Mujeres y miembros de diversos movimientos sociales se concentraron este sábado 8 de marzo a un costado del parque Cuscatlán, en San Salvador, para marchar hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La protesta, organizada por colectivos feministas, se convirtió en un espacio para visibilizar las demandas de las mujeres salvadoreñas y denunciar lo que describen como un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.

Entre las principales denuncias expuestas por las manifestantes están la precarización de la vida de las mujeres, el aumento del desempleo, los desalojos de vendedoras del sector informal y el alto costo de la vida.

También alertaron sobre el cierre de programas sociales claves, la implementación de la minería y la eliminación de políticas especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia.

“Estamos aquí porque el Estado está fallando en garantizar nuestros derechos básicos El desmantelamiento del sistema público de salud, el cierre de los ECOS Familiares y la falta de atención especializada nos están dejando en una situación de vulnerabilidad extrema”, declaró Karla Martínez, integrante de la organización Resistencia Feminista.

Las manifestantes también señalaron la manipulación de las cifras oficiales sobre feminicidios, desapariciones y violencia sexual, acusando al gobierno de ocultar la magnitud de la violencia de género en el país.

Según datos de organizaciones sociales, desde 2019 se ha registrado un incremento en las desapariciones de mujeres, en un contexto marcado por el cierre de espacios democráticos y la falta de acceso a la justicia.

Otro de los temas centrales de la marcha fue la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Las participantes recordaron el caso de Beatriz, por el cual el país fue condenado en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exigieron la despenalización del aborto en al menos cuatro causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación e incesto.

La movilización también criticó la reducción de presupuestos en educación, salud y programas sociales, la persecución política contra defensoras de derechos humanos y la falta de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.

«Nos están arrebatando nuestros derechos conquistados con años de lucha. No vamos a guardar silencio, no vamos a retroceder. Seguiremos organizándonos y defendiendo cada uno de nuestros derechos», afirmó Keyla Cáceres, una de las voceras de la Asamblea Feminista.

Uno de los reclamos más significativos fue la minería, a la que calificaron como un proyecto de «muerte», exigiendo que se revierta la normativa aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa.

«Exigimos que esta ley (de Minería) se derogue, exigimos que cada proyecto minero no se desarrolle. Aproximadamente, lo que gastaría la mina El Dorado en un día es lo equivalente para dar agua a 9,000 personas, y esto no llega a las comunidades. ¿Cómo es posible que se les garantice agua a las mineras, mientras las personas en las comunidades seguimos sin agua?«, sentenció una de las representantes.

Según cifras de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, 38 feminicidios se cometieron en 2024; 17 de ellos perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas.

Además, solo entre junio de 2023 y mayo de 2024, hubo 20,950 casos de violencia feminicida, sexual, física, psicológica y patrimonial contra las mujeres, representando un incremento del 15 % en la violencia contra la mujer, según la Red Feminista frente a la Violencia Contra las Mujeres (RED-FEM).

El ISDEMU, por su parte, registró 149 niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual en los primeros seis meses de 2024.