanzaron una campaña para desacreditar y deslegitimar el movimiento. Finalmente, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció la validez de las firmas y convocó a una consulta a nivel nacional.

Curiosamente, la victoria en las consultas nacionales y locales sobre temas ambientales ocurrió el mismo día que el candidato neoliberal de derecha Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales. Dos países emergieron en las encuestas, cada uno de ellos con una visión del mundo completamente divergente, uno inserto en el capitalismo neoliberal y el otro en la lucha contra el extractivismo y por la defensa de los territorios. Lo que el antropólogo colombiano Arturo Escobar describió como «conflictos ontológicos«³ El acontecer a nivel territorial se expandió por todo el país, cuya economía ha dependido tradicionalmente de la extracción de recursos.

Las próximas elecciones en Ecuador vuelven a poner de manifiesto el choque de estas visiones contradictorias de la prosperidad del Ecuador. Con un enfoque específico en la región andina del Chocó, este ensayo analiza las estrategias utilizadas por las comunidades locales en Ecuador para defender sus territorios y los derechos de la naturaleza. Dichas estrategias han sido múltiples, desde marchas, manifestaciones, instalación de puestos de vigilancia permanentes, bloqueos de carreteras, hasta el uso de litigios legales y las oportunidades que ofrece la Constitución del Ecuador. También examina los métodos utilizados por el capitalismo neoliberal, a veces con la ayuda del Estado, como la criminalización de la resistencia, el uso recurrente del lawfare y el acoso y la opresión descarados.

En 2022, el 50aniversario del primer barril de petróleo se celebró como un momento decisivo en la historia del país, algo que dio forma a su cultura, política y paisajes.⁴ Las imágenes originales de un documental de la época mostraban a un obispo bendiciendo la primera gota de «oro negro» y el primer barril de petróleo que se llevaba a un tanque en una procesión rodeado de mujeres indígenas de rostro sombrío, la encarnación plástica y visual de la violencia extractiva.⁵ Racista, colonial, patriarcal, fundado en la fuerza. Desde entonces, el extractivismo ha sido un determinante constante del tejido económico, político y social en Ecuador. La violencia del capital y del Estado ha sido parte de la vida cotidiana de miles de pueblos indígenas y comunidades locales en resistencia. Con esto en mente, los resultados de las consultas sobre el Yasuní y el Chocó Andino no pueden entenderse a menos que se sitúen en el contexto más amplio relacionado con el debate en curso sobre el posextractivismo y las luchas locales contra la minería y la extracción de petróleo.

Si bien la resistencia territorial contra la extracción de petróleo ha sido recurrente en las luchas sociales y ambientales ecuatorianas, la oposición a la minería ha ganado terreno debido a la creciente demanda mundial de cobre y oro, además de la búsqueda de materias primas para la transición energética. La extracción de madera de balsa para exportarla a China con el fin de ensamblar palas eólicas para el creciente sector de las energías renovables en el país ha provocado impactos devastadores en las selvas tropicales pobladas de los pueblos indígenas.⁶

Este es uno de los tantos ejemplos de lo que la socióloga argentina Maristella Svampa y el académico Breno Bringel llaman «El consenso de la descarbonización«⁷, para explicar cómo la «transición verde» incrustada en un marco extractivista, pro-crecimiento y capitalista resultará en un ataque total contra las comunidades y los ecosistemas frágiles y protegidos. En consecuencia, la naturaleza es considerada solo como un reservorio de materias primas, en este caso para avanzar en la «descarbonización«, al tiempo que genera impactos negativos generalizados sobre la biodiversidad, socavando así paradójicamente la capacidad de los ecosistemas de la Tierra para funcionar como sumideros o reservorios de carbono.

La resistencia territorial al extractivismo en Ecuador se caracteriza por la mezcla de diferentes estrategias configuradas en torno al derecho a la resistencia, a la consulta o a los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución de 2008.⁸ Una sección de la Constitución dedicada a los Derechos de la Naturaleza o «Pachamama» reconoce a la Pachamama como una entidad legal, y respeta el derecho de la naturaleza a existir y al cuidado y regeneración de sus propios ciclos de vida, funciones y procesos evolutivos. Los Derechos de la Naturaleza han demostrado ser una herramienta poderosa para detener proyectos destructivos a través del reconocimiento de la personalidad jurídica de ecosistemas o especies en peligro de extinción o el reconocimiento de sus valores intrínsecos.

En el caso Llurimagua⁹  dos especies de ranas en peligro de extinción, el arlequín de nariz larga y la rana cohete de Intag, acudieron a los tribunales representados por comunidades de la región de Imbabura, en el norte de Ecuador, que decidieron presentar una demanda para detener una concesión minera a la empresa estatal chilena CODELCO. Se trataba de un proyecto de 3.000 millones de dólares para extraer cobre y molibdeno, aprobado en su momento sin las evaluaciones de impacto ambiental necesarias y sin consultar a las comunidades locales. De hecho, el quid de la cuestión era si se debían respetar o violar los derechos de la naturaleza. El caso se resolvió en primera instancia a favor de las dos ranas, pero CODELCO prevaleció en la apelación. En marzo de 2023, un tribunal local retiró la licencia de CODELCO.¹⁰

En 2019, la victoria de los movimientos antimineros en una consulta regional en el Azuay llevó a la prohibición total de la minería a gran escala en las cuencas hidrográficas y el páramo. Sin embargo, y debido a los vacíos legales en las consultas de consulta, algunas operaciones mineras a gran escala siguieron adelante. Los movimientos también obtuvieron una importante victoria contra la empresa canadiense Dundee Precious Minerals en agosto de 2023, cuando planea iniciar operaciones en Loma Larga, Kimsacocha¹¹ fueron interrumpidos por una sentencia judicial que condenó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador por violar el derecho de los pueblos indígenas a ser debidamente consultados y violar los derechos al agua y a la naturaleza. ¹²

As these cases show, such an unprecedented combination of legal instruments, alliance-building and territorial resistance has offered rural communities, indigenous peoples and urban movements the opportunity to forge alliances and challenge the extractivist model imposed by governments, both left and right.

Resistance flourished throughout the mineral-rich Andean region, from Buenos Aires to Palo Quemado¹³  to the Shuar territories, which have been traditionally hostile to Western capitalist penetration ¹⁴. Most of the biodiverse areas and indigenous territories in the Cordillera del Condor in the Amazon province of Morona Santiago have been turned into mining concessions for Chinese and Canadian companies. In Fierro Urco, canton Loja, communities that protested the presence of mining company Guayacan Gold denounced the heavy militarization of their territories and the criminalization of community activists¹⁵. In Palo Quemado and Las Pampas in Sigchos, in Andean province of Cotopaxi, indigenous resistance suffered the effects of fierce reaction and violent repression by the Ecuadorean army.  In spring 2024, communities had rejected the result of a fake consultation organized by Canadian mining company Atico, held under duress, thus violating constitutional requirements. In the Merced parish of Buenos Aires in Imbabura, the community declared itself in resistance, between the rock of Australian company Hanrine and the hard place of military repression16 and widespread illegal mining.

Illegal gold mining is now one of the key sectors for money laundering by drug traffickers¹⁷ that control much of the coastal territories of the country and led the country into a dramatic surge in violence and a semi-permanent state of emergency. Communities in the Pacto parish suffer a similar condition: illegal mining for gold is rampant, but in fact the real stake lies in the huge deposits of copper. Illegal mining is just the first step, and what follows it to leave the space to mining companies under the promise – or better, mirage – of sustainable mining. The response has always been the same: repression and militarization spilling over to communities and movements.¹⁸

Mining companies initiated exploration activities in the Chocó almost 20 years ago with the alleged connivance of Ecuadorean authorities and without any free and prior consultation with local communities. As many as 24 mining concessions have been granted in an area of approximately 27,762 hectares, two of which are for large scale mining and 12 for smaller scale operations.  Current and projected impacts of mining in the biodiversity corridor of the Chocó, home of the endangered “Spectacled bear (Oso de Anteojos)” are substantial.

Between 1996 and 2007 unauthorized use of water springs caused pollution with high levels of arsenic, copper, cadmium, chrome, and lead. Water streams such as Chirapi and Pishashi were contaminated with mining waste and this in turn impacted on water supplies to communities and for animal husbandry activities. Large scale concessions led to the diversion of rivers, thereby reducing water supply and also affecting the city of Quito’s access to water.

It should be recalled that, apart from the “Oso de Anteojos,” other rare species live in the region, and the fragmentation of soil in Pacto has led to the destruction of their natural habitat. Recorded plant species represent 12.5% of the country’s flora, including 76 endangered species.  For its unique characteristics, the Chocó andino has been given the status of a Biosphere Reserve by UNESCO.¹⁹  According to the Ecuadorean Observatory of Socio-environmental conflicts²⁰, conflict over mining in the Chocó date back to the 1980’s when neoliberal policies pursued by Ecuadoran governments paved the way for large scale foreign direct investments in the mining sector, a period referred to as the so-called “commodities boom”.

Parallel to resistance efforts, initiatives for the protection of ecosystems and the development of alternative revenue generation activities- such as ecological tourism- began to take shape. With the advent of the “Revolución Ciudadana” headed by the then President Rafael Correa, free-market actors were substituted by the State, which enjoyed the support of international capital. The state pursued a strategy of expanding the extractive frontier with the purpose of generating hard currency needed to finance its social and infrastructure programs. As in other counties in Latin America, progressive governments found themselves in a conundrum: pay back historical social debt to marginalized classes or accumulate an ecological debt for the generations to follow. The government’s choice in this contradiction resulted in the repression of ecological and indigenous movements that offered resistance.

In the Chocó Andino, resistance strategies were challenged with harassment threats, divide-and-rule actions, and the co-optation of community members. This situation caused local organizations to shift from confrontation on the field, to legal strategies while maintaining some sort of permanent presence in the areas allotted for exploration, while criminalization of leaders went on unabated. In Pacto, where as many as 12 illegal concessions are currently  operating without prior consultation or transparency on potentially affected protected areas, one of the companies has been threatening people, with armed men visiting their farms. Another company has filed lawsuits against 30 locals, accusing them of sabotage and intimidation.

Una de las defensoras que sufrió los efectos del «lawfare» es Yari Tenorio Barragán, abogada afrodescendiente, quien explica: «El Chocó Andino, compuesto por 6 parroquias rurales, es una de las regiones más biodiversas del mundo, a tiro de piedra de la capital. Es un territorio en «reexistencia» frente a la minería metálica y próspero con oportunidades alternativas para generar ingresos y medios de vida. Llevo trabajando en apoyo a la comunidad del Pacto desde 2020 y desde entonces me he involucrado cada vez más en la resistencia antiminera en otras partes del país, como Buenos Aires«.

Este territorio tiene una larga historia de resistencia al extractivismo, uno de los más destacados ha sido la lucha contra el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados, un oleoducto para transportar petróleo pesado para su procesamiento y exportación) en los bosques nubosos adyacentes de Mindo. «Las estrategias seguidas por la comunidad en Pacto son múltiples, desde la instalación de puestos de vigilancia permanentes, pasando por el bloqueo de carreteras, pasando por el uso de litigios legales y las oportunidades que ofrece la Constitución. La criminalización de la resistencia y el uso recurrente del lawfare se generalizaron en todo el país y también llegaron al Pacto. Esto llevó a la comunidad a replantearse su enfoque».

Las estrategias de resistencia legal incluyeron la creación de alianzas con las administraciones locales, el establecimiento de una nueva unidad administrativa, la «Mancomunidad«, una organización paraguas de los diversos municipios de la zona, ejerciendo presión sobre el gobierno central para que realizara inspecciones y recopilara información sobre las actividades en curso de las empresas mineras.

Inty Arcos es bióloga especializada en Ecología y Desarrollo Sostenible. También es coordinador del Bosque Modelo Andino del Chocó e investigador de la Fundación Imaymana. Explica qué es el movimiento Quito sin Minería y cómo nació: «Quito sin Minería es un colectivo que reúne a diversas organizaciones, individuos y representantes de la sociedad civil, comunidades y autoridades locales con el propósito de oponerse a la minería de metales (oro y cobre) en la reserva de biósfera del Chocó Andino. Es parte de una lucha de una década contra la minería en todo el país. Decidimos unir esfuerzos entre organizaciones locales y comunitarias y grupos urbanos, colectivos estudiantiles y universitarios, trabajadores que ofrecieron su apoyo. Se dieron cuenta de la importancia del Chocó andino y de su futuro y de la necesidad de protegerlo para que pueda proporcionar alimentos y agua saludables, para regular el clima, preservar la biodiversidad o con fines recreativos. Hicimos alianza con otras organizaciones como el Frente de Defensa de Pacto, la Red de Mujeres, colectivos feministas y juveniles de Quito, grupos de derechos animalistas y algunas ONG«.

Quito sin minería ²¹ El objetivo principal era el de presentar una solicitud de consulta popular. En marzo de 2021 se entregaron formularios con firmas en apoyo a las 4 preguntas de consulta cuando un diverso y colorido desfile de activistas, artistas y líderes del movimiento marchó desde el Parque del Arbolito, cercano al centro histórico de Quito y símbolo histórico de la resistencia popular, hasta llegar al Tribunal Constitucional.²² Los firmantes solicitaron la restricción de la minería metálica en el subsistema de áreas protegidas en el territorio metropolitano de Quito y en la Mancomunidad del Chocó Andino.

«Se nos negó esta posibilidad dos veces, a la tercera vez el vínculo entre el sector urbano y el rural marcó la diferencia. Los habitantes de Quito quisieron proteger su «pulmón» y acudieron a las urnas. Hasta el 72% de la población total votó en contra de la minería, y el comportamiento de las empresas mineras – señaló Yari – rechazaron la violación de las empresas a nuestro derecho a la consulta y a los derechos de la naturaleza. Recibimos la solidaridad de los que lucharon contra el OCP, apoyaron nuestros puestos de vigilancia permanentes, llevando alimentos y otros bienes. Académicos y activistas internacionales vinieron a visitarnos».

 In parallel, communities work to develop income-generation schemes that   offer a viable alternative to extractivism, from nature conservation and ecotourism programs to the expansion of production of “panela”, certified brown organic sugar for export through fair trade networks.

The road ahead is still fraught with obstacles, but hopes and expectations remain high. As Arcos points out: “the result of the consultation is not retroactive, so we have to continue struggling using legal avenues. Some of the large companies have already  pulled out. Hanrine from Australia for instance that held a mining concession of 9000 hectares while other smaller companies will have to leave because the public consultation results in a ban on further concessions for exploration and extraction. We are hopeful that all companies will leave in full compliance with  the law  and popular will, considering also that there are only 7 biosphere reserves in the country, and the Choco is one of them together with others such as the Galapagos or Yasuni.“.

En una medida que reforzará aún más la resistencia de las comunidades a la minería, un tribunal local de la región de Pichincha reconoció que la minería ilegal ha violado los derechos de la naturaleza del Chocó Andino e instruyó al gobierno y a las instituciones pertinentes a compensar y mitigar el daño causado por décadas de explotación²³.

Movimientos y organizaciones continúan realizando una serie de iniciativas para exigir al Gobierno nacional y a la Corte Constitucional que cumplan con los resultados de las dos consultas. A pesar de que el actual Presidente Noboa ha asegurado que el Yasuní nunca será explotado, hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida concreta para aplicar plenamente los resultados de la consulta. Más bien, se han otorgado más concesiones mineras en todo el país,²⁴  reconfirmando así el patrón extractivista que ha caracterizado la economía del país durante décadas. La plataforma de una exitosa protesta de dos semanas contra la construcción de una prisión de alta seguridad en la provincia amazónica de Napo en diciembre de 2024 se amplió para abarcar la oposición a la minería y la perforación petrolera en todo el país.

Conclusión

Las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2025 serán un campo de pruebas para los intereses contrapuestos, con el partido liderado por indígenas Pachakutik anunciando el fin del extractivismo, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza, mientras que los posibles aliados progresistas aún dudan en hacer de este un tema clave en una alianza común de movimientos de izquierda y populares. Mientras tanto, las movilizaciones indígenas se están reanudando en todo el país. Al final, los derechos de la naturaleza y los mejores intereses de las personas deben ser los principios rectores de cualquier gobierno que desee llevar al Ecuador hacia un futuro glorioso, saludable, justo y equitativo. Sin embargo, como muestran las historias de este documento, esto no sucederá sin una resistencia coordinada e implacable contra las necesidades rapaces del capital neoliberal.

La lucha sigue.