Por: Róger Hernán Gutiérrez. *
Tuvo que venir la injerencia del Fondo Monetario Internacional FMI, para darnos cuenta de graves situaciones de corrupción relacionados con el uso de fondos de pensión y públicos para gasto corriente u otros—bitcoin— que no tienen base para esas finalidades.
El FMI estará encima de la soberanía del país, para cuidar sus intereses, pero ello da cuenta de que para prestar los más de 1,700 millones para medio cubrir el déficit presupuestario y deuda pública, se pierde a plenitud el margen de maniobra para no estar supeditado a organismos internacionales que imponen medidas de carácter financiero y fiscal a muchos países subdesarrollados como el nuestro.
El FMI es precisamente quien ha dado órdenes precisas a Bukele, para disminuir el gasto en materia de remuneraciones y gasto corriente, lo que ha implicado más de 26,000 empleos en el período, que significa no una solución al problema presupuestario, sino incrementar una mayor crisis de empleo público y, sostenimiento de diferentes familias que ven disminuido sus insuficientes ingresos para subsistir, derivando en un debilitamiento y mal funcionamiento de los servicios públicos generales y específicos para la ciudadanía.
La disminución con base a recorte de gastos del presupuesto, implican la salud, educación y otras ramas del gobierno. Que afectan directamente a la población infantil y pre adolescente, dan fe del por qué el cierre de escuelas; igualmente la crisis en la atención médica, la escasez de medicamentos, problemas graves de atención en grupos poblacionales con enfermedades crónicas e incapacitantes, niveles precarios y nulos de atención pre-operatoria, operatoria y post operatoria; los desalojos montados de sectores en la informalidad, para eliminar los focos de pobreza; y sacar de la imagen como venta (turismo y otros) de ser un gobierno que genera supuestas mejorías al país, que llevan a un nivel de “milagro económico”, para ejemplo del mundo.
Ahora bien se señala que al 2027, tronará el sistema de pensiones, en tanto el agotamiento del fondo de garantía solidaria (reforma previsional del 2017), lo que tiene como significado que la deuda previsional de más de 12,000 millones de dólares sea impagable en términos de capital e intereses; la pérdida de 4 años de mora que el gobierno se recetó en la reforma del 2022, era que el préstamo al fondo de pensiones que venía siendo depredado desde que se agotaron los fondos del INPEP y la UPISSS en el 2001 (cuando se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales en el 2006), que llegó a ser hasta de un 45%, ahora no tiene límite y el ISP tiene todo el control de lo que ingresa, y se tiene de la cartera de inversiones y población pensionada, según análisis técnicos serán más o menos 3,000 usd, menos en cada cuenta individual, dinero que no estará en la cuenta individual, y por tanto será una pérdida irrecuperable.
Recordemos los antecedentes históricos de esta crisis de pensiones; 1°) el cambio de un sistema público a un sistema privado en 1996 implicó la creación de un negocio rentable; y se rompieron los principios natos de la seguridad social, vinculados con la universalidad que sean
para todos los que trabajan y cotizan; y solidario, en tanto la población cotizante en su vida activa presenta diferencias; y son los jóvenes y las personas con mayor salario, quienes sostienen a los de menor salario y no alcanzan a cubrir los años de servicio. El negocio fue para las denominadas administradoras de fondos de pensión (afp); a través del cobro por administración de los salarios cotizables, que implicó una ganancia brutal y en el primer año se había recuperado la inversión, convertidos en un duopolio ahora implica más de 40 millones anuales, la ganancia neta del negocio.
2°) Al pasar a ser privado el sistema de pensiones, las pérdidas se socializaron; se determinó que el grupo poblacional de 50 años si era mujer y de 55 años si era hombre se quedaran obligatoriamente en el sistema público; y menores de 35 años y que ingresaran al sistema se quedaran obligatoriamente en el sistema privado. Así como las cargas previsionales las pagaría el Estado a través de los impuestos recaudados anualmente.
3°) El negocio es para las afp y Bukele mintió en el plan Cuscatlán al decir que iban a ser las que menos se beneficiarían de la reforma. La reforma previsional de arena mintió en varios elementos como la cobertura—que no se ha incrementado en más de 29 años de reforma—los instrumentos financieros no hay, y la bolsa de valores u otros como cetes y/o letes no son parte de los instrumentos; y los cotizantes no tienen injerencia en las decisiones y administración, volviéndose talvez accionistas—a pesar de ser los propietarios de los fondos-
En consecuencia, se trata de una crisis anunciada donde se van a requerir de acuerdo al FMI, de una nueva reforma en 2026, esta vez modificando las variables paramétricas de años de servicio—ahora en 25 años (antes de la reforma (1996) era de 15 años como mínimo)—aumento de la cotización actualmente en 16% del salario (8.25% el trabajador(a) y 8.75% el empleador); y sobre todo el aumento de las edades—ahora en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres—Lo que implicará para los usuarios del sistema menos oportunidad de un retiro con una pensión digna, al tener tasas de reemplazo del 19% del salario hasta un 33% máximo, debido a poca cobertura, salarios bajos, inestabilidad en el empleo; nulos instrumentos financieros, mala administración y; la corrupción gubernamental al apropiarse de los fondos de pensión, sin garantizar la devolución del capital “prestado” bajo una tasa de interés alta, el pago de la deuda previsional con los intereses dejados de percibir en 4 años (2023-2026); y desde que se crea el fondo de obligaciones previsionales.
*Sindicalista salvadoreño.
