El próximo 23 de abril altos mandos militares serán llevados ante la justicia salvadoreña. Así lo dictaminó el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, que ventila el caso de los cuatro periodistas holandeses asesinados hace 43 años, según resolución a la que tuvo acceso VOCES.
“Este juicio representa el paso más significativo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, así como para el pueblo salvadoreño y el pueblo de los Países Bajos”, sostuvieron la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU).
El caso de los cuatro periodistas holandeses es el primero que pasa a juicio de los crímenes de lesa humanidad que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas recogió en su informe publicado en 1993. El caso inició su proceso con la denuncia penal en marzo de 2018 y siete años después se da uno de los últimos pasos para que un tribunal escuche los hechos y responsabilice a los perpetradores.
Entre los imputados que deberán responder en la vista pública se encuentran el exministro de Defensa, José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán; y el exdirector de la 4º Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
El último imputado reside actualmente en Virginia, Estados Unidos. Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la solicitud de extradición en su contra, por lo que autoridades salvadoreñas iniciarán el trámite, hasta que finalmente la petición sea elevada al Departamento de Estado de Estados Unidos, quien será la última instancia en decidir dicho proceso, según han detallado las organizaciones que apoyan el caso.
“Confiamos en que, al final de este juicio histórico, se hará justicia y se sentará un precedente importante para que estos casos de graves crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado en El Salvador finalmente puedan ser juzgados y que las víctimas puedan derrotar la impunidad que ha imperado en el país”, manifestaron la Fundación Comunicándonos y ASDEHU, a la vez que instaron al sistema de justicia imponer una “sentencia ejemplarizante”.
