Por Guillermo Cartagena. (Gato Encerrado).
Cientos de mujeres marcharon este 8 de marzo para exigir el respeto a sus derechos, pero también para rechazar la reactivación de la minería metálica, una actividad que estaba prohibida desde 2017 y que nuevamente es legal por orden de Nayib Bukele. Los colectivos feministas que marcharon exigieron al gobierno que detenga los proyectos extractivistas que ponen en peligro la estabilidad ambiental, la salud de la población y el futuro de las próximas generaciones.
La alameda Roosevelt de San Salvador, como todos los años, fue el espacio en el que cientos de mujeres y diferentes organizaciones feministas marcharon juntas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. En esta ocasión, además de denunciar la continua vulneración de sus derechos humanos, la precarización laboral y la falta de justicia en casos de feminicidios, las mujeres también alzaron la voz por otra problemática que amenaza sus vidas y pone en riesgo el futuro del país: la reactivación de la minería metálica que fue aprobada de forma exprés por el partido de gobierno Nuevas Ideas.
La marcha estuvo encabezada por un bloque que utilizó camisetas y sombrillas amarillas estampadas con la frase “8M contra la minería”, demostrando que la conmemoración también fue marcada por el rechazo generalizado hacia la minería metálica y la exigencia de la protección del medio ambiente y los recursos naturales de El Salvador.
“No a la minería, sí a la vida”, “gota por gota, el agua se agota”, “toda mina contamina” o “donde hay minería, muere la tierra y las semillas”, fueron algunas de las consignas que se repitieron durante el trayecto desde el parque Cuscatlán, punto de salida de la marcha, hasta la plaza Salvador del Mundo, donde concluyó. Estas frases también fueron incluidas en abundantes pancartas que las asistentes prepararon y utilizaron para dar mayor visibilidad a sus protestas.
La Ley General de Minería Metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 23 de diciembre, de forma exprés y sin debatir con expertos que emitieran un análisis técnico y científico sobre el impacto de reactivar esta actividad en un país tan pequeño como El Salvador y con una crisis hídrica. El proceso apresurado para la aprobación de esta ley no es nuevo, sino la continuación de un procedimiento que se ha convertido en la forma habitual de operar en ese órgano del Estado, donde las leyes se aprueban por orden del mandatario Nayib Bukele y sin el debido estudio.
A pesar de que esta ley ha sido rechazada por 6 de cada 10 salvadoreños, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Bukele dijo que quienes la rechazan han sido convencidos de una “mentira apocalíptica” sobre los impactos desastrosos de esta actividad en la tierra, el agua y la salud de las personas, principalmente de aquellas que viven a escasos kilómetros de las zonas de potencial minero.
En enero de este año, Bukele también aseguró que los ríos ya están contaminados por otras actividades como los desechos hospitalarios, la quema de caña o por el uso de pesticidas, pero no por la minería metálica. Sin embargo, GatoEncerrado pudo constatar el estado actual del río San Sebastián, contaminado por la actividad minera que hubo en Santa Rosa de Lima hace más de 100 años.
Antes de que la marcha iniciara, Adriana Ramírez, de la organización Reverdes, mostró ante los medios de comunicación una botella con el agua contaminada del río San Sebastián. “Esto es resultado del drenaje ácido de la minería y esto es lo que le espera a nuestros ríos de continuar estos proyectos extractivistas que no son para nosotros. La minería nunca deja ganancia para los países a donde llega, lo que deja son muertes y enfermedades”, expresó Ramírez al mismo momento que levantaba la botella que contenía agua de un tono anaranjado producto de la contaminación.
También recordó que previo a la prohibición total de la minería metálica en 2017, la ambientalista Dora Sorto, quien era integrante del Comité Ambiental de Cabañas, fue asesinada por su oposición a la explotación de la mina “El Dorado” por parte de la empresa canadiense Pacific Rim. De acuerdo con las manifestantes, esto demuestra que en El Salvador ya ha habido asesinatos de mujeres ambientalistas por la lucha en contra de la minería.
Pese a los antecedentes, la marcha evidenció que las mujeres con convicción están dispuestas a seguir luchando para poner freno a cualquier proyecto extractivista que ponga en riesgo su salud, desarrollo y que perjudique a la naturaleza.
A la marcha también se sumaron mujeres de otros departamentos del interior del país como Sonsonate, Cabañas o Usulután, quienes no tuvieron reparo en madrugar y recorrer varios kilómetros desde sus hogares hasta el punto de encuentro en la capital. Tampoco les frenó el abrasador sol del mes de marzo.
Luego de hora y media de caminata, los diferentes colectivos llegaron a la plaza Salvador del Mundo. Algunas personas optaron por sentarse en la grama para descansar; otras, aunque de pie, encontraron sombra debajo de los árboles. Desde ahí, las denuncias enfocadas en la minería continuaron. Agrupadas en un costado de la plaza, distintas vocerías de las organizaciones tomaron la palabra para dar cierre a la actividad.
“Se nos está condenando a heredar un país donde la vida no será sustentable de ninguna forma. Sin el derecho a un futuro digno y pleno en los territorios que ahora habitamos, con los bienes comunes destruidos en manos de las empresas mineras. Las esperanzas y formas de vida de las juventudes y la niñez se vuelven inviables. Rechazamos cualquier intento de justificar la minería metálica como una solución económica para el país. No existe en el mundo un ejemplo de un país que haya superado la pobreza gracias a esta actividad, pero sí abundan los casos donde ha dejado mayor desigualdad, pobreza y devastación ambiental”, denunciaron.
